Adjudicaciones, silencios y egos: las prioridades en el Ayuntamiento de Tuxtla
REALIDAD A SORBOS/Eric Ordóñez
En política, los silencios también hablan. Y en Tuxtla Gutiérrez, últimamente, lo hacen con un dejo de soberbia. Dicen —y lo dicen quienes lo saben— que en una reunión clave, el presidente municipal Ángel Torres Culebro lanzó la frase que lo define: “A mí nadie me da órdenes”. Suena bien para TikTok, pero para gobernar una ciudad no basta con el ego bien parado.
Esta historia, como muchas en Chiapas, empieza con un mal consejo. El protagonista secundario se llama Alfredo Ramírez, un operador con más oficio que principios, cuyas decisiones han complicado más de una gestión. Fue él quien, según se cuenta, tensó la relación entre el presidente municipal y su entorno más cercano. ¿El detonante? Una compra millonaria.
Resulta que el Ayuntamiento de Tuxtla habría autorizado —por adjudicación directa— una compra de uniformes por más de 70 millones de pesos. Nada menor. Y aunque la ley de adquisiciones permite compras directas hasta por 300 mil pesos, se habría usado un mecanismo para fragmentar recursos de rubros como Protección Civil o Seguridad Pública, estirando así la liga de la legalidad. Técnicamente posible, sí. Éticamente discutible, también.
El problema no es solo la compra. Es el mensaje. Porque, en el fondo, lo que se disputa no es una licitación: es el poder. Las adjudicaciones directas son cada vez más comunes en Chiapas, y ya pocos quieren arriesgarse con procesos abiertos. Lo que antes era excepción hoy parece regla, y lo que debía garantizar transparencia ahora sirve de escudo para lealtades.
La jugada molestó a más de uno. Se dice que Toño Mayorga —conocido por su cercanía con los círculos de decisión— trató de frenar la operación. Pero la reacción fue inmediata: Ángel Torres levantó el teléfono, habló con quienes realmente mandan, y la instrucción fue clara: “Déjenlo hacer”. No es menor que en esta historia se mencionen nombres como el de Adán Augusto López, porque cuando en Chiapas se menciona al “grupo Tabasco”, no se habla de salsas ni de geografía. Se habla de padrinazgos.
Este enredo de lealtades nos recuerda que hay alcaldes que gobiernan para sus jefes políticos, no para la ciudad. Y si bien a nadie sorprende que en política se pague con favores, lo grave es que los paguen los ciudadanos. Porque mientras las obras se adjudican con prisa y sin licitación, Tuxtla sigue con baches, con basura, con colonias sin agua y un transporte público estancado en el siglo pasado.
Ya lo dicen: el que sirve a dos amos… termina mal con ambos. Y en este caso, quien paga la fractura de egos y órdenes cruzadas no es Ángel Torres ni Alfredo Ramírez, ni los políticos de escritorio. Es la gente. Son los tuxtlecos que, una vez más, ven cómo se toman decisiones que no se explican, no se consultan, pero sí se facturan.
Dicen que el presidente municipal se molesta con las críticas, que le incomoda que se hable de esto. Y sí, puede ser. Pero es más incómodo ver cómo las decisiones que deberían servir al bien común terminan alimentando batallas internas que poco tienen que ver con Tuxtla y mucho con proyectos personales.
Y sí, presidente: nadie le da órdenes. Pero quizá por eso mismo, debería preguntarse si está obedeciendo a los intereses correctos.


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