La estrategia comercial utilizada por estos actores implica aprovecharse de la necesidad de la población que requiere medicamentos, ofreciendo productos con fórmulas complementarias y, en ocasiones, registros apócrifos.
IDENTIDAD POLÍTICA/José Adán Altúzar Figueroa
El sector de medicamentos en México ha sido históricamente controlado por un reducido grupo de familias, quienes han logrado transformar este negocio en uno de los más rentables, generando cambios significativos en su calidad de vida. Entre estos grupos destaca la familia González Torres, que ha logrado acaparar más del 40% del mercado nacional de medicinas.
La estrategia comercial utilizada por estos actores implica aprovecharse de la necesidad de la población que requiere medicamentos, ofreciendo productos con fórmulas complementarias y, en ocasiones, registros apócrifos. Estas prácticas han suscitado inquietudes sobre la ética y legalidad de la comercialización de medicamentos en el país.
El marcado dominio del mercado por unas cuantas familias ha generado preocupación en torno a la competencia desleal y la limitada oferta de opciones para los consumidores. Diversos expertos advierten que esta concentración de poder puede elevar los precios y restringir el acceso a medicamentos, afectando de manera especial a los sectores más vulnerables de la población.
El negocio es tan rentable que genera recursos económicos hasta para inventar un partido político. El Partido Verde Ecologista de México PVEM, tiene su fuente de financiamiento, además de las prerrogativas logradas por los votos en los procesos electorales, con lo que genera el negocio de las medicinas, toda una estrategia financiera, que seguramente no soporta una auditoría. La cuota de poder la mantiene a través de los espacios en el congreso de la unión.
Advertencia oficial
El gobierno advierte a proveedores que, si no entregan los medicamentos para finales de septiembre, se rescindirán los contratos, se inhabilitarán o habrá denuncias penales si se detecta incumplimiento malintencionado.
En un audio en poder de EL UNIVERSAL de una reunión de autoridades de salud con representantes de farmacéuticas, el pasado 15 de septiembre, Clark les dijo que el gobierno «ya no estaba jugando» y que tenían dos semanas para entregar los medicamentos; de lo contrario, se rescindirían los contratos, sin importar el costo y tiempo que implique.
El subsecretario advirtió que, si después del lapso señalado estas empresas no entregaban los fármacos, se presentarían las denuncias ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
En la conferencia mañanera de ayer, Clark exhibió a las firmas proveedoras de medicamentos e insumos, nacionales y extranjeras, a las que se les dieron contratos y han incumplido incluso hasta en el 100% de los casos.
La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que las empresas tienen hasta el final de este mes para cumplir; de no hacerlo, se inhabilitarán: «Ya no van a poder venderle al gobierno». Advirtió que podría haber denuncias penales por incumplimiento «donde se encuentre que es malintencionado».
Esta postura firme por parte del gobierno refleja la urgencia de garantizar el abasto de medicamentos y proteger el derecho a la salud de la población. Las autoridades recalcaron que no se tolerarán retrasos ni excusas, y que el cumplimiento de los compromisos asumidos en los contratos es prioritario para evitar poner en riesgo los tratamientos de miles de pacientes.
Ultimátum
25 millones de dólares para cualquier mexicano en mucha lana. Salinas Pliego. En México, existe la percepción de que las leyes suelen ser ignoradas y que los mecanismos de control institucional son fácilmente vulnerados por intereses económicos. El poder económico de ciertos individuos puede influir y corromper al poder político, lo que permite prácticas como evadir cantidades significativas, sin enfrentar consecuencias graves por parte de las autoridades. Esta situación ha contribuido a problemáticas estructurales en el país, donde la impunidad y la corrupción impiden el funcionamiento adecuado del Estado de derecho.
En contraste, en Estados Unidos, el control gubernamental y la aplicación de la ley son percibidos como mucho más estrictos. Esta diferencia resalta la importancia de fortalecer las instituciones en México para asegurar el cumplimiento de la ley y combatir la corrupción. Por el momento, es cuánto.
