La reforma a la Ley Orgánica Municipal (conocida como “Ley Dedazo”) que faculta en Tabasco al Cabildo de los 17 ayuntamientos para designar delegados en cada una de las comunidades, se ha convertido en un verdadero problema para alcaldes y legisladores, y eso que todavía no empieza la efervescencia electoral del 2024.
Los representantes comunitarios resultan ser las autoridades más cercanas a la gente; son, se supone, personas que emergen de la localidad y, obviamente, son ampliamente conocidos por la totalidad o, cuando menos, por la mayoría de los habitantes.
El problema se generó no porque los alcaldes y alcaldesas hayan cometido alguna irregularidad, porque al final de cuentas ellos hacen lo que la ley dice. El problema se generó porque siendo gobernador en funciones Adán Augusto López Hernández tuvo la brillante idea de acotar a los ciudadanos el derecho de votar y ser votados.
En Tabasco, donde en 1989 inició el movimiento democrático con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, en el gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se legisló en contra de la democracia. Ahora el pueblo no tiene la facultad de elegir a sus delegados sino tiene que aceptar a quien impongan los presidentes municipales.
Esta ley fue propuesta por Adán Augusto López el miércoles 14 de julio de 2021 y fue aprobada dos días después por la mayoría absoluta de Morena en el Congreso del Estado, con el argumento de que se ahorrarían los recursos gastados en los procesos para elegir a más de un millar de delegados.
A partir de ahí se generaron múltiples protestas que han sido “apagadas” por otra ley autoritaria: la “Ley Garrote”, también impulsada por el actual secretario de Gobernación para disuadir manifestaciones en contra del gobierno de Tabasco.
De la mano de las protestas públicas también van los recursos legales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre todo de las zonas indígenas de Centro, Tacotalpa y Centla, donde los habitantes designan a sus representantes por usos y costumbres.
Mientras la SCJN resuelve la inconformidad ciudadana, la “Ley Dedazo” está vigente y los presidentes municipales han aprovechado para imponer a quienes, según indican líderes sociales como Armando Ruiz, son parte de una estructura política que el partido Morena pretende formar, para mantener el control y el poder político en la entidad.
El disgusto es general pero no se ha manifestado abiertamente porque, en su mayoría, el pueblo tiene miedo a la represión; sin embargo, en colonias, rancherías, villas y poblados hay inconformidad que, en cualquier momento, prenderá la mecha para que diputados y alcaldes den marcha atrás a esa legislación con tintes dictatoriales.
El movimiento ya agarró candela y es muy probable que en próximas fechas se unan todas las personas inconformes y acudan a una gran concentración frente al Congreso del Estado. Es cosa de que los líderes del movimiento se pongan de acuerdo y los partidos de oposición también encabecen a la ciudadanía.
Por lo pronto, ayer se manifestó un grupo de personas frente a la sede del Poder Legislativo y, aunque Jaime Lastra Bastar y Carlos Manuel Merino hagan oídos sordos, en breve el pueblo se encargará de hacerlos entrar en razón para que reconozcan la legitimidad de la mayoría que los llevó a los cargos que hoy ocupan.
