Les ofrecieron el reembolso del curso a cambio de deslindarse de toda responsabilidad, acusan.
Alfredo Pacheco/Ultimátum
Chiapas ocupa el quinto lugar a nivel nacional entre los estados más peligrosos para las personas defensoras de derechos humanos, de acuerdo con datos del Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Así lo informó Damaris Guaza, integrante del Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ).
En entrevista, detalló que en el último año han identificado a 124 personas defensoras y periodistas que han sufrido algún tipo de agresión en la entidad y que actualmente cuentan con medidas de protección. No obstante, advirtió que esta cifra corresponde únicamente a los casos denunciados, por lo que existe un subregistro importante debido al temor y la desconfianza para acudir a las autoridades.
“Creemos que en muchas ocasiones hay distintos factores, como el miedo y la desconfianza, que impiden a las personas defensoras presentar denuncias, ya que hacerlo podría generarles mayores vulnerabilidades y exponerlas a nuevas agresiones”, señaló.
Guaza explicó que los grupos más afectados son quienes defienden derechos vinculados a la tierra y el territorio, así como periodistas y comunicadores. Recordó que México se encuentra entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el activismo en derechos humanos, junto con Colombia y Brasil.
Entre los casos más graves registrados en Chiapas, mencionó el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez, ocurrido en octubre de 2024 en San Cristóbal de Las Casas, además de desapariciones, amenazas, intimidaciones y detenciones arbitrarias, hechos que han sido documentados por organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
Respecto a las fuentes de las amenazas, indicó que provienen de distintos frentes y, aunque se han registrado señalamientos hacia presuntos integrantes del crimen organizado, no se cuenta con datos suficientes para determinar con precisión su origen mayoritario.
La activista precisó que el monitoreo de SIPAZ y otras organizaciones abarca de 2024 a la fecha y que el incremento de agresiones es “preocupante”.
En este contexto, hizo un llamado a los gobiernos federal y estatal para que garanticen condiciones que permitan a las personas defensoras de derechos humanos ejercer su labor sin poner en riesgo su integridad.
“En este momento, Chiapas ocupa el quinto lugar a nivel nacional como uno de los estados más peligrosos para las personas defensoras. Hacemos un llamado a revisar qué entendemos por seguridad, a las autoridades y a la sociedad civil para que trabajemos juntos en generar condiciones que garanticen el ejercicio libre y seguro de la defensa de los derechos humanos”, concluyó.

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