Todo se lo debemos a Adán Augusto

La etapa de mayor inseguridad en Chiapas no se puede entender sin mencionar tres nombres: Rutilio Escandón, Rosalinda López Hernández y Adán Augusto López Hernández.

REALIDAD A SORBOS/ERIC ORDÓÑEZ

En Chiapas, cuando algo huele a podrido, uno no sabe si voltear a Tabasco, al Palacio de Gobierno, al Congreso… o a las oficinas municipales. Pero lo que cada vez se vuelve más claro es que la peste no nació sola.

El pasado martes, el periódico Milenio dejó entrever lo que ya muchos sospechaban: que la Fiscalía General de la República sigue de cerca a varios exfuncionarios de Chiapas y Tabasco, ante presuntos vínculos con el crimen organizado, huachicol, tráfico de personas y otros delitos que ya no caben en la alfombra del encubrimiento. La consigna, dicen, es “no proteger a nadie”. Qué conveniente, ahora que ya cambió el poder.

PERO ¿CÓMO LLEGAMOS A ESTO?

La etapa de mayor inseguridad en Chiapas no se puede entender sin mencionar tres nombres: Rutilio Escandón, Rosalinda López Hernández y Adán Augusto López Hernández. Este último, que saltó de gobernador de Tabasco a secretario de Gobernación, dejó tras de sí no sólo una estela de poder, sino una red. Una red que hoy comienza a desmoronarse.

¿Ejemplos? Muchos. El más evidente: Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, acusado de liderar el grupo criminal “La Barredora”. Fue pieza clave durante los gobiernos de Adán y Carlos Merino. Según informes filtrados por Guacamaya Leaks, Bermúdez habría permitido al grupo criminal tomar el control de municipios enteros como Cárdenas y Huimanguillo. Aun así, se le mantuvo en el cargo hasta que, tras una disputa interna y un intento de asesinato en su propia casa, decidió salir del Estado. La orden de aprehensión llegó tarde, en febrero de 2025. Para entonces, ya había pasado por Panamá, España y, se dice, ahora Brasil.

¿Y en Chiapas? El “Grupo Tabasco” también dejó sus raíces. Nombres como Ángel Torres Culebro, hoy presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, o José Manuel Cruz Castellanos, exsecretario de Salud, son mencionados en voz baja por sus fortunas, sus nexos y su ascenso relámpago. En el caso del segundo, basta asomarse a los negocios vinculados a fintechs para entender que la salud también fue buen negocio. Y del primero, qué decir: ya ni disimulan las adjudicaciones directas ni los pactos por debajo del escritorio.

La lista no termina ahí. Se habla de compras de 70 millones sin licitación, de repartos de recursos en Protección Civil y Seguridad disfrazados de contratos, de funcionarios que se dicen leales al “proyecto”, pero actúan como dueños de la plaza.

El problema no es solo lo que hicieron. Es que lo hicieron con respaldo, con cobertura, con impunidad. Porque si algo supo hacer Adán Augusto fue construir un aparato de poder transversal, vertical y hasta multimedial. Lo mismo operaba en Tabasco que en el Senado, en la prensa o en Chiapas. Su red era de lealtades, no de instituciones. De amiguismos, no de méritos.

Por eso, cuando la FGR anuncia que podría judicializar carpetas contra exfuncionarios, uno no puede evitar preguntarse: ¿hasta dónde llegarán? ¿De verdad “caerán todos”? ¿O sólo los que ya no son útiles?

Porque si el compromiso real fuera “cero impunidad”, ya habría nombres. Ya habría detenidos. Ya sabríamos qué pasa con los que vaciaron arcas, vendieron plazas o jugaron a ser virreyes. Pero el silencio, ese al que tanto acostumbró la 4T en Chiapas, todavía pesa más que la justicia.

Y si de algo estamos seguros, es que este desastre institucional no se armó solo. Tiene nombre, rostro y padrinazgo.

Todo se lo debemos a Adán Augusto.

Cordial saludo.