La docencia universitaria vive una paradoja: se exige empatía, pero los profesores enfrentan denuncias por ejercer el rigor académico. El avance de derechos ha traído inclusión, pero también vulnerabilidad. Hoy, una evaluación estricta puede leerse como violencia simbólica.
BALANZA LEGAL/Rodolfo L. Chanona
En los últimos años, el ámbito universitario ha vivido una transformación significativa en sus dinámicas internas. El avance de los derechos humanos, la equidad de género y la inclusión, ha sido, sin duda, un logro social indispensable. Sin embargo, en ese proceso también han emergido fenómenos que colocan a los docentes universitarios en una posición de creciente vulnerabilidad, especialmente frente a una generación estudiantil a la que algunos califican como “de cristal” —hipersensible, intolerante a la crítica y poco abierta al disenso— y frente a organismos universitarios DDU, carentes de formación técnica, ética y jurídica para operar con justicia e imparcialidad.
La docencia universitaria se enfrenta hoy a un entorno paradójico, por un lado, se exige un trato más humano, respetuoso y empático hacia los estudiantes; por el otro, los profesores viven bajo una amenaza constante de ser denunciados por actitudes o expresiones que hace apenas unos años eran parte del debate crítico, la ironía académica o el rigor pedagógico. En algunos casos, incluso la evaluación exigente o la negativa a aprobar trabajos mediocres, se interpreta como violencia simbólica, discriminación o acoso.
Este fenómeno no es exclusivo de México, pero tiene particularidades alarmantes en el contexto nacional, donde las universidades públicas y autónomas han creado instancias internas para la atención de quejas por violencia de género, acoso o discriminación. Oficinas —muchas veces encabezadas por activistas o egresadas sin experiencia en derecho ni formación académica sólida— actúan sin criterios claros, sin protocolos consistentes y, en algunos casos, sin respetar el principio de presunción de inocencia ni las garantías del debido proceso.
Docentes universitarios han sido sancionados, removidos de cargos o estigmatizados públicamente a partir de acusaciones anónimas, sin pruebas suficientes ni oportunidad real de defensa. La cultura de la cancelación ha permeado los espacios académicos con fuerza, al grado de imponer una censura preventiva entre profesores que optan por callar temas incómodos o renunciar a enfoques críticos, por temor a ser denunciados.
En este contexto, la figura del docente universitario ha perdido autoridad. Pero no solo autoridad en el sentido vertical o tradicional, sino en su capacidad de liderar procesos formativos desde el conocimiento y la experiencia. Las nuevas generaciones tienden a no distinguir entre un conflicto académico y una agresión personal, confunden la incomodidad con el abuso, y lo más grave, son alentados por activistas, a escalar sus inconformidades a través de vías institucionales que no promueven la mediación ni el diálogo, sino el castigo ejemplar.
Hay que reconocer desde luego, que existen casos reales de violencia, acoso y discriminación, los cuales deben ser atendidos con firmeza. La universidad no puede seguir siendo un espacio impune para el abuso de poder o la violencia estructural; pero la solución no puede consistir en crear defensorías mal preparadas, que terminan siendo utilizadas como instrumentos de venganza personal, espacios de validación emocional o trincheras ideológicas, desde donde se persigue al profesorado.
Los derechos humanos por definición, protegen a todas las personas. No puede haber una visión parcial que solo defienda a ciertos grupos, ni puede aceptarse que se utilicen como armas de persecución o silenciamiento. En este punto, las universidades deben asumir la responsabilidad de profesionalizar sus órganos internos, garantizar procesos imparciales, asegurar la capacitación jurídica de quienes integran las defensorías de atención, pero sobre todo, respetar la pluralidad y la libertad de cátedra.
El desafío es complejo, ¿cómo equilibrar la protección legítima de derechos con la defensa del pensamiento crítico y la libertad de expresión en el aula? ¿Cómo formar estudiantes resilientes y comprometidos sin someter a los docentes al terror de las acusaciones ambiguas o las denuncias sin fundamento?
Una universidad que se pliega al dogma de lo “políticamente correcto” no forma ciudadanos críticos, sino sujetos frágiles, incapaces de tolerar la frustración, el debate o la diferencia. Y un cuerpo docente que enseña desde el miedo o la autocensura no puede cumplir con su misión de formar profesionales íntegros, pensantes y libres.
La solución no está en negar los avances en derechos humanos ni en ridiculizar las sensibilidades emergentes, sino en construir una cultura universitaria que fomente el diálogo, el respeto mutuo y la responsabilidad compartida. Una universidad en la que se escuche tanto al estudiante como al docente, donde las quejas se atiendan con seriedad, pero también con justicia, y donde el conocimiento y la experiencia, no sean tratados como amenazas, sino como pilares esenciales del aprendizaje.
Hoy más que nunca, urge reconfigurar el papel del profesorado universitario en un ecosistema institucional que le permita ejercer su labor con dignidad, respaldo y libertad; porque sin docentes protegidos y respetados, no hay universidad posible.
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