El acceso a la función pública debería ser el reflejo de un proceso transparente y exigente.
REALIDAD A SORBOS/Eric Ordóñez
Las instituciones públicas no son entes abstractos ni estructuras sin rostro. Tienen nombres, apellidos, trayectorias y, a veces, hasta herencias. En cada decisión que nos afecta, hay una firma, un cargo, un nombramiento. Y detrás de cada nombramiento, hay un proceso que, en teoría, garantiza que esa persona es la más calificada para el puesto. En teoría.
Porque en el papel, todo está en orden: hay convocatorias, hay análisis de perfiles, hay deliberaciones colegiadas. La idoneidad se asume como un hecho, no como una interrogante. Se nos dice que quienes están ahí lo han ganado con esfuerzo, con mérito, con preparación. Se nos dice que su experiencia y capacidades han sido revisadas a fondo, que todo está bajo control.
Pero en la práctica, ¿quién documenta esa idoneidad? ¿Quién revisa, más allá de la tinta y los sellos, que esa persona realmente cumple con lo que el cargo exige?
EL LABERINTO DE LOS NOMBRAMIENTOS
En el sector privado, para obtener un puesto de trabajo, se necesita pasar filtros estrictos: exámenes, pruebas psicométricas, entrevistas, verificaciones de antecedentes. Hay cartas de recomendación, certificaciones, revisiones de desempeño. El candidato debe demostrar, sin margen de duda, que es el mejor para el puesto.
En la función pública, los criterios deberían ser aún más rigurosos. Después de todo, no se trata solo de administrar una empresa, sino de administrar recursos públicos, de garantizar derechos, de tomar decisiones que impactan la vida de miles o millones de personas. Y, sin embargo, no siempre es así.
Las designaciones siguen un patrón que se repite con inquietante precisión. Apellidos familiares, rostros conocidos, trayectorias que avanzan como si la vida política fuera un tren con asientos reservados. ¿Quién propuso a cada funcionario y bajo qué criterio?
El discurso oficial repite que los mejores cuadros están al frente, que cada nombramiento responde a la necesidad de fortalecer instituciones, de garantizar gobernabilidad. Pero la pregunta persiste: ¿dónde está la documentación pública que avala su experiencia y capacidad?
Porque una cosa es la narrativa institucional y otra, muy distinta, la percepción social. Y en la percepción social, la meritocracia muchas veces parece una anécdota lejana, una historia que se cuenta más en conferencias que en la realidad.
IDONEIDAD O CASUALIDAD
Hay cargos que requieren experiencia, conocimiento y, sobre todo, ética. No basta con haber ocupado un puesto similar en el pasado. No basta con tener un título que luzca bien en un documento oficial. No basta con una hoja de vida pulida con cargos administrativos. Se necesita idoneidad real, no simulada.
Y ahí es donde surge otra pregunta incómoda: ¿por qué no se aplican filtros reales para evitar que los cargos sean ocupados por personas sin idoneidad o, peor aún, con antecedentes alarmantes?
Porque la idoneidad no es un trámite burocrático. No se mide solo en años de servicio o en vínculos políticos. Se mide en capacidad, en integridad, en resultados. Pero también se mide en confianza. Y la confianza no se impone, se gana.
LAS SOMBRAS DE LA SELECCIÓN
El acceso a la función pública debería ser el reflejo de un proceso transparente y exigente. Sin embargo, en demasiados casos, los nombramientos parecen más una cuestión de coyuntura que de competencia.
Los gobiernos cambian, las administraciones se renuevan, pero los rostros en muchos cargos permanecen, como si fueran parte del mobiliario institucional. Los funcionarios van rotando de puesto en puesto, de dependencia en dependencia, como si el servicio público fuera un circuito cerrado donde todos se conocen y todos tienen su turno.
¿Y el ciudadano? El ciudadano observa. Con incredulidad, con escepticismo, a veces con resignación. Sabe que la lógica no siempre es la del mérito, sino la del acomodo. Sabe que el perfil idóneo no siempre es el que mejor preparado está, sino el que mejor se alinea con las circunstancias del momento.
LO QUE ESTÁ EN JUEGO
Poner a alguien en un cargo público es más que una simple designación. Es una decisión que afecta vidas, que moldea instituciones, que define el rumbo de una comunidad, de un estado, de un país. No se trata solo de cubrir vacantes, sino de garantizar que las personas que las ocupan sean dignas de la responsabilidad que se les entrega.
Porque más allá de los discursos, lo que está en juego es la confianza en las instituciones. Y una institución que no genera confianza, que no demuestra que sus procesos son legítimos y que sus funcionarios son idóneos, está condenada a la duda, al descrédito, al desgaste.
Y entonces, cuando volvamos a ver otro nombramiento, cuando escuchemos que alguien más ha sido designado para un cargo clave, tal vez la pregunta ya no sea ¿quién nos eligió?, sino ¿quién verificó que realmente debería estar ahí?
Porque gobernar no es solo un acto administrativo. Es una responsabilidad con consecuencias. Y esas consecuencias, tarde o temprano, nos alcanzan a todos.
Nota de autor:
En México, la selección de funcionarios es casi un arte místico, una suerte de alineación cósmica donde el mérito es un concepto secundario y la experiencia, un simple adorno en el currículum. Se requieren habilidades excepcionales, sí, pero no precisamente en administración pública, gestión o conocimientos técnicos. La confianza se otorga por decreto, la idoneidad es un estado de ánimo y los títulos, bueno… los títulos son solo detalles técnicos…
Cordial saludo.
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