Un programa cuya finalidad es que, la población entregue sus armas de fuego a cambio de una compensación económica.
BALANZA LEGAL/Rodolfo L. Chanona
El pasado 10 de enero, el Gobierno mexicano ha dado arranque al Plan Nacional de Desarme voluntario “Sí al desarme, Sí a la paz’”, un programa cuya finalidad es que, la población entregue sus armas de fuego a cambio de una compensación económica. En el evento de inicio del programa, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, “Las armas son un símbolo de violencia y de muerte. No queremos que ninguna familia tenga un arma en su casa”.
En esta campaña el gobierno instalará varios puntos de recolección en iglesias de todas las creencias, para realizar estos intercambios y la destrucción de las armas; habiéndose iniciado en la Ciudad de México y después se trasladará a otros Estados fuertemente castigados por la violencia como Guanajuato, Baja California, Estado de México, Tabasco y Guerrero. Los montos establecidos por la Secretaría de Gobernación oscilan entre los 4,000 y los 26,450 pesos, dependiendo del modelo, calibre y vida útil del arma.
Sin embargo, esta política de desarme ha causado atención aciertos analistas políticos, derivado a las tendencias izquierdistas del actual gobierno de México y su afinidad con los gobiernos latinoamericanos dictatoriales y autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua, ante los antecedentes de estos, de haber también en su momento desplegado una política de desarme de la población.
Por ejemplo Nicolas Maduro en Venezuela, inició su política de desarme en el año 2011, con la instalación de la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, presidida por el Ministro del Interior y Justicia y con participación de representantes del Ejecutivo Nacional, la Asamblea Nacional, el Ministerio Público, los cuerpos policiales, el sector académico y organizaciones privadas y de la sociedad civil; preparando un amplio programa de diagnóstico, consulta y divulgación sobre las armas de fuego e iniciando, con la propuesta de ley presentada a la Asamblea Nacional.
Dentro de las propuestas, estuvieron la creación de normas relativas a permisos de armas, comercialización de municiones y el desarme voluntario, la distinción de diversos tipos de permisos, incluyendo la restricción del porte y su distinción de la tenencia del arma en el hogar. En cuanto al programa de desarme voluntario al igual que México, propuso el canje de armamento por incentivos.
Siendo en el 2014 cuando el Presidente Maduro, lanzó un plan de desarme con la finalidad de incentivar la entrega voluntaria de armas de fuego, con un presupuesto de unos US$47,6 millones y la instalación de 60 centros de desarme.
Señalando en su discurso que, “La importancia del desarme era para coronar el proceso de paz y que era necesario la colaboración de la juventud”.
En el caso de Cuba en los años 60, el programa de desarme de la población, se realizó a través de un engaño masivo y sin precedentes en la historia de Cuba, denominado “el timo de la licencia”.
La operación se inició con un anuncio sobre la necesidad de sacar licencia para todas las armas de fuego. En Cuba, la gran mayoría consideró la petición como un paso normal en el proceso de “institucionalización” del país. Sólo unos pocos mostraron disgusto y rehusaron su cooperación.
La gran mayoría simplemente llenó los formularios con las solicitudes pertinentes. Pero las licencias no se concedieron nunca. En realidad, lo que el gobierno había hecho era un empadronamiento masivo de todas las armas de fuego dispersas entre la población; para que posteriormente y ante la gran sorpresa de todos los que habían inscrito sus armas; se les requiriera la entrega, sin excusas ni pretextos, dentro de un plazo perentorio y terminante.
Alegar cualquier excusa: venta, cambio o extravío, implicaba resultar inmediatamente clasificado en los archivos del Ministerio del Interior como un terrorista potencial. Y, por supuesto todavía estaba fresco el recuerdo del sangriento destino de los grupos contrarrevolucionarios armados.
La irritación y el resentimiento fueron generales, pero a esas alturas, la estructura totalitaria ya estaba organizada y pudieron ser ignorados sin dificultad; siendo así como, se desarmó a la población. Con excepción de las fuerzas armadas y una fracción insignificante de jueces y fiscales que consiguió la autorización para poseer armas de fuego.
En nuestra opinión, bajar la criminalidad no depende de desarmar a la población, sino al contrario, debería de educarse a la población para motivar la cultura de la tenencia y uso responsable de las armas de fuego; las cuales por cierto, su posesión son un derecho constitucional de la ciudadanía.
Por que el problema del armamentismo ilegal, no radica en las armas que posee la población, sino en la gran cantidad de armas en posesión del crimen organizado.
Se estima que en México hay unos 16 millones de armas de fuego, según una encuesta reciente de la organización Small Arms Survey y el Ejército suele decomisar unas 13 000 al año. Recientemente el Gobierno estadounidense reveló que el 74% de las armas utilizadas por los carteles mexicanos proceden de Estados Unidos y que llegan al país a través de la frontera norte con Arizona, California, Nuevo México y Texas. El tráfico de armas de fuego que se ha incrementado en las últimas décadas abona a la situación de violencia e inseguridad que vive el país.
Por lo que, no es con política de desarme de la población que se logrará pacificar al país, sino con políticas de seguridad ciudadana, prevención social de la violencia y procuración de justicia, eficaces y contundentes, como las que, ha implementado en Chiapas el Gobernador Eduardo Ramirez, en como se podrá lograr, la pacificación del país.
