La corrupción y la impunidad siguen debilitando la confianza en las instituciones y frenando el desarrollo democrático del país. Aunque existen medidas legales, persiste la percepción de que los políticos están exentos de la ley, lo que impacta en la participación ciudadana y en la equidad en los servicios públicos.
IDENTIDAD POLÍTICA/José Adán Altúzar Figueroa
La corrupción y la impunidad son fenómenos persistentes que han impactado la vida política en México. Estos problemas pueden debilitar la confianza ciudadana en las instituciones, generar desigualdad social y limitar el desarrollo democrático. Aunque se han implementado medidas para combatirlos, existe una percepción generalizada de que continúan presentes en distintos niveles de gobierno.
Las personas involucradas en estas prácticas pueden incidir en la credibilidad de la democracia mexicana. Los poderes del país se constituyen a través de la integración de las cámaras alta y baja mediante procesos electorales, los cuales han estado marcados por disputas y señalamientos sobre formas de participación de los actores principales. Algunos funcionarios en posiciones de poder obligan a la ciudadanía a evaluar críticamente el cumplimiento de sus responsabilidades.
La corrupción y la impunidad afectan tanto la percepción ciudadana como el acceso equitativo a oportunidades y servicios públicos. Las denuncias contra funcionarios suelen no tener consecuencias legales relevantes, lo que refuerza la sensación de que el poder político puede estar exento de la ley. Esto dificulta avanzar hacia una sociedad más justa y transparente.
Históricamente, la falta de sanciones efectivas ha permitido que algunos políticos mantengan o incrementen su poder, con pocos casos que resultan en castigos que solo exhiben los delitos sin reparar el daño ocasionado al erario. La ausencia de consecuencias reales contribuye a la idea de que las leyes no se aplican de igual forma para todos, especialmente para quienes ostentan cargos de poder, lo que afecta la participación ciudadana y la confianza en los procesos políticos.
Las denuncias públicas sobre corrupción tienen poco efecto si existen mecanismos que encubren el daño patrimonial, ya sea por complicidad o indiferencia. Tras múltiples denuncias, la expectativa social es que se apliquen consecuencias proporcionales a quienes cometen estos actos, incluyendo sanciones legales y devolución de recursos económicos, de lo contrario persiste el juicio social.
La sociedad mexicana plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia. Para impulsar cambios significativos, se considera relevante reforzar la autonomía de las instituciones encargadas de investigar y sancionar la corrupción, así como fomentar una cultura de legalidad desde etapas tempranas de la educación. Estos elementos pueden contribuir a consolidar un país donde el respeto por la ley y el bienestar social sean aspectos accesibles para toda la población.
ULTIMÁTUM
Más de 70 mil millones de pesos en evasión fiscal representan una cifra significativa en el contexto de los indicadores de pobreza nacional. El actor principal se encubre en argumentos inaceptables, la impunidad sigue latente, parece ser que ahora y después de muchos años de disputa e incremento de la deuda, puede ser negociable, algunos responsables de esta decisión, ya se llamen las uñas. Esperemos que esto no suceda. De lo contrario, seguiremos lamentando las malas 6acciones que nos ponen como habitantes y gobernantes de un país donde prolifera la corrupción e impunidad.
Los nombres que aparecen en listas de servidores públicos corresponden a representantes de diversas instituciones. Las denuncias y exposiciones públicas tienden a perder efecto si se emplean distractores, incluso de alto impacto, para desviar la atención ciudadana.
En ocasiones, los temas mediáticos y escándalos sirven para enfocar la atención pública en aspectos ajenos a los desafíos fundamentales del país, como la administración de justicia y el manejo de recursos públicos. Dichos distractores pueden ser utilizados estratégicamente por titulares del poder para minimizar el efecto de denuncias y preservar privilegios existentes.
ULTIMÁTUM DOS
Por el bien de Chiapas, ahora si existe la voluntad política del actor principal de la gobernanza para consolidar los proyectos políticos, económicos y sociales que requieren los chiapanecos, que contribuyen a cambiar nuestra condición. Por el momento, es cuánto.
jaltuzarf@hotmail.com
