Este ausentismo ocurre en un contexto donde hartazgo de los ciudadanos a los excesos de la clases política y se reclama la fiscalización del poder, esto cobró relevancia tras el caso de Cuauhtémoc Blanco.
PUNTO DE FUGA/Alfredo Pacheco
“El que no quiera trabajar, que no coma”, dice la biblia en el versículo 2 de tesalonicenses 3. 10 y en él se enfatiza la obligación de trabajar para obtener un sustento.
A la sesión del pasado miércoles 29 de octubre de 2025 en San Lázaro, sólo acudieron 297 de los 500 diputados que integran la Cámara de Diputados; es decir, 203 legisladores se ausentaron, esa cifra es por demás preocupante, pues el casi 41 por ciento de quienes se dicen representantes del pueblo decidieron no presentarse a trabajar.
Siendo honestos, a cualquier persona que no se presenta a trabajar sin un justificante médico por incapacidad o algún otro tema, se le descuenta el día e incluso pone en riesgo su empleo, sin embargo, para los legisladores mexicanos no es así.
Este ausentismo ocurre en un contexto donde hartazgo de los ciudadanos a los excesos de la clases política y se reclama la fiscalización del poder, esto cobró relevancia tras el caso de Cuauhtémoc Blanco, diputado morenista quien se conectó a una sesión de la Comisión de Presupuesto desde una cancha de pádel, solo para pedir que le contaran la asistencia mientras se escuchaban raquetazos de fondo y se desconectó sin votar.
Que las sesiones puedan celebrarse virtualmente desde el 2020 se ha convertido en coartada para que legisladores faltistas puedan diluir la responsabilidad, ¿ los ciudadanos no toleraríamos que un trabajador público registrara horas de trabajo mientras está de paseo, ¿por qué aceptar que un legislador lo haga en el recinto del Congreso o desde el sillón de su casa?.
Cabe señalar que algunos diputados están en contra de esto; como Ricardo Monreal, líder de la bancada morenista en San Lázaro quien informó los congresistas de su partido, que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), las sesiones se llevarán a cabo de manera presencial en el Palacio Legislativo prácticamente en lo que resta del año.
Lamentablemente parece que esta situación lejos de mejorar va a escalar, ya que en el Senado de la República se aprobó un acuerdo que permite a las comisiones sesionar virtualmente desde cualquier lugar, incluso cuando se debaten asuntos de alto impacto como reformas constitucionales, lo que sin duda es peligrosísimo para el destino del país.
El riesgo es claro, se abre la puerta a que la ausencia física del legislador sea la regla y no la excepción, y con esa práctica se instala una semilla para la crisis de legitimidad del poder legislativo.
Las ausencias de los legisladores deben sancionarse, ya que –en teoría– los ciudadanos elegimos a nuestros representantes para que acudan al recinto, debatan y voten por el bien de sus representados, y cuando no lo hacen, se rompe el principio de representatividad.
Además la asistencia no es un mérito, sino como lo mencione antes, es lo que se espera de alguien que trabaje y además es un mecanismo visible para la vigilancia de las iniciativas que se votan o desechan.
