El 1 de junio marcó un parteaguas: por primera vez se eligieron por voto popular a jueces y ministros de la SCJN.
BALANZA LEGAL/Rodolfo L. Chanona
Este 1 de junio de 2025, marcó un hito inédito en la historia política de México, por primera vez, se eligieron por voto popular a los jueces federales, incluyendo la totalidad de los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Lo anterior, como conclusión de una reforma cristalizada tras tensiones entre el Ejecutivo y la Corte actual, con el objetivo declarado de volver la justicia más accesible y menos elitista. Sin embargo, este primer experimento ha vuelto insaciables los ojos de la opinión pública y los críticos institucionales.
Para la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA), el proceso fue tan curioso como inquietante. Su informe preliminar, no solo detalló fallas operativas (boletas confusas, uso de “acordeones” con listas sugeridas, alta proporción de votos nulos y abstenciones) sino que, lo consideró un proceso complejo.
Con una escasa participación ciudadana histórica y preocupante de apenas el 13 %, sin restar el alto porcentaje de votos nulos. Dejando en evidencia la falta de conexión entre el electorado y un procedimiento electoral ajeno a la cotidianidad. El ideal de una justicia representativa chocó con la cruda realidad logísticamente inviable.
La propia MOE evidenció que, la baja participación se debió en gran parte a la combinación de polarización política, reformas apresuradas y deficiente comunicación estratégica; además, la misión no dejó pasar la influencia evidente del Poder Ejecutivo. Más de la mitad —seis de los nueve nuevos ministros— fueron nominados o promovidos por instancias cercanas al gobierno, mientras que los restantes tres, eran ya parte del alto tribunal y afines al gobierno. Se advirtió la tentación de que el ejercicio judicial se doblegara a lógicas electorales, debilitando aún más su independencia .
Leyendo entre líneas, el informe también destacó avances, como la paridad de género en las candidaturas y algunos protocolos contra la violencia política. No obstante, la MOE consideró que estos esfuerzos institucionales fueron insuficientes frente a fallas profundas (falta de transparencia en selección, criterios técnicos difusos, y riesgo real de que los jueces se vean obligados a atender intereses electorales más que jurídicos).
Dicho de otra forma, se aplaude la intención democratizadora, pero se censura su ejecución y el modelo usado. Países como Bolivia y algunos estados de EE. UU. han experimentado situaciones similares y han evidenciado que la politización de la justicia no genera legitimidad, sino desconfianza.
El gobierno de Claudia Sheinbaum —calificó el proceso como “éxito democrático” pese a la abstención registrada; la presidenta, respondió declarando que la OEA “rebasó su mandato” y no tiene facultad para imponer criterios sobre la forma en que México elige su Poder Judicial.
En conclusión el informe de la OEA consideró al proceso electoral del poder judicial, como sumamente complejo y polarizante. Del análisis de esta primera experiencia resalta que, se deja en evidencia que existen múltiples oportunidades de mejora. La Misión insta a las autoridades electorales y los órganos políticos a considerar las recomendaciones formuladas para fortalecer todas las etapas del proceso, corregir las deficiencias actuales y garantizar la sostenibilidad de las soluciones adoptadas.
Señalando que, la ciudadanía y las instituciones mexicanas deberán evaluar si el modelo actual de selección de autoridades judiciales a través del voto popular, que no tiene precedentes a nivel mundial, contribuye a fortalecer los principios fundamentales de la administración de justicia; o si, por el contrario, acaba debilitando la transparencia, imparcialidad, eficacia e independencia del Poder Judicial.
Las lecciones aprendidas en este proceso resaltan la importancia de que toda reforma al modelo de selección de jueces se haga de manera gradual, a partir de un debate verdaderamente plural y, sobre todo, con base en un diagnóstico comprensivo, técnico y profesional sobre las problemáticas que se buscan resolver y los mecanismos más efectivos para hacerlo. Dicho lo anterior, la Misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región.
¿QUÉ NOS DEJA ESTE EXPERIMENTO?
Riesgo de deslegitimación: involucra electores sin la formación adecuada y candidatos sin exámenes estandarizados, lo que puede derivar en decisiones judiciales alejadas de criterios técnicos.
Debilidad institucional: la reelección de jueces y mandatos de ocho a once años podrían convertir a la judicatura en un campo de negociación política, no técnica.
Mensaje internacional: la advertencia de la OEA afecta la proyección internacional de México, que pretendía vender su modelo como ejemplo democrático.
El futuro en proceso del año 2027 en que se plantean nuevos comicios judiciales coincidiendo con elecciones de todo el país. La OEA advierte que, si no se reforman calendario y protocolos, se corre el riesgo de sofisticar aún más la politización.
La elección judicial de 2025 no debe entenderse solo como una reforma apelada al ideal de participación ciudadana, sino como un ensayo institucional en el que la democracia se mezcló con geometría política. La OEA sirvió como espejo, mostró las líneas de fractura entre la intención y la ejecución, entre la soberanía nacional y los estándares democráticos internacionales.
Más que aplaudir o descalificar, debemos entender que México entró en un terreno en el que tendrá que consolidar una nueva arquitectura judicial, fortalecida y autónoma; sin dejarse seducir por impulsos electorales. La verdadera transformación se construye en los detalles, generando criterios claros, votantes informados, magistrados comprometidos con la imparcialidad, no con el poder. Solo así, se evitará que la elección judicial se convierta en una elección más en donde el gobierno decide quién juzga sus actos. 14
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