Ángel Torres se ha rebelado contra algunas recomendaciones, y a la alcaldesa de Ocosingo, Manuela Angélica Méndez Cruz, se le han olvidado sus raíces indígenas al agredir a menores comerciantes
Eugenio Hernández Sasso/Ultimátum
Sin darle aplausos al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, “afortunadamente está haciendo un buen trabajo y está presionando para que todo su gabinete actúe y haga bien las cosas”, reconoció Horacio Culebro Borrayas, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Chiapas.
Entrevistado por Eric Ordóñez, subdirector del diario Ultimátum, el ombudsman chiapaneco señaló: “Cuando yo me he quejado con él de algunas cosas que sus trabajadores no hacen, inmediatamente actúa”.
Aseguró que, cuando deje la CEDH, probablemente quedarán pendientes algunas quejas de hace un año, pero no como ocurrió con la anterior administración, que le dejó un rezago desde 2019.
Por otra parte, desveló la rebeldía del Ayuntamiento de Tuxtla, encabezado por Ángel Torres Culebro, quien se ha negado a cumplir con la recomendación 06, que ordena la clausura inmediata de un crematorio de animales ubicado cerca de la escuela de enfermería.
De no acatarse este dictamen, la CEDH podría denunciar públicamente a Torres Culebro y citarlo ante el Congreso del Estado para que rinda cuentas por su obstinación.
Agregó que también hay quejas laborales contra el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) sin resolver, así como una denuncia por invasión de un predio en la colonia La Gloria, donde el Ayuntamiento construyó arbitrariamente un tanque de agua. El propietario ya ganó un amparo, y la exigencia ahora es el pago de la indemnización, a lo que Ángel Torres se ha resistido.
En cuanto al caso de las jornadas laborales impuestas a los policías municipales, indicó que no se ha comprobado que haya violaciones a los derechos humanos.
Informó que durante su gestión se han resuelto siete quejas que habían sido ignoradas en administraciones anteriores. Sin embargo, admitió que el presupuesto es limitado: su antecesor dejó las finanzas de la institución “con las manos cruzadas”, con apenas 80 mil pesos para cubrir el salario de 137 trabajadores.
Relató que él mismo fue víctima de violaciones a sus derechos humanos en el pasado, como perseguido político. Encontró que su propia queja, presentada en 2019, había sido declarada “sin materia” y ni siquiera fue notificado. Como no puede ser juez y parte, reenviará el caso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para su seguimiento.
En referencia al caso de acoso denunciado públicamente por una joven de la escuela preparatoria Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Pijijiapan, aseguró que de inmediato se dictaron medidas precautorias para que los maestros no pudieran acercarse a menos de cien metros de la víctima.
También se refirió a la alcaldesa de Ocosingo, Manuela Angélica Méndez Cruz, quien —dijo— olvidó sus raíces indígenas al maltratar a personas que llegaron a vender sus productos y no tenían dinero para cubrir la cuota impuesta por el Ayuntamiento.
En ese incidente, afirmó que se violaron los derechos humanos de menores de edad e indígenas.
“Lo que no puedo creer es que una persona que vino, o que es descendiente directa indígena, actúe contra sus propios coterráneos sabiendo su estado de necesidad. Chiapas es el estado más pobre del país”, explicó.
En su recuento de acciones, se refirió al caso del niño Dilan, en el que se resolvió reparar el daño a los familiares de don Adolfo “N”, quien murió golpeado por agentes policiacos, aunque el hecho fue disfrazado como suicidio dentro del penal.
También habló sobre el caso de los normalistas de Mactumatzá: aseguró que él mismo llamó al secretario de Seguridad para pedir que no ingresaran a la escuela, pues había armas al interior y se podía desatar una balacera. Añadió que los visitadores de la Comisión no pudieron entrar al plantel, ya que existía el riesgo de que fueran tomados como rehenes. En el caso del joven que perdió la vida, aclaró que no hubo impacto de bala.
Culebro Borrayas precisó que habitantes del ejido donde se ubica la Normal Rural Mactumatzá han solicitado formalmente a la CEDH su reubicación.
“Estamos trabajando en el tema para que se cumplan las normas de derecho, porque Tuxtla Gutiérrez ya no es rural, no es un pueblo bicicletero. Tuxtla Gutiérrez merece paz”, dijo.
Recalcó que siempre anda solo, pues no le ha hecho daño ni le debe nada a nadie. No obstante, reconoció tener enemigos políticos, entre ellos Juan Sabines Guerrero y Rutilio Escandón Cadenas.
Comentó que todos los funcionarios de la administración anterior —visitadores, secretarios ejecutivos, contralor y oficial mayor— presentaron su renuncia voluntaria. Aunque no dejó de ironizar: “Todos tenían restaurantes. Como que era la fiebre”.
“Había gente ‘nice’, si se le pudiera decir, pero conmigo se tuvieron que sentar. Yo soy de pueblo, he caminado, he estado en la cárcel, sencillamente”, subrayó.
Por último, informó que ya existe una queja relacionada con la presunta defraudadora que supuestamente se ahorcó en el penal El Amate, y que el caso ya está siendo atendido con inmediatez.
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