Con bajas participaciones —17% y 12%—, ambas expusieron clientelismo, acarreo y falta de legitimidad.
BALANZA LEGAL/Rodolfo L. Chanona
A partir que el partido político Morena asumio el poder político de México, ha generado dos propuestas de gran trascendencia para fortalecer la democracia en nuestro país, las cuales han resultado en un rotundo fracaso, estamos hablando de la Revocación de Mandato llevada a cabo el 10 de abril del año 2022 y la elección judicial del 01 de junio de este año.
En el caso de la Revocación de Mandato y en opinión de La Misión Delian Project, se consideró que, este ejercicio de democracia participativa, no ayudo a fortalecer a la democracia mexicana, considerándolo un fracaso en la promoción de la participación ciudadana. Su vocero Armand Peschard, consultor especialista en temas políticos-electorales de América Latina, señaló en su momento que, dicho ejercicio fue una pantomima, así como, un instrumento de demagogia política para mantener la aprobación del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
El porcetaje de participación ciudadana en la Revocación de Mandato fue del 17.77% del total de la ciudadanía registrada al corte de la lista nominal de electores, utilizada para el cálculo de la participación que, en ese entonces era un total de 92,823,216.
Los resultados totales de la Revocación de Mandato en el 2022, en la que se preguntóa la ciudadanía ¿Estás de acuerdo en que a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo? Fueron, opción 1: Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza: 1,063,209, equivalente a 6.4%; opción 2: Que siga en la Presidencia de la República: 15,159,323, equivalente al 91.8%; votos nulos: 280,104, lo equivalente al 1.6%, permitiendo apreciar claramente que, este mecanismo de democracia participativa, lo que venció realmente fue el abstencionismo.
Respecto a la elección judicial del 1 de junio de 2025, la cual, se consideró como un hito histórico en la historia del país, cuyo proceso permitió que la ciudadanía eligiera directamente a jueces federales —desde juzgados de distrito hasta ministros de la Suprema Corte— en un ejercicio democrático, pensado para elevar la transparencia y combatir la opacidad de un sistema dominado históricamente por designaciones cerradas.
Resultó también que, los resultados nuevamente arrojaron un retrato complejo, donde las intenciones democráticas chocaron con los retos de participación, legitimidad y la percepción nacional e internacional, obteniéndose únicamente una participación ciudadana de apenas un 12.6 %, según cifras del Instituto Nacional Electoral.
Convirtiéndose el ejercicio en la elección menos concurrida desde 1994, aunque para su legalidad no se exigía un mínimo de participación, la baja participación ciudadana deja a dicho proceso electoral sin legitimidad social, siendo legal más no legitimo, toda vez que, el abstencionismo logró vencer de nueva cuenta.
Analistas y ciudadanos criticaron que el proceso careció de debate público sustantivo y difusión adecuada, lo cual, en un contexto electoral inédito, genera dudas sobre el respaldo real a quienes fueron electos.
En este proceso, se eligieron en total más de 2 600 cargos, la gran mayoría ocupados por perfiles vinculados a Morena, sobre todo, los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal de Diciplina Judicial, además que, se evidenciaron grandes fallas en los filtros de idoneidad, en donde la vigilancia por parte del INE y el TEPJF se mostró insuficiente.
Mientras que el oficialismo y Morena calificaron la elección como histórica, democrática y un paso decisivo para la Cuarta Transformación; la oposición (PAN, PRI) y el sector crítico, denunciaron la elección judicial como una farsa, con llamamientos incluso al boicot, en protesta por la política de “acordeones” y acarreo.
Sin intentar generar un mal presagio, pero bajo el viejo refrán que dice: “lo que empieza mal, termina mal” podríamos advertir que la politización generada de la judicatura, supone un grave riesgo para la independencia del Poder Judicial y su funcionamiento en la administración e impartición de justicia; por lo que, consideramos que no acabará con los vicios existentes, sino al contrario, esta nueva justicia federal politizada será en perjuicio de la justicia local.
Organismos como la OEA (en un informe preliminar) se mostraron cautos y pidieron reforzar la evaluación de candidaturas, enfatizando que la independencia judicial es esencial para una democracia sólida, instituciones extranjeras como Human Rights Watch, Stanford Law y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alertaron ya desde 2024 que la reforma podría debilitar el sistema y promover la captura judicial; incluso analistas de Goldman Sachs, señalaron el riesgo de “fallos judiciales politizados” que minen la confianza inversora en el país.
La revocación de mandato y la elección judicial en México, si bien, son de naturaleza diferente, ambas son figuras que buscan la participación democrática de la ciudadanía en la toma de decisiones, las cuales fueron vendidas cada una en su momento, como figuras democratizadoras en su forma, pero en el fondo no se apreciaron así; ambas han resultado frágiles en su contenido. La baja participación de la ciudadanía a evidenciado que ya no cree en los viejos discursos que abanderan la retórica de que, “con el pueblo todo y sin el pueblo nada”.
Si se requiere construir una verdadera república representativa y democrática, el poder político debe empezar por poner el ejemplo y permitir la apertura, y el pluralismo político, para construir un país con las voces de todos y no a través de liderazgos mesiánicos o unipartidistas.
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