Un ciudadano fue detenido tras lanzar insultos desde un vehículo en un retén del alcoholímetro en Tuxtla Gutiérrez. El video que circula en redes muestra al titular de Seguridad municipal, David Hernández, ordenando personalmente la aprehensión. Más allá del escándalo, el abuso de poder sigue siendo, lamentablemente, pan de cada día.
REALIDAD A SORBOS/Eric Ordóñez
A todos nos ha tocado presenciarlo o serlo alguna vez: el amigo que bebe de más y arruina la fiesta. Ese que de pronto se transforma, grita, insulta y se vuelve insoportable. Solemos llamarle “el mala copa”, y aunque a veces provoque risa o incomodidad, pocas veces termina en algo más grave que una anécdota incómoda para contar al día siguiente.
Pero lo que ocurrió en los últimos días de julio en un retén del operativo alcoholímetro en Tuxtla Gutiérrez fue distinto. Fue la versión distorsionada del “mala copa” enfrentándose a la peor cara de la autoridad: la que actúa con exceso, sin límites, y se olvida de que portar un uniforme no es sinónimo de tener la razón, ni mucho menos de estar por encima de la ley.
En el video que se viralizó, se observa al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, David Hernández Pérez, ordenando personalmente la detención de un ciudadano que, según lo que se escucha, lanzó palabras altisonantes desde el asiento del copiloto. La respuesta de la autoridad fue inmediata y desproporcionada: esposas, patrulla y exhibición pública de una botella de alcohol —que por cierto, no constituye prueba de delito alguno si no se acompaña de otros elementos jurídicos.
A simple vista, el caso podría parecer anecdótico. Pero cuando se mira con lupa, se revela como un síntoma de algo más profundo: el abuso de poder normalizado, la institucionalización del miedo y la fragilidad de nuestras garantías individuales frente a autoridades que actúan más por impulso que por legalidad.
LA AUTORIDAD NO ES UN ESPEJO DEL EGO
El artículo 21 de la Constitución mexicana establece que las instituciones de seguridad pública deben conducirse bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Pero cuando un director de policía utiliza el aparato institucional para vengarse de quien lo insultó, lo que tenemos no es una acción de gobierno, sino una vendetta personal disfrazada de procedimiento oficial.
La Suprema Corte de Justicia ha sido clara: la libertad de expresión ampara también aquellas opiniones que resulten incómodas, molestas o incluso ofensivas para los servidores públicos. Y en un Estado democrático, ese tipo de expresiones no deben combatirse con patrullas, sino con argumentos o, simplemente, con tolerancia institucional.
Lo que vimos en ese video es inadmisible. No solo por lo que representa legalmente, sino por el mensaje que envía: en Tuxtla Gutiérrez, insultar a un funcionario puede costarte la libertad, aunque no hayas cometido ningún delito.
LA BRUTALIDAD TIENE HISTORIA
Lo más alarmante es que no se trata de un hecho aislado. Apenas el 12 de mayo, Jesús Iván murió al interior del Centro de Cumplimiento de Sanciones Administrativas —mejor conocido como “La Popular”— tras recibir golpes en la caja torácica. Por ese caso hay once personas detenidas, entre ellos policías municipales. En julio también circularon denuncias contra agentes que, con abuso de autoridad, detuvieron a jóvenes deportistas a pesar de que ya habían superado la prueba del alcoholímetro.
Entre 2024 y los primeros meses de 2025, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha documentado al menos cinco denuncias por abuso policial en Chiapas, la mayoría contra corporaciones municipales. Y cada nuevo caso parece sumar a una larga lista que, lejos de resolverse, se engrosa con cada detención arbitraria, cada revisión sin orden judicial, cada insulto respondido con violencia de Estado.
¿Hasta cuándo vamos a seguir naturalizando el abuso? ¿Hasta cuándo las patrullas van a funcionar como jaulas de castigo para quienes se atreven a alzar la voz, aunque sea con una grosería?
TUXTLA NO NECESITA MÁS PREPOTENCIA
El respeto a la autoridad no se impone con fuerza bruta, se gana con integridad. Y si algo le urge a Tuxtla Gutiérrez, es una policía que inspire confianza, no miedo. Una institución que se forme con derechos humanos, no con humillaciones. Que entienda que el ciudadano, incluso el irreverente, es sujeto de derechos, no blanco de castigos ejemplares.
David Hernández no solo se equivocó al ordenar una detención sin fundamento jurídico. Se equivocó al hacer de su cargo una extensión de su orgullo personal. Se equivocó al olvidar que el uniforme no le otorga licencia para actuar como juez, y que su función no es castigar la insolencia, sino garantizar la seguridad de todos, incluso de quienes no le caen bien.
Este caso no debería quedarse en el escándalo digital. Debería marcar un punto de inflexión. Porque no se trata de un “mala copa”, se trata de un sistema donde la arbitrariedad se disfraza de protocolo, y donde los límites de la ley se estiran a conveniencia de quien detenta el poder.
NO TODO SE RESUELVE CON UN “YA PASÓ”
Callarse ante el abuso es abrirle la puerta al siguiente atropello. Por eso esta columna no pretende ser solo una denuncia, sino una exigencia. A las autoridades municipales: revisen sus protocolos, capaciten a su personal, y recuerden que el respeto se gana, no se impone. Y a la ciudadanía: que no se nos olvide que en un Estado democrático, la autoridad responde a la ley, no a sus impulsos.
Hoy fue un mala copa. Mañana, si no ponemos límites, puede ser cualquiera de nosotros.
Cordial saludo.
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