Elementos de la policía municipal lo detuvieron injustificadamente. El joven fue golpeado, despojado de 500 pesos y obligado a pagar una multa de 2 mil pesos para obtener su libertad.
José Luis Gómez Díaz vivió una noche de pesadilla el pasado sábado 23 de noviembre, cuando elementos de la policía municipal lo detuvieron injustificadamente mientras esperaba su colectivo. Según denuncias, el joven fue golpeado, despojado de 500 pesos y obligado a pagar una multa de 2 mil pesos para obtener su libertad.
El caso fue dado a conocer por el abogado Jorge Sánchez, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien acudió al Centro de Cumplimiento de Sanciones Administrativas para brindar asesoría jurídica a la víctima.
“El joven fue levantado con abuso de autoridad. Lo golpearon y no permitían el acceso para verificar su estado de salud. Responsabilizo al juez calificador y a los elementos que no dieron información ni acceso para corroborar su integridad”, declaró Sánchez, calificando a los responsables como “delincuentes con uniforme”.
DENUNCIA PÚBLICA
En una transmisión en redes sociales, Sánchez señaló que ni el juez calificador ni los elementos de la policía municipal permitieron que se verificara el estado de salud de José Luis, pese a las visibles lesiones que presentaba. “La multa de 2 mil pesos fue el colmo del abuso. Esto no es justicia, es extorsión”, enfatizó.
José Luis relató que fue abordado mientras esperaba su transporte y subido a una patrulla sin explicación. Durante su detención, fue golpeado tanto en la patrulla como en el centro de sanciones administrativas. “Me quitaron 500 pesos y me golpearon; al final tuve que pagar para salir”, denunció.
LLAMADO A LAS AUTORIDADES
El abogado hizo un llamado enérgico al presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, para investigar y sancionar a los elementos responsables de estos actos, que calificó como abuso de poder y violación a los derechos humanos.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos procederá penalmente contra los responsables. No podemos permitir que estos abusos sigan ocurriendo en Chiapas”, concluyó Sánchez.
El caso de José Luis pone en evidencia la necesidad urgente de revisar los procedimientos policiales y garantizar que se respeten los derechos de los ciudadanos, exigiendo justicia y un alto a los abusos de autoridad en el estado.
