Argumentan que los costos de producción han aumentado y la industria está en riesgo de quiebra
Alfredo Pacheco/Ultimátum
Integrantes de la Asociación de Industriales de la Masa y la Tortilla en el Estado de Chiapas afirmaron que no existen condiciones para aplicar la reducción del 10 % en el precio de la tortilla, como propuso la presidenta Claudia Sheinbaum, debido al incremento sostenido en los costos de producción.
Eliaquín Velasco Anzueto, presidente del organismo, señaló que la propuesta federal no contempla las particularidades económicas de cada estado. Mientras en otras entidades se utiliza maíz en grano, en Chiapas el 99.9 % de la producción se elabora a base de harina de maíz, cuyo precio ha aumentado un 10 % en los últimos dos años.
Detalló que actualmente la harina se cotiza en 18 mil 500 pesos por tonelada, mientras que el maíz oscila entre 8 mil y 10 mil pesos, dependiendo de la región, lo que representa una diferencia sustancial en los insumos básicos.
Aunque se les ha ofrecido un descuento en el precio de la harina, este apenas alcanza un 3 %, equivalente a 500 pesos por tonelada, cifra que consideran insuficiente ante el aumento generalizado de otros insumos como el gas, la energía eléctrica, el papel grado alimenticio y las refacciones, estas últimas afectadas por los aranceles al acero provenientes de Estados Unidos.
“Los salarios se nos han incrementado en un 12 %, y los costos de producción siguen subiendo. Así no es posible reducir el precio de la tortilla. La industria de la masa y la tortilla está en punto de quiebra”, afirmó Velasco Anzueto.
Respecto a la propuesta federal de reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, el líder industrial consideró que esta medida es inviable para el sector, ya que la tortilla es un alimento de consumo diario y la mayoría de los establecimientos operan de lunes a domingo, lo que obligaría a contratar más personal y aumentar los costos.
Los industriales insistieron en que cualquier política pública orientada a reducir el precio de este alimento básico debe considerar la realidad operativa y económica de cada región, así como un apoyo más significativo para disminuir los costos de los insumos esenciales.

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