Existe una delgada línea entre opinar y agredir políticamente a las mujeres.
Alfredo Pacheco/Ultimátum
La consejera electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, Gloria Esther Mendoza Ledezma, advirtió que existe una línea muy delgada entre el ejercicio de la libertad de expresión y la violencia política en razón de género, lo cual representa un reto constante tanto para las instituciones como para los medios de comunicación y actores políticos.
Mendoza Ledezma destacó que desde el IEPC se ha fortalecido el vínculo con organizaciones de la sociedad civil, como la colectiva feminista 50+1, con la cual recientemente firmaron un convenio de colaboración para prevenir y atender este tipo de violencia.
“Se dan capacitaciones, foros, muchos espacios de reflexión e incidencia para poder prevenir y atender la violencia política en razón de género”, explicó.
Agregó que, a través del Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres de Chiapas —particularmente en el grupo enfocado al monitoreo de medios de comunicación— se ha observado cómo la denuncia pública por violencia política coexiste con expresiones amparadas en la libertad de expresión, lo que obliga a analizar cada caso de forma individual.
“Las denuncias que recibimos en el Instituto las atendemos con el protocolo de atención con perspectiva de género. Cada caso lo valoramos de manera particular, de acuerdo con lo que se prueba en cada expediente. Es muy complicado estandarizarlos”, señaló.
Al ser cuestionada sobre la violencia contra mujeres en la política, como el reciente asesinato de una regidora en San Juan Chamula, lamentó el hecho y subrayó que este tipo de casos deben analizarse en el Observatorio, pues muchas veces la violencia que ocurre en el ámbito privado impacta directamente en el ejercicio del cargo público.
“Necesitamos entender cómo esa violencia privada también puede convertirse en un obstáculo para ejercer el cargo con plenitud”, sostuvo.
Aunque no precisó cifras, reconoció que ya se han presentado denuncias por violencia política en razón de género durante el actual periodo de administración municipal 2024-2027, particularmente de síndicas y regidoras.
Respecto a la atención institucional, explicó que el IEPC cuenta con una Unidad de Género que brinda atención de primer contacto, y que este año se incorporó una psicóloga al área jurídica para ofrecer acompañamiento integral a las víctimas.
Finalmente, hizo un llamado a todas las mujeres que enfrenten obstáculos para ejercer sus cargos, o a quienes conozcan algún caso, a acercarse al Instituto para presentar su denuncia. “Estamos muy atentas para seguir brindando acompañamiento y atención adecuada, a fin de garantizar una participación política libre de violencia”, concluyó.
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