El alcalde tuxtleco pudo haberse concedido el edificio desde la Secretaría de Obras Públicas; se niega a dar audiencia y limita el derecho de participación cultural.
Eugenio Hernández Sasso/Ultimátum
Ángel Torres Culebro pudo haber incurrido en un acto de corrupción al adjudicarse, ahora como alcalde de Tuxtla Gutiérrez, el edificio que alberga al Museo de la Ciudad, lo que sugiere que desde su cargo anterior como titular de la Secretaría de Obras Públicas del estado, durante el sexenio pasado, fraguó el plan.
Joseliny Omar Díaz Torres, integrante de la Fundación Fernando Castañón Gamboa, y el abogado Manuel Alejandro Cruz Islas señalaron —en entrevista con Eric Ordóñez, subdirector de Diario Ultimátum— que recurrirán al juicio de amparo para recuperar el edificio que fue entregado en comodato a dicha institución.
El Museo de la Ciudad es una institución cultural que opera en el centro de Tuxtla Gutiérrez desde hace más de 30 años. El gobierno estatal le otorgó en comodato el inmueble ubicado sobre la Avenida Central y Segunda Poniente, donde anteriormente funcionó la presidencia municipal y, posteriormente, la sede de la CTM.
El museo alberga cientos de objetos donados por familias tuxtlecas. El edificio sufrió daños estructurales a causa de los sismos de 2017 y 2020, pero fue restaurado gracias a las gestiones de la fundación, que logró acceder a recursos del Fonden, lo que permitió su rehabilitación en 2022 y 2023. Sin embargo, al intentar reactivarlo como museo, comenzó el conflicto con el Ayuntamiento, que se ha negado a entregarlo.
Desde 2023 a la fecha, los representantes de la fundación han presentado más de 30 solicitudes de audiencia con el presidente municipal, Ángel Torres Culebro, y, anteriormente, con él mismo como secretario de Obras Públicas, sin obtener respuesta. Actualmente, el edificio permanece custodiado por elementos de la Policía Municipal.
Según el testimonio de Díaz Torres, se les ha negado el derecho a recibir una respuesta oficial, así como la participación en la vida cultural de la ciudad, pese a que la mayoría de los integrantes de la fundación son personas adultas mayores con amplia trayectoria en el quehacer cultural.
Durante la primera restauración del inmueble, se invirtieron 14 millones de pesos gestionados ante el Senado de la República. Dicho recurso fue canalizado íntegramente a la Secretaría de Obras Públicas. Previamente, se había logrado otro presupuesto para atender los daños estructurales derivados del sismo de 2017.
El abogado Manuel Alejandro Cruz Islas señaló que se ha violado el derecho humano de petición, consagrado en la Constitución, al no recibir respuesta oportuna por parte de las autoridades municipales. Además, destacó la omisión del alcalde, quien ha evadido sistemáticamente el diálogo con la fundación.
Explicó que interpondrán un juicio de amparo, ya que la fundación cuenta con un contrato de comodato por 100 años, firmado en 1997, el cual continúa vigente. En este momento, detalló, se está estructurando la estrategia jurídica que buscará restituir el derecho de posesión sobre el Museo de la Ciudad, ya que no existe ningún argumento legal que justifique la revocación del contrato.
Asimismo, informaron que se presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), a fin de ejercer presión institucional de forma objetiva.
Por su parte, Joseliny Omar Díaz afirmó que la única manera en que podría anularse dicho derecho sería que el edificio dejara de operar como museo. Por ello, denunció que “tiene sentido la insistencia que hubo durante la administración pasada para que se retirara la colección de objetos del museo, ya que se anunciaba una nueva intervención”.
Añadió que existe un principio fundamental en los derechos humanos: el de no regresión, lo cual significa que si una comunidad ya ha conquistado un derecho, el Estado no puede dar marcha atrás. Por el contrario, debe fortalecerlo.
Con base en ello, cuestionó la legalidad del acto por el cual el Ayuntamiento se apropió del inmueble, ya que el propietario sigue siendo el gobierno estatal, el comodatario es la fundación, y la obra pública fue ejecutada por el Ejecutivo local.
Discussion about this post