Víctima denuncia despido injusto y abuso en la Secretaría de Salud.
Alfredo Pacheco/Ultimátum
María “N”, extrabajadora de la Secretaría de Salud de Chiapas, denunció públicamente haber sido víctima de despido injustificado y violencia institucional por parte de altos funcionarios del sector, entre ellos el entonces titular de la dependencia, José Manuel Cruz Castellanos. Por temor a represalias, pidió omitir sus apellidos y detalles personales.
Según su testimonio, ingresó a la Secretaría en 2006 como contratada y fue regularizada en 2008. Asegura haber trabajado con honestidad y compromiso, pero en 2021 fue separada de su cargo en medio de una situación médica crítica, tras ser diagnosticada con miomas uterinos y presentar niveles de hemoglobina peligrosamente bajos.
“En 2021 fui despedida con un diagnóstico de miomas, tenía hemoglobina de 4.5, posteriormente subió a 6. La rescisión laboral no se me notificó formalmente. Fui a hablar con el licenciado Pacheco para que me proporcionara documentos con los que pudiera defenderme, pero me lo negó. Me mandó con la licenciada Anita y el doctor Mariscal. Actualmente tengo una demanda en curso”, declaró.
Tras perder su empleo y enfrentar problemas de salud, se vio obligada a vender su vivienda para solventar deudas. Hoy en día renta y enfrenta dificultades económicas para cubrir sus gastos básicos. A pesar de ello, intentó acercarse nuevamente a la Secretaría para dialogar y solicitar su reinstalación, incluso renunciando al pago de salarios caídos. Sin embargo, asegura que el área jurídica se negó a recibirla, argumentando que la existencia de la demanda impedía cualquier acuerdo.
Indicó que el motivo de su separación, según le informaron, fue por supuestas cinco faltas en una unidad de salud ubicada en San Agustín, un lugar que asegura nunca conoció ni en el que laboró, por lo que sospecha que la verdadera causa fue el intento del exsecretario por liberar plazas para colocar a personas cercanas a su círculo.
“En las audiencias, mi abogado preguntó a quienes firmaron las actas administrativas si me conocían. Respondieron que no. Así fue el abuso de poder, el desprecio hacia nosotros como ciudadanos y trabajadores”, sostuvo.
De acuerdo con la documentación legal en su poder, su plaza corresponde a oficinas centrales, situación que fue confirmada por un amparo federal ganado en el transcurso del proceso legal.
María afirma que este caso ha deteriorado profundamente su salud emocional, familiar y económica. Por ello, hizo un llamado al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para que se revise su situación y se garantice justicia y respeto a los derechos laborales de quienes, como ella, han dedicado años al servicio público y fueron víctimas de abusos durante la administración de Cruz Castellanos.

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