La presidenta destacó que el aumento se logró sin subir impuestos.
Sandra Paredes/Ultimátum
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la recaudación de enero a septiembre de 2025 alcanzó 4.6 billones de pesos, es decir, 542 mil millones más que en el mismo periodo de 2024, lo que refleja —dijo— la confianza de las y los mexicanos en un gobierno que utiliza los recursos públicos con transparencia y honestidad.
“Un aplauso para el equipo de Hacienda, pero sobre todo para las y los contribuyentes. Esto muestra no solo confianza, sino el cumplimiento del pago de impuestos de casi el 100 por ciento de los mexicanos”, señaló la mandataria durante su conferencia matutina “Las Mañaneras del Pueblo”.
Destacó que este incremento del 9.1 por ciento en términos reales se logró sin aumentar impuestos ni derechos, y atribuyó los resultados al compromiso de la ciudadanía, así como al trabajo coordinado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“La recaudación alcanza cifras históricas, con 500 mil millones de pesos adicionales de ingresos, de los cuales cerca de 200 mil provienen de aduanas, sin que se haya incrementado la carga fiscal”, explicó Sheinbaum Pardo, al subrayar que el cumplimiento responsable de empresarias, empresarios y contribuyentes ha sido clave para fortalecer las finanzas nacionales.
El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, informó que para 2026 se proyectan ingresos por 6.4 billones de pesos, destinados a programas sociales, educación, salud, vivienda e infraestructura. Explicó que la meta representa un crecimiento del 4.3 por ciento en términos reales respecto al año anterior, sin crear nuevos impuestos ni modificar los existentes sobre la renta o el valor agregado.
“El eje sigue siendo el combate a la corrupción, a los privilegios y a la evasión fiscal”, puntualizó.
Por su parte, el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, destacó que el incremento en los ingresos se debe a una recaudación más eficiente y a las medidas implementadas para frenar prácticas ilícitas como la venta de facturas falsas, delito que ya contempla prisión preventiva oficiosa en las reformas fiscales propuestas.
Entre las modificaciones se incluyen: la prohibición de inscribir empresas vinculadas a factureras, la baja inmediata del sello de facturación para quienes participen en estas redes, y la reducción de los procedimientos legales a un máximo de 24 días, garantizando siempre el derecho de audiencia.