El abogado Gabriel Soberano Velasco alertó que cambios legales provocaron confusión y abusos.
Eric Ordóñez/Ultimátum
El abogado Gabriel Soberano Velasco sostuvo que las recientes modificaciones al delito de extorsión provocaron confusiones operativas, incentivos perversos y un aumento de judicialización innecesaria en Chiapas. En entrevista con Ultimátum MX, explicó que la falta de criterios claros para el Ministerio Público y la diversidad de interpretaciones entre fiscalías y juzgados derivaron en efectos no previstos: controversias administrativas o civiles se encuadraron como asuntos penales, con costos económicos y sociales para familias enteras.
Detalló que el diseño de la reforma se impulsó sin un diagnóstico sociológico y jurídico que midiera alcances, límites y repercusiones. Subrayó que, al no existir lineamientos uniformes, muchos operadores prefirieron “consignar primero y aclarar después” para evitar señalamientos de omisión. Ese reflejo, dijo, saturó agencias, alentó detenciones preventivas y desplazó los mecanismos alternativos que el propio sistema contempló antes de llegar a la prisión.
Soberano Velasco ejemplificó con tres escenarios recurrentes. Primero, superiores jerárquicos que exigieron reintegros tras auditorías fueron denunciados por la persona observada, pese a que la orden atendía una obligación administrativa. Segundo, gestores de cobranza de cadenas comerciales resultaron acusados cuando realizaron visitas para recuperar adeudos; terceras personas convirtieron dichas diligencias en imputaciones penales. Tercero, conflictos privados —originados en préstamos informales— escalaron a carpetas por extorsión debido a conversaciones tensas, amenazas aparentes y audios sacados de contexto.
Advirtió que la mediatización de casos en redes sociales influyó en decisiones apresuradas y debilitó el debido proceso. Recordó que el señalamiento público nunca sustituyó la investigación y que la prueba debía integrarse con rigor. Reconoció la responsabilidad profesional de medios formales, pero lamentó que publicaciones anónimas difundieran versiones incompletas que afectaron reputaciones y condicionaron la narrativa de hechos aún no verificados.
El jurista precisó que el Código previó catorce medidas cautelares antes del encarcelamiento, como presentación periódica, arraigo domiciliario o supervisión electrónica. Sin embargo, afirmó que en la práctica se eligió con facilidad la prisión preventiva, aun cuando existieron alternativas suficientes para garantizar la comparecencia. Ese uso extensivo, aseguró, incrementó gastos familiares en asesorías, traslados y peritajes, además de interrumpir proyectos laborales y educativos.
Al abordar fraudes telefónicos y cobro de piso, señaló que las llamadas desde líneas desechables o no rastreables complicaron la investigación, y recomendó prudencia al adquirir teléfonos de segunda mano. Explicó que los equipos conservaron identificadores técnicos independientes del número de línea, de modo que una compra “de oportunidad” pudo colocar a una persona ajena al delito bajo sospecha hasta que acreditara su procedencia lícita.
El entrevistado también cuestionó sanciones simbólicas o desproporcionadas. Afirmó que elevar penas a cifras impracticables no mejoró la procuración de justicia si las tipificaciones quedaron mal construidas o si los elementos del tipo resultaron difíciles de acreditar. “Coherencia, aplicabilidad y proporcionalidad” —recalcaron sus respuestas— debieron guiar cualquier ajuste normativo para evitar absoluciones por atipicidad o por fallas probatorias.
En materia de violencia contra las mujeres, indicó que la persecución penal exigió adecuaciones típicas correctas y rutas institucionales definidas. Dijo que conductas de convivencia, faltas cívicas o conflictos vecinales no siempre correspondieron a la vía penal y pudieron resolverse en juzgados cívicos o por mecanismos alternativos. Sostuvo que cargar cada incidente a fiscalías restó tiempo a investigaciones prioritarias y frustró a las víctimas cuando los expedientes no prosperaron por falta de elementos.
Respecto a protección animal, remarcó que las reformas debieron acompañarse de criterios probatorios y registros de tenencia responsable para reducir controversias sobre propiedad y maltrato. Recordó que, sin herramientas de acreditación, los casos se diluyeron en tecnicismos que favorecieron la impunidad o alentaron denuncias sin sustento.
Soberano Velasco insistió en una ruta de corrección: emisión de criterios públicos para el Ministerio Público, capacitación a policías y fiscales en adecuación típica, uso efectivo de soluciones alternas y un comité técnico que evaluara el impacto real de cada reforma. Pidió escuchar a quienes litigan todos los días para identificar vacíos, contradicciones y efectos no deseados antes de aprobar cambios.
Finalmente, confirmó que impulsaría, por la vía institucional, la defensa de la colegiación frente a suplantaciones de representación gremial, y agradeció el espacio para explicar implicaciones prácticas de la legislación vigente. Llamó a la ciudadanía a informarse, a documentar sus casos con pruebas y a privilegiar canales formales de denuncia. “Una norma clara, criterios uniformes y operadores capacitados —concluyó— redujeron abusos, bajaron costos sociales y devolvieron confianza al sistema”.
