En México, la legislación en materia de salud no distingue entre una cirugía reconstructiva —con fines médicos— y una cirugía puramente estética —con fines de apariencia— cuando se trata de menores de edad; omisión normativa que, podría parecer un detalle técnico, pero que actualmente se convierte en un asunto de vida o muerte.
BALANZA LEGAL/Rodolfo L. Chanona
La muerte de Paloma Nicole, adolescente de 14 años en Durango tras someterse a una cirugía estética múltiple, no solo estremeció a la opinión pública, también destapó un vacío legal que en el país se había ignorando. En México, la legislación en materia de salud no distingue entre una cirugía reconstructiva —con fines médicos— y una cirugía puramente estética —con fines de apariencia— cuando se trata de menores de edad; omisión normativa que, podría parecer un detalle técnico, pero que actualmente se convierte en un asunto de vida o muerte.
La Ley General de Salud y las Normas Oficiales Mexicanas establecen que todo procedimiento médico requiere consentimiento informado y que, en el caso de menores, este debe ser otorgado por padres o tutores. Sin embargo, nunca se trazó la línea entre operaciones necesarias —como la reconstrucción tras un accidente o una malformación congénita— y aquellas electivas, como implantes mamarios o liposucciones en adolescentes. Así, la interpretación ha quedado en manos de médicos, clínicas y tutores, abriendo la puerta a decisiones apresuradas, motivadas más por estándares de belleza que por criterios de salud.
El caso de Paloma Nicole refleja justamente esa zona gris. Su padre asegura que nunca autorizó la cirugía, que fue decisión de la madre y que incluso se le ocultó la verdadera condición de la joven tras las complicaciones, bajo el pretexto de un falso diagnóstico de COVID-19. La Fiscalía de Durango arrestó al padrasto quién practicó la operación y a su progenitora, acusados de momento, por omisión de cuidado, falsificación de documentos y usurpación de profesión.
La Fiscalía todavía está realizando “estudios patológicos” sobre las causas que originaron la muerte de Paloma Nicole antes de decidir sobre la imputación del delito de homicidio culposo. Sin embargo, más allá de las responsabilidades individuales, la pregunta que flota es ¿cómo fue posible que un hospital autorizara semejante intervención en una menor de 14 años sin que existiera una prohibición expresa?
En países europeos como España, o en gran parte de Estados Unidos, las cirugías estéticas electivas en menores están prohibidas salvo indicación médica comprobada. En México, en cambio, basta con la firma de un tutor para que un adolescente sea sometido a procedimientos de alto riesgo que implican anestesia general, transfusiones y un proceso de recuperación complicado. Es una laguna legal que revela la contradicción del sistema; toda vez que, se reconoce que un menor no tiene la capacidad jurídica para firmar un contrato, comprar alcohol o conducir un automóvil, pero sí puede ser operado para alterar su cuerpo de manera irreversible con el aval de un solo tutor.
El impacto social del caso, ha derivado en la propuesta de la llamada “Ley Nicole”, que busca prohibir cirugías estéticas en menores de 18 años salvo por razones médicas o reconstructivas. La iniciativa también plantea que, en caso de adolescentes cercanos a la mayoría de edad, se realicen valoraciones psicológicas y médicas exhaustivas antes de autorizar cualquier procedimiento. Es, en esencia, un intento de poner un freno a un mercado creciente de la cirugía estética juvenil que, al amparo de la moda y la publicidad en redes sociales, ha ganado terreno entre familias que, muchas veces, confunden aceptación con exposición al riesgo.
El debate legislativo no es menor, regular este tipo de procedimientos implica confrontar a la industria de la cirugía estética, que mueve millones de pesos al año en México y que ve en los adolescentes un nicho de mercado creciente. También interpela a la sociedad en su conjunto, cuando nos preguntamos ¿qué mensaje estamos transmitiendo a las niñas y jóvenes al normalizar que, a los 14 años, la solución a la inseguridad corporal pase por un quirófano?
Pero más allá de la discusión cultural, lo urgente es lo jurídico. El interés superior del menor, principio recogido tanto en la Constitución como en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, debería ser suficiente para impedir que un adolescente sea sometido a una cirugía estética no necesaria. La omisión de la ley, al no distinguir entre lo reconstructivo y lo estético, deja en la indefinición casos como el de Paloma Nicole, donde la responsabilidad se dispersa entre médicos, tutores y autoridades hospitalarias, mientras la víctima ya no está para contar su versión.
El gobernador de Durango ha prometido que no habrá impunidad y que se llegará hasta las últimas consecuencias. La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica suspendió al médico implicado y anunció colaboración con las autoridades. Pero la justicia penal, que camina lenta y que depende de peritajes y necropsias, no bastará para cerrar la herida social. El país necesita una reforma legal que impida que un menor sea tratado como un adulto en quirófanos donde el bisturí no distingue entre moda y medicina.
Hoy Paloma Nicole es un nombre, un rostro, una historia que duele; pero mañana podría ser cualquier otro adolescente, arrastrado por la presión social o por decisiones paternas cuestionables, sometido a una operación que nunca debió permitirse. El vacío legal ya mostró su rostro más trágico. Ahora toca al Congreso decidir si México seguirá confiando en el “consentimiento informado” como salvaguarda, o si por fin reconocerá que hay límites que la ley debe trazar con claridad.
