El verdadero problema no son los bloqueos en redes, sino lo que exhiben: la fragilidad emocional de algunos servidores públicos. Ser funcionario exige carácter e inteligencia emocional.
REALIDAD A SORBOS/Eric Ordóñez
Lo sé, lo tengo bien claro y previsto: la crítica llega tarde o temprano. Asumo que en algún momento puede ser dirigida a mí. No la desdeño ni la desestimo; más bien la comprendo, porque quienes decidimos estar en la esfera pública lo hacemos bajo la lupa del escrutinio social. Y ese escrutinio no se enfoca en las arrugas, en los rumores de pasillo o en el “me dijeron que dijo”. Se trata de acciones, decisiones y posturas que trascienden a lo personal y se insertan en el ámbito de lo público. Por eso me resulta tan corriente, tan burdo, cuando el debate se reduce a hablar de defectos físicos o a la descalificación ligera. Esa es la ofensa que les repito a mis estudiantes: de eso debemos defendernos, porque lo único que nos diferencia, incluso en tiempos de inteligencia artificial, es el juicio, el buen juicio.
Yo también fui funcionario público y no olvido esa curva de aprendizaje. Me di de topes, aprendí sobre la marcha, pero con el tiempo entendí que antes de abrir la boca hay que leer. Leer todo: las leyes, las obligaciones, las responsabilidades inherentes al cargo. Porque cuando uno asume un encargo público, sus actos dejan de ser personales. Se convierten en actos sujetos al escrutinio ciudadano. Y no lo digo yo: lo dicen las normas, lo dicen las leyes.
Lo confirman también los tribunales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado claro que ningún funcionario puede bloquear en redes sociales a ciudadanos o periodistas cuando esas cuentas son utilizadas para difundir información de interés público. Así lo resolvió en el amparo 1005/2018 y lo reiteró en tesis posteriores: si un servidor público abre una cuenta en X -antes Twitter- o Facebook para dar a conocer su gestión, esa cuenta adquiere carácter público. En consecuencia, bloquear a quien critica vulnera la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información.
En Chiapas también existe un antecedente. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió en 2020 la Recomendación 22/2020 contra el rector de la Universidad Politécnica, precisamente por bloquear en Twitter a la periodista Gabriela Coutiño Montes (CEDH-22-2020-R). La CEDH acreditó que se violentó su derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, subrayando que cuando una autoridad utiliza redes sociales para comunicar sus funciones, no puede excluir arbitrariamente a los ciudadanos. Bloquear equivale a censura y discriminación.
Lo repito para quienes aún no lo entienden: sus redes sociales dejaron de ser “privadas” en el momento en que publicaron información de su encargo. Pretender lo contrario es tan absurdo como cerrar con candado la plaza pública porque alguien gritó una consigna incómoda. Bloquear en redes por incomodidad es el berrinche digital de quienes no están preparados para el cargo.
Y aquí hago una pausa para la ironía. Imagine usted —solo como un ejercicio hipotético— a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno bloqueando ciudadanos porque no soporta la crítica. Una institución que en su misión presume disciplina, transparencia, imparcialidad y rendición de cuentas, pero que, al primer cuestionamiento, reaccionara como un adolescente ofendido. Sería grotesco: el órgano creado para garantizar la ética pública, incapaz de resistir un pixel incómodo en X o en Facebook. Tranquilos, es solo un ejemplo irónico.
La crítica no siempre es cómoda, pero es necesaria. Y la piel sensible no es atributo para un servidor público. La piel sensible se entiende en los primeros desamores, no en el ejercicio de un cargo que se sostiene con dinero del pueblo. Funcionario o funcionaria, a usted se le paga para escuchar, responder y, si corresponde, rectificar. No para silenciar.
La libertad de expresión en democracia implica tolerancia. Implica aceptar que no todos aplaudirán, que habrá voces incómodas, insistentes, duras. Pero mientras esas voces no incurran en delito ni en ofensa desmedida, tienen el derecho pleno de expresarse. Y usted tiene la obligación de escuchar. Porque desde el momento en que rindió protesta, dejó de tener el control absoluto sobre su actuar. Esa es la esencia de la función pública: rendir cuentas, abrir canales, garantizar información.
Las redes sociales son hoy la nueva plaza pública. No entenderlo es no comprender la era en la que vivimos. En esa plaza, como en la de antaño, se debate, se critica, se cuestiona. Y no hay botón de bloqueo que pueda silenciar la voz del pueblo.
Por eso insisto: bloquear en redes sociales a la crítica ciudadana es censura, es inmadurez y es ilegal. Y cada que lo hacen, confirman que no me equivoco: a muchos les falta la madurez para sostener con altura el encargo que el pueblo les confirió.
MIS QUERIDOS PROFESIONALES DE LA SUSCEPTIBILIDAD:
El problema no es el bloqueo en sí, sino lo que revela: la fragilidad emocional de quienes creen que un cargo público se maneja como grupo privado de WhatsApp. Conozco casos en que la primera crítica bastó para romper amistades, cerrar puertas digitales y borrar a quienes antes eran “bienvenidos”. Al final, el papel que desempeñaron fue tan pobre que ni orgullo me daría seguirlos en redes. Solo sirve de ejemplo: para ser funcionario se necesita inteligencia emocional, no piel de cebolla.
Cordial saludo.
