La falta de expedición de títulos y cédulas profesionales en el estado es otro de los desaciertos de la Secretaría de Educación, encabezada por Rosa Aidé Domínguez Ochoa.
✍🏽REALIDAD A SORBOS | Eric Ordóñez
En Chiapas, cientos o miles de profesionistas han enfrentado durante la agonizante administración un obstáculo inesperado para avanzar en sus carreras: la falta de expedición de títulos y cédulas profesionales. Lo más indignante de esta situación es que existe una funcionaria responsable, alguien con nombre y cargo que debería garantizar el cumplimiento de esta tarea fundamental para cualquier egresado. Hoy, esa persona es Xóchitl Clemente Parra, actual directora de Educación Superior de la Subsecretaría de Educación Estatal de la Secretaría de Educación de Chiapas. La ley le confiere responsabilidades claras, pero sus omisiones han dejado a muchos sin el respaldo necesario para ejercer su profesión.
ENTRE EL PAPEL Y LA REALIDAD
El Artículo 54 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas establece las funciones y atribuciones de la Dirección de Educación Superior. Según este reglamento, la Clemente Parra tiene el mandato de “vigilar el cumplimiento del registro de título profesional y la expedición de cédulas profesionales de licenciaturas y grados académicos”, entre otras tareas. En papel, estas funciones suenan claras y razonables, orientadas a que los profesionistas obtengan los documentos que avalen sus estudios y les permitan integrarse al campo laboral con las debidas acreditaciones.
Sin embargo, la realidad para quienes egresamos y buscamos nuestro título cuenta otra historia. La inacción, la burocracia sin fin y, en algunos casos, los conflictos personales se han convertido en el proceso de titulación en un laberinto sin salida. La pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué esta funcionaria, con tantas responsabilidades legales, ha permitido que esta situación continúe afectándonos?
EL JUEGO DE PODER EN LA EDUCACIÓN
Se sabe que el actuar Clemente Parra podría estar influenciado no solo por negligencia, sino por un trasfondo de rivalidades con su antecesor. Es posible que en su afán por desacreditar gestiones anteriores, haya implementado acciones que buscan mostrar una “nueva dirección”, sin importar que, en el proceso, esta lucha de poder termine afectando a cientos, o incluso millas, de egresados. La dirección de una oficina pública no debería ser el escenario de venganzas personales, y menos cuando esos pugnas terminan castigando a los estudiantes y egresados que solo buscan ejercer su profesión.
LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS: EL SILENCIO CULPABLE
En este contexto, las universidades privadas tampoco quedan exentas de responsabilidad. Estas instituciones, a pesar de cobrar sumas considerables a sus estudiantes, prefieren evitar cualquier confrontación con las autoridades. En lugar de alzar la voz y proteger a sus egresados, optan por guardar silencio, dejando a los alumnos a su suerte en una lucha desigual por obtener su título profesional. Este silencio cómplice se debe al temor a represalias ya la posibilidad de perder su registro, pero la consecuencia directa es que los estudiantes quedan indefensos, enfrentando solos una batalla que debería tener el respaldo de su universidad.
Las universidades privadas cobran por un servicio que va más allá de las aulas: el acompañamiento hasta la obtención del título debería ser parte integral de su compromiso con el estudiante. Sin embargo, al renunciar a este apoyo, estas instituciones traicionan la confianza de quienes invirtieron tiempo y dinero en su formación.
LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS: UN MARCO IGNORADO
Además del Reglamento Interior, la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas es clara en sus mandatos: todo servidor público debe actuar con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Sin embargo, es evidente que Xóchitl Clemente Parra ha ignorado estos principios, incurriendo en omisiones que afectan a miles de personas. Los artículos 1, 7 y 8 de esta ley establecen que las omisiones de los servidores públicos constituyen faltas administrativas. Si se sigue este marco legal, no solo deben tomarse cartas en el asunto, sino también establecerse medidas de reparación para quienes han sido perjudicados.
¿Por qué una funcionaria que incumple sus responsabilidades continúa en su puesto? La falta de acción en su rol no solo constituye una falta ética, sino una violación directa de las leyes que regulan su función. Este tipo de irresponsabilidad no solo obstruye la vida profesional de los egresados, sino que también daña la imagen y la confianza en el sistema educativo de Chiapas.
¿HASTA CUÁNDO LA EDUCACIÓN EN CHIAPAS SEGUIRÁ SOMETIDA A INTERESES PERSONALES?
Es indignante ver cómo las aspiraciones de muchos quedan en suspenso por problemas administrativos y venganzas personales que nada tienen que ver con el derecho a la educación y el desarrollo profesional. La situación actual de la educación en Chiapas no solo refleja deficiencias en el cumplimiento de responsabilidades, sino también una falta de ética y compromiso hacia los profesionales que desean contribuir al desarrollo del estado. Si esta funcionaria pública mantiene su puesto sin rendir cuentas, ¿qué esperanza queda para que se respeten los derechos de los egresados?
Es hora de que los estudiantes, egresados y universidades alcemos la voz de manera conjunta. Esta lucha no debería ser individual; se necesita una fuerza colectiva que exija que las autoridades cumplan sus funciones, tal como la ley lo dicta. Exigir transparencia, eficiencia y compromiso no es un lujo ni un capricho:es un derecho de todos los ciudadanos y una obligación de los servidores públicos.
¿DEJARÁS QUE TU FUTURO PROFESIONAL SEA OBSTRUIDO?
La indiferencia de las autoridades solo se romperá con la presión pública. Hoy, más que nunca, necesitamos unirnos para exigir el cumplimiento de las obligaciones de quienes, en teoría, están para servirnos. La educación y el derecho a ejercer no deben ser víctimas de pugnas internas o de negligencias en la gestión pública. Nos corresponde a todos los afectados hacer visible esta problemática, exigir cuentas y luchar porque los procesos se llevan a cabo con transparencia y justicia.
No permitamos que el título por el que tanto hemos trabajado sea retenido injustamente. Como egresados, ciudadanos y profesionistas, merecemos algo mejor que una administración pública que parece más interesada en rivalidades que en cumplir su deber.
Deseo que este sea un asunto de prioridad en la ‘Nueva era’.
Cordial saludo.
