Ahora resulta que no hay que solo cuidarse de los riesgos de andar por las calles de la capital Tuxtleca debido el incremento de inseguridad…
✍?IDENTIDAD POLÍTICA | José Adán Altúzar Figueroa
Algo raro y difícil de entender está sucediendo en México, lo ocurrido en algunos Municipios del Estado de México ponen a cualquiera en un sentimiento de incredulidad ante las reiteradas muestras de complicidad en todos los ámbitos de la administración pública, principalmente sobre quienes tienen el encargo de cuidar del orden y la seguridad de los ciudadanos de la localidad que se comprometen a brindar seguridad.
Es un asunto altamente preocupante por el nivel de complicidad de que se acusa y se comprueba en la mayoría de las veces.
La interrogante es ¿Cómo resolver en estos tiempos en los que los niveles de criminalidad nos han puesto en alerta mundial? ¿Cómo evitar que los servidores públicos encargados de la seguridad no vivan con una pistola apuntándoles a la cabeza con la obligación de dar libertad de actuación a los que se dedican a delinquir? ¿Cómo podrían actuar con libertad para ejercer su autoridad si viven amenazados con plata o plomo? Se sabe por lo que se escucha que el chantaje alcanza niveles de terror, cuando los miembros de la seguridad de un Municipio, Estado o del País, reciben fotografías y datos personales de sus actividades y de la vida privada de su propia familia. Nada más terrorífico el riesgo de atentado a la propia familia por intentar cumplir con su obligación de ejercer su autoridad a través del cumplimiento de las leyes. Este, a mi entender, es un asunto que también debe tomarse en cuenta cuando se pretende poner en práctica las estrategias publicadas por el Gobierno Federal en el combate a la delincuencia. Si bien es cierto que algunas autoridades se involucran por su propia decisión, en la mayoría de los casos los miembros de la seguridad viven arrepentidos por haberse enlistado como miembros de la seguridad en el ámbito de su competencia.
EDOMEX
Lo anterior se desprende de lo que se publica en Diarios nacionales donde advierten que van por la captura de 2 ediles más en “Operativo Enjambre” derivado de las 14 órdenes de aprehensión libradas como parte del “Operativo Enjambre”, que encabeza la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en conjunto con fuerzas federales, aún están pendientes por cumplimentarse órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos por presuntos nexos con el crimen organizado. Entre ellas estarían Rosario “N”, alcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos, del PRD, y Marlen “N”, presidenta municipal de Tonatico, quien pertenece al PAN.
El crimen no daba tregua a los purgados prácticamente uno de cada diez delitos que se cometen en los 125 municipios del Estado de México se registran en las seis localidades donde el viernes se detuvo a cinco Jefes Policiales, un Titular del DIF y una Alcaldesa, mientras que otro mando prefirió suicidarse a ser capturado. Se informa que, de enero a octubre de este año, Amanalco, Ixtapaluca, Naucalpan, Tejupilco, Texcaltitlán y Tonatico registran en conjunto 276 homicidios de todo tipo, 212 carpetas abiertas por extorsión, 177 por narcomenudeo, cuatro por secuestro y cinco feminicidios, de acuerdo con datos oficiales.
Las interrogantes continúan cuando los ciudadanos ajenos a estos conflictos se preguntan ¿Cuántos responsables de la seguridad y autoridades municipales estarán involucrados en actos ilícitos? ¿Será posible que en el resto del País pueda combatirse mediante la fuerza de la seguridad pública nacional este flagelo?
PODER JUDICIAL
Mientras estos acontecimientos tienen sin poder conciliar el sueño a todos los involucrados de la seguridad, los trabajadores del Poder Judicial pretenden a toda consta evitar que se dé la participación de profesionistas del derecho en el próximo proceso de elección de Jueces, Magistrados y Ministros de la Suprema Corte de la Nación suceda el domingo 1 de junio del 2025, como parte del cumplimiento a la Reforma de Poder Judicial recientemente aprobada por el Poder Legislativo y publicada por el Poder Ejecutivo, con quienes el Poder Judicial mantiene una lucha de fuerzas para evitar que dicha Reforma cumpla con su cometido. Nada más incomprensible de ver que quienes tiene la obligación constitucional de cumplir y hacer cumplir las leyes que rigen la vida pública de nuestro País, estén en contra de cumplirla.
Así también se dice que dos consejeros de la Judicatura Federal, dos integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación y un Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial declinaron a participar en la elección judicial y en los próximos dos años concluirán una carrera jurisdiccional de varias décadas. También decidieron seguir ese camino la Directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF y la Directora del Instituto Federal de la Defensoría Pública, de acuerdo con los listados que difundió el Senado.
INE
Por su parte también el Instituto Nacional Electoral hace su tarea de obstaculizar los procesos en los que se les ha convocado participar y tiene la obligación constitucional de ejercer, en principio por solicitar una cantidad de recursos financieros exorbitante para llevar a cabo la organización de los trabajos previos y durante la jornada electoral donde habrán de elegirse a Jueces, Magistrados y Ministros del Poder Judicial, y también por solicitar que dicho proceso se posponga para el mes de octubre, entre otras intenciones de negarse a realizar este ejercicio, catalogado como un hecho histórico para la vida democrática de nuestro País.
Aunado a lo anterior el INE aún sin definir cómo determinará la validez de votos en elección judicial. Por ello dice que, frente a la elección judicial, el Instituto Nacional Electoral tiene un sinfín de asuntos por definir, marcadamente criterios para determinar la validez de los votos, en un contexto de contienda por 881 cargos y potencialmente el registro de más de 5 mil candidaturas. Sin embargo, consejeros han advertido que la base para lograr un proceso de excelencia es tener un presupuesto adecuado, donde evidentemente existe la exigencia de hacerse de más recursos, con la amenaza velada que podría interpretarse en este sentido.
ULTIMÁTUM
Ahora resulta que no hay que solo cuidarse de los riesgos de andar por las calles de la capital Tuxtleca debido el incremento de inseguridad, sino que también tiene uno que cuidarse de las recientes designadas policías municipales. Se sabe que un joven esperaba un transporte público cuando fue levantado por una patrulla de la policía municipal y que fue golpeado y también le quitaron de entre las bolsas del pantalón 500 pesos para después liberarlo con el pago de 2000 pesos de multa. Esperamos, como un acto de justicia, la aclaración y explicación sobre lo sucedido. Se puede matar al soñador, pero no al sueño. Por el momento, es cuánto.
jaltuzarf@hotmail.com
