Denuncian red de corrupción en Seguridad durante crisis de violencia en Chiapas; personal interno señala uso de recursos públicos para enriquecimiento ilícito, con estructuras bien conectadas.
REALIDAD A SORBOS/Eric Ordóñez
La primera vez que escuché la palabra “fideicomiso” fue en una clase de administración pública. El maestro —de esos que hablaban más con el tono que con el contenido— nos dijo que era un instrumento noble, creado para salvaguardar intereses colectivos. “Una figura jurídica al servicio del bien común”, sentenció. Años después, con el paso de las administraciones, los escándalos y las auditorías, esa palabra ya no me suena tan noble. Hoy huele más a simulación que a servicio.
BUENOS PROPÓSITOS… EN EL PAPEL
El Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social para los Trabajadores del Sector Policial Operativo al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas fue reformado en 2015 con el objetivo de fortalecer los servicios médicos, el equipamiento y las condiciones de bienestar de los elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública. Su creación respondió —al menos en el papel— a una intención legítima: proteger a quienes protegen.
Pero durante dos sexenios —el de Manuel Velasco Coello (2012–2018) y el de Rutilio Escandón Cadenas (2018–2024)— el fideicomiso terminó siendo señalado por el personal interno como vehículo de presunto enriquecimiento y manejo discrecional de recursos.En 2025, ya bajo el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, el Comité Técnico del fideicomiso sesionó por primera vez en la Secretaría de Seguridad del Pueblo.
UNA RED BLINDADA POR DOS SEXENIOS
Antonio Torres Díaz estuvo en el cargo por 12 años consecutivos. Desde que inició el sexenio de Velasco hasta el final de Escandón, fue la figura clave del área administrativa. Su salida no fue tersa. De acuerdo con fuentes internas, se negaba a presentar su renuncia junto con su equipo más cercano, pese a la llegada del nuevo gobierno. Lo que dejó tras su paso es lo que preocupa: testimonios constantes sobre su estilo de operación, adquisiciones personales y redes de beneficio familiar.
Su sobrino, Ricardo Antonio Cinco Torres, pasó de policía raso a responsable de compras. Según versiones recabadas y documentos oficiales, durante este periodo logró adquirir al menos tres casas en Tuxtla Gutiérrez, una de ellas en un fraccionamiento privado al poniente de la ciudad, valuada en más de 3 millones de pesos, además de una quinta de más de una hectárea y media, dos casas más en Pijijiapan y vehículos de lujo, entre ellos un BMW 2024 y una Toyota SUV del mismo año. Todo esto con un salario de 11 mil pesos quincenales, de acuerdo con registros obtenidos en la Plataforma Nacional de Transparencia.
En el mismo esquema aparece su esposa, quien figuró en nómina como policía raso durante tres a cuatro años, sin presentarse a trabajar, según reportes del personal operativo. El portal de transparencia muestra el ingreso durante varios trimestres consecutivos. Se desconoce si actualmente continúa en el mismo cargo, ya que las actualizaciones se realizan en el primer trimestre de cada año.
El cuñado de Torres Díaz, Daniel Kumamoto Jiménez, también fue pieza clave. Primero operó en el área de licitaciones y luego, entre 2021 y 2024, en el Instituto de Formación Policial. Aunque su sueldo oficial rondaba los 18 mil pesos mensuales, trabajadores afirman que seguía fungiendo como enlace con proveedores, prestanombres y operador de tratos internos.
VECINDADES REVELADORAS
Hay una coincidencia que no pasa desapercibida entre el personal de la SSPC: la residencia de Antonio Torres Díaz se ubica en el fraccionamiento La CIMA, donde también viven la extitular de la SSPyPC, Gabriela del Socorro Zepeda Soto, y el cuestionado exsubsecretario de seguridad Francisco “Panchito” Orantes. El vecindario de los altos mandos. De ahí que las propiedades y los lujos no sean rumores, sino elementos visibles y comentados por el propio personal operativo.
La opacidad con la que se mantuvo el contrato con el Sanatorio Muñoa refuerza las sospechas. De acuerdo con denuncias internas, el sanatorio no contaba con las capacidades necesarias para atender a los policías y, sin embargo, fue proveedor por más de diez años, sin que mediara concurso público visible ni rendición de cuentas clara.
¿REPARACIÓN O MAQUILLAJE?
En febrero de 2025, ya con Eduardo Ramírez en el poder, el gobierno anunció la creación de un nuevo fideicomiso para “devolverle al pueblo lo robado”. A diferencia del anterior, este nuevo instrumento establece de forma expresa que los recursos recuperados de presuntos actos de corrupción serán destinados a equipar y fortalecer a los agentes de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo.
“Los recursos obtenidos como resultado de la recuperación se destinarán a la constitución de un fondo para equipar y dotar de bienes, servicios, personal especializado, recursos materiales, recursos para capacitación y adiestramiento permanente, estímulos, equipamiento táctico y tecnologías para los Agentes de Investigación e Inteligencia.”
Una promesa ambiciosa. Pero para que tenga credibilidad, es fundamental saber si los casos aquí mencionados serán auditados, sancionados y, si corresponde, judicializados. Porque el anuncio de auditorías por sí solo no limpia lo que por años fue permitido.
PREGUNTAS QUE NO DEBEN SILENCIARSE
¿Será incluido este caso entre las auditorías que ya están en marcha?
¿Se investigará el patrimonio de quienes se desempeñaron durante más de una década en puestos estratégicos con sueldos modestos y estilos de vida desproporcionados?
¿Tendrá el nuevo fideicomiso la capacidad real de reparar lo que el anterior desvió?
Lo cierto es que, mientras Chiapas vivía su periodo más oscuro en violencia e inseguridad, dentro de la Secretaría de Seguridad, un grupo bien estructurado —y presuntamente bien conectado— habría usado los recursos públicos como plataforma para un enriquecimiento que hoy es visible, documentado y denunciado por su propio personal.
Cordial saludo.
