Estrategia exhibe corrupción policiaca

En La Entrevista, el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca reveló que 150 policías, entre ellos más de diez mandos, enfrentan procesos judiciales.

Eric Ordóñez/Ultimátum

La Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) ha detenido a más de 450 elementos de seguridad pública, entre municipales y estatales, en el marco de los operativos de depuración y combate a la corrupción impulsados durante los primeros ocho meses de la administración de Eduardo Ramírez Aguilar.
El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, explicó que al menos 150 de esos elementos enfrentan procesos judiciales y permanecen a disposición de órganos jurisdiccionales. Entre ellos, precisó, hay más de diez mandos policiales investigados por su presunta participación en diversos delitos.
El funcionario detalló que las acciones se extendieron a 14 municipios, con operativos recientes en Huehuetán, donde fueron asegurados 26 policías municipales tras documentarse su participación en la privación ilegal de la libertad de una familia. De las seis personas afectadas, cinco fueron liberadas de inmediato y las autoridades mantenían la búsqueda de un adulto mayor que permanecía desaparecido.
Llaven Abarca señaló que los operativos formaban parte de la estrategia de pacificación iniciada desde el 8 de diciembre de 2024, cuando comenzó el actual gobierno estatal. Recordó que en ese momento el panorama de violencia era generalizado y se extendía en varias regiones, con bloqueos y limitaciones a la libre circulación. De acuerdo con el fiscal, la primera tarea fue contener la ola de violencia registrada en diferentes zonas y recuperar el control territorial.
Explicó que, aunque en la actualidad aún persistían brotes focalizados en dos regiones, la Frailesca y la Sierra, los hechos de violencia eran esporádicos y habían dejado de ser sistemáticos. Para atenderlos, dijo, se mantenía presencia de la Guardia Nacional, el Ejército, corporaciones estatales y municipales, además de la propia Fiscalía General.
El titular del Ministerio Público estatal indicó que uno de los principales retos era recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad y justicia, pues antes de diciembre de 2024 la calificación social hacia estas corporaciones era reprobatoria. Consideró que la proximidad, la rendición de cuentas y la exposición pública de las acciones contribuyeron a revertir esa percepción.
Añadió que, además del combate a los delitos de alto impacto, se daba prioridad a la violencia familiar y a las agresiones sexuales contra menores, consideradas entre las incidencias delictivas más presentes. En este punto, afirmó que se reforzaban programas de atención con la participación del Poder Judicial, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, con el objetivo de proteger a sectores vulnerables como niñas, niños y adolescentes.
El fiscal destacó la firma de acuerdos recientes en el Poder Judicial para incorporar la perspectiva de género y de niñez en la impartición de justicia. Sostuvo que la coordinación interinstitucional era fundamental y que, pese a que algunas dependencias contaban con autonomía, en la práctica trabajaban de manera conjunta bajo el objetivo de reducir la violencia y garantizar la paz en el estado.
Sobre la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Llaven Abarca confirmó que también hay elementos investigados y procesados por delitos como extorsión o abuso de autoridad. Reiteró que la actuación irregular de unos cuantos no representaba a toda la corporación, pero aclaró que cada caso fue judicializado con transparencia.
En relación con Tuxtla Gutiérrez, expuso que la capital del estado permanecía bajo la rectoría de la estrategia de seguridad asumida por el gobierno estatal desde diciembre de 2024. Señaló que se realizaron evaluaciones semanales con la participación de fuerzas federales, estatales y municipales. Como resultado, informó que hasta el 19 de agosto de 2025 se registraban 32 días consecutivos sin homicidios dolosos en la ciudad.
Asimismo, recordó que en la última evaluación de 2023 la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), elaborada por el INEGI, colocó a Tapachula como la ciudad con mayor percepción de inseguridad en el país y a Tuxtla Gutiérrez en cuarto lugar. Frente a ese panorama, dijo, el estado decidió tomar la coordinación de las tareas en ambos municipios para reducir los índices delictivos.
Durante el espacio de La Entrevista de Diario Ultimátum, Llaven Abarca explicó que casos recientes con amplia difusión en redes sociales, como el de Ximena en Tuxtla Gutiérrez, fueron inicialmente registrados como accidentes de tránsito, pero tras las primeras diligencias la investigación se reclasificó como tentativa de feminicidio. Reiteró que la Fiscalía actuó conforme a las evidencias recabadas y sostuvo que los procesos se integraron con base en pruebas que permitieron judicializar a la presunta responsable.
El fiscal indicó que la viralización de casos en plataformas digitales obligaba a la autoridad a transparentar y explicar las diligencias, aunque insistió en que la responsabilidad principal era de la Fiscalía General del Estado como institución. En ese sentido, llamó a la ciudadanía a presentar denuncias formales y confiar en los resultados oficiales, pues recordó que no todas las primeras versiones coincidían con lo que se comprobaba en la investigación ministerial.
Finalmente, Llaven Abarca subrayó que los esfuerzos del gobierno estatal y de la Fiscalía tenían como objetivo que Chiapas se convirtiera en el estado más seguro del país y que Tuxtla Gutiérrez alcanzara la condición de capital más segura. Aseguró que las acciones se intensificarían en los meses restantes de 2025 para consolidar los resultados de la estrategia de pacificación implementada desde diciembre pasado.