BALANZA LEGAL

Ley de Telecomunicaciones: ¿seguridad digital o deriva autoritaria?

Rodolfo L. Chanona/Ultimátum

La reciente aprobación por el Senado de la Ley Fede­ral de Telecomunicaciones y Radiodifusión —ahora en manos de la Cámara de Dipu­tados— marca un nuevo hito que despierta tanto expectativas como alarma. En esencia, busca sustituir al Instituto Federal de Telecomu­nicaciones (IFT) por la Agencia de Transformación Digital y Teleco­municaciones (ATDT), otorgándole amplios poderes: desde administrar el espectro radioeléctrico hasta blo­quear plataformas digitales.

Históricamente, la regulación de las telecomunicaciones se ha ba­sado en un organismo autónomo. La eliminación del IFT y la cen­tralización de sus funciones en la ATDT —dependiente directa del Ejecutivo— debilita los contrapesos democráticos.

Expertos han advertido que es­ta concentración de poder implica riesgos reales, pues un órgano ali­neado con el gobierno puede con­vertirse en herramienta de control y censura. El polémico artículo 109 faculta a la ATDT para bloquear pla­taformas digitales sin orden judicial clara. Aunque el Ejecutivo insiste en que se usará contra propagan­da extranjera o contenidos ilega­les; la redacción ambigua ha sido calificada por la oposición como la instauración de una “ley censura” o “censura del Bienestar”.

Sin embargo, más allá del control informativo, la ley propone mecanismos para rastrear geolocalización en tiempo real y potencialmente levantar padrones de usuarios celulares. Esto repre­senta un ataque directo a la privaci­dad, abriendo la puerta a vigilancia masiva y a un estado de alerta per­manente. Empresarios y cámaras como AmCham México señalan que, la ley viola la neutralidad compe­titiva y podría infringir el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El otorgamiento de concesio­nes estatales sin licitación, así como el retraso de trámites por hasta 60 días, genera incertidumbre y desin­centiva la inversión; además que, permitir que el Estado compita en condiciones preferenciales —sin li­citación ni regulación equiparable a la privada— distorsiona el mercado y otorga poder adicional al Ejecu­tivo.

Esta reforma, si bien contempla mejoras –como inclusión de medios comunitarios e indígenas, y garan­tía de acceso universal– se encuen­tra empañada por su redacción im­precisa, mecanismos de control sin contrapesos y falta de claridad en el objetivo gubernamental.

Para revalorizarla como instru­mento de cambio y no de poder, de­bieron incorporarse correcciones sustantivas, como eliminar o rede­finir el artículo 109 para requerir or­den judicial previa, establecer lími­tes claros y supervisión autónoma sobre la ATDT, garantizar procesos transparentes de licitación cuyos resultados respeten el marco del T-MEC, fortalecer la privacidad y prohibir mecanismos de vigilancia sin autorización judicial.

Solo a través de equilibrios, México podría transitar hacia una conectividad inclusiva sin sacrifi­car derechos y libertades estratégi­cas para la vida democrática. Des­afortunadamente el actual poder político reúsa al debate amparado en las mayorías, pero un debate no puede reducirse a discurrir buenos fines, sino debe litigarse con firmeza respecto a las formas y controles. Sin ello, el discurso de la transfor­mación podría volverse el vehículo de una regresión en la democracia digital.