Chiapas ha mantenido por años un rezago estructural en diversas vertientes: infraestructura, movilidad, servicios públicos y digitalización.
COLABORACIÓN INVITADA/Manuel Alejandro Cruz
La modernidad no es una opción frente a la obligación de un Estado que se ha comprometido —por mandato constitucional y convencional— a avanzar. Chiapas ha mantenido por años un rezago estructural en diversas vertientes: infraestructura, movilidad, servicios públicos y digitalización. Y mientras otras entidades dan pasos firmes hacia la modernidad administrativa, nuestra entidad parece caminar con freno de mano puesto.
En el siglo XXI, la vía digital se ha convertido en un instrumento indispensable para satisfacer necesidades ciudadanas. Trámites, educación, salud, justicia, participación ciudadana: todo converge en un entorno donde la tecnología puede y debe facilitar la vida de las personas. La justicia eficiente no se alcanza únicamente con leyes bien redactadas, sino con instituciones que sepan adaptarse a nuevas realidades tecnológicas.
Un ejemplo claro es el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, que permite a cualquier ciudadano mostrar su licencia de conducir tanto en formato físico como digital. Este avance no es menor: significa abrir la puerta a mecanismos modernos, reducir filas, costos y riesgos de corrupción. Significa, además, aplicar un principio jurídico fundamental en materia de derechos humanos: la progresividad, que obliga a los Estados a ampliar el alcance y la accesibilidad de los derechos, no a restringirlos.
En 2021, los secretarios de Seguridad Pública del país acordaron homologar el formato de licencias digitales, dejando en manos de cada estado la decisión de implementarlas. Pero aquí está el núcleo político: la adopción no depende de la tecnología, depende de la voluntad política. No hay impedimentos técnicos; hay intereses económicos y una visión anclada en el pasado.
Mantener el esquema tradicional de licencias físicas representa un negocio para proveedores, gestores y actores que se benefician de la emisión de plásticos, de trámites burocráticos y de la inercia institucional. Pero esta lógica es incompatible con una administración moderna, transparente y cercana a la ciudadanía.
La digitalización de las licencias no es un capricho: es una exigencia democrática, una muestra de respeto a la ciudadanía y una señal clara de que el Estado está dispuesto a avanzar. Resistirse al cambio es enviar el mensaje de que los intereses particulares pesan más que el interés público.
Chiapas no puede aspirar a transformaciones profundas mientras siga eludiendo los cambios básicos que otras entidades ya asumieron. La tecnología no es el futuro: es el presente. Lo verdaderamente urgente es que la política esté a la altura de la ciudadanía. Porque cuando el Estado se estanca, no se detiene el tiempo: se detiene el progreso de la gente.
