Señalan probables actos de corrupción por la adquisición de mercancías a sobre costos.
Alfredo Pacheco/Ultimátum
Los regidores Francisco Rojas Toledo y Areli Latournerie Castellanos presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntos actos de corrupción en la adquisición de materiales y servicios por parte del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.
A través de un video difundido en redes sociales, los funcionarios informaron sobre la denuncia, en la que señalan irregularidades en las compras realizadas por la administración de Ángel Torres.
“Ratificamos la denuncia contra el gobierno municipal. No se puede permitir la corrupción. Confiamos en este nuevo gobierno, en la cero impunidad y cero corrupción. Ahora queda en sus manos decidir y corroborar que existen actos irregulares en la administración actual”, declaró Rojas Toledo en la grabación, en la que apareció junto a su compañera regidora a las puertas de la Fiscalía de Combate a la Corrupción.
Los regidores difundieron una copia del documento entregado a la Fiscalía, citando los artículos 223 y 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales para sustentar su denuncia. En el escrito, señalaron que los hechos denunciados podrían constituir delitos relacionados con corrupción, en contra de quien o quienes resulten responsables.
EMPRESAS FANTASMA Y SOBRECOSTOS EN ADQUISICIONES
Entre los principales señalamientos, el documento indica que se detectaron inconsistencias en la adquisición de bienes y servicios por parte del Ayuntamiento. En la revisión de la documentación, se observó que las empresas proveedoras “Ikal Promotora” y “Exato Productos” comparten el mismo domicilio fiscal, según los registros del Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que podría representar un indicio de irregularidad.
Además, se reportó que ambas empresas emitieron facturas por adquisiciones realizadas en 2024 con precios significativamente superiores a los valores de mercado. Al comparar los costos con fuentes comerciales confiables, se identificó una discrepancia injustificada, lo que generó sospechas de facturación alterada o simulada.
Ante estos hallazgos, los regidores solicitaron la realización de peritajes contables y financieros para determinar el daño patrimonial al municipio, así como la comparecencia de los responsables de las contrataciones y de los representantes legales de las empresas involucradas.
Para finalizar, Rojas Toledo y Latournerie Castellanos exigieron que se analice la posible configuración de delitos y, en caso de confirmarse las irregularidades, se ejerza acción penal contra los responsables.
