Durante su sexenio, Chiapas vivió años oscuros, marcados por la violencia, los asesinatos y las desapariciones. Fueron tiempos de masacres silenciadas, cuerpos colgados, carreteras tomadas por el crimen, y una institucionalidad reducida al discurso.
REALIDAD A SORBOS/Eric Ordóñez
El 14 de enero de 2020, la vida de Adriana Gómez Martínez y su familia se partió en dos. Aquel día, su hija Jade Guadalupe, de apenas 13 años, fue hallada sin vida en los baños del Instituto del Deporte de Tuxtla Gutiérrez. Al frente del Indeporte estaba entonces Tania Valeria Robles Velázquez.
La noticia no se la dieron autoridades ni funcionarios; se enteró por un compañero de su hija. Esa primera omisión —característica de la administración de Rutilio Escandón, que encabezó un gobierno paralelo a la realidad de Chiapas— fue el inicio de una larga cadena de desconfianza. Cuando todos veían violencia e inseguridad, él veía paz y bandas nubosas.
Desde el comienzo, el manejo del caso fue errático. Para cuando los peritajes oficiales confirmaron el suicidio —dictamen que después fue corroborado por otras instancias—, la credibilidad institucional ya se había perdido. En la narrativa de Adriana Gómez, los tropiezos iniciales marcaron el resto del proceso. Y es que cuando el Estado falla en la primera atención, todo lo demás se vuelve sospechoso.
Adriana, como cualquier madre que ha perdido a un hijo, no esperaba solo respuestas, sino razones; razones que pudieran convencer al alma que sufre una pérdida que ningún documento puede explicar. Pero ¿cómo confiar en una versión cuando la respuesta institucional llegó tarde, fragmentada y sin sensibilidad? La perspectiva de género no consiste en asumir automáticamente la existencia de un crimen, sino en garantizar que toda investigación se conduzca con la debida diligencia, con respeto a la víctima y con empatía hacia quienes quedan vivos.
En este caso, el problema no fue únicamente el dictamen técnico, sino la ausencia de acompañamiento humano. La desconfianza de Adriana no nace del resultado pericial, sino de la manera en que se le trató: una mujer sola frente a una burocracia sin rostro, que habló con expedientes cuando debió hacerlo con empatía.
Y ahí, en esa grieta entre lo institucional y lo humano, se instala la duda. Una duda que duele más que la verdad, porque no busca venganza, sino algo que parece imposible: una explicación que consuele y una justicia que abrace.
LA HERENCIA MALDITA DE RUTILIO
Cinco años después, el nombre de Jade se pronuncia en las voces de Madres en Resistencia, mujeres que no solo buscan justicia para sus hijas, sino también para todas las que ya no están. Su protesta frente a la Fiscalía General del Estado (FGE), bloqueando parcialmente el Libramiento Norte, no nació de la rabia repentina. En sus rostros se refleja la herencia de un gobierno que no supo mirar a las víctimas, que se negó a escuchar y a responder.
Durante el sexenio de Rutilio Escandón, Chiapas vivió años oscuros, marcados por la violencia, los asesinatos y las desapariciones. Fueron tiempos de masacres silenciadas, cuerpos colgados, carreteras tomadas por el crimen, y una institucionalidad reducida al discurso
Mientras tanto, las madres tocaban puertas, enviaban oficios, marchaban y recibían portazos. Portazos de Estado. Portazos de un gobierno incapaz de asumir la dimensión humana de su omisión.
SE LES HIZO TARDE
La protesta que hoy mantienen frente a la Fiscalía no es un desafío al gobierno actual: es la evidencia viva de lo que el anterior dejó pendiente. Es el reclamo legítimo de mujeres que claman la justicia que se les negó en los momentos más críticos, cuando Chiapas estaba secuestrado por la violencia y el miedo.
Durante años, mientras la población vivía con el sobresalto de los retenes criminales y los hallazgos macabros, las madres que buscaban a sus hijas fueron ignoradas. Y esa indiferencia institucional es también una forma de violencia.
Hoy, al menos, hay mesas de atención, hay diálogo. Hay voluntad política que no existía antes, y eso —sin ser suficiente— representa un paso necesario. La reparación empieza por escuchar, y aunque los resultados no se midan en horas ni en discursos, la escucha ya es una forma de justicia.
LA OMISIÓN TAMBIÉN ES DELITO
Rutilio Escandón no escuchó. No quiso. Prefirió el confort de su gabinete, el eco de los aplausos y el silencio ante el dolor. Las Madres en Resistencia son la herencia viva de su desdén. No protestan por revancha, sino por memoria.
El bloqueo del Libramiento Norte es, en el fondo, un espejo: refleja lo que pasa cuando el Estado se ausenta, cuando la justicia se posterga y cuando las víctimas se cansan de esperar.
Hoy, hay voluntad de reconstruir los canales rotos, pero la deuda sigue siendo grande. Chiapas le debe a sus mujeres algo más que flores en un monumento: les debe verdad, respeto y reparación.
Cordial saludo.
