La figura central de esta crisis es Claudia Patricia Ulloa Zenteno.
Balanza Legal/Rodolfo L. Chanona
El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas -STSGECH- atraviesa un momento definitorio. Lo que se pretendió disfrazar como un simple relevo sindical terminó exhibiendo un modelo de conducción agotado, personalista y ajeno a los principios democráticos que deben regir a toda organización sindical de trabajadores. Hoy, el STSGECH se encuentra formalmente acéfalo, jurídicamente desarmado y políticamente fracturado, pero también frente a la oportunidad histórica de recuperar su esencia colectiva.
La figura central de esta crisis es Claudia Patricia Ulloa Zenteno. Electa en 2019, su dirigencia acumuló señalamientos por opacidad, autoritarismo y la obsesión de prolongarse en el poder. La reforma estatutaria con la que intentó extender su mandato hasta 2031 fue la expresión más clara de ese proyecto de apropiación personal del sindicato. Pero el derecho laboral mexicano es claro, la elección de las dirigencias sindicales deben de llevarse a cabo, a través del voto libre, personal, directo y secreto; siendo un derecho humano reconocido en la reforma de 2019, y ningún liderazgo puede colocarse por encima de él.
La sentencia del amparo 758/2025, confirmada por el recurso de revisión 204/2025, desmontó por completo el intento de perpetuación. El Poder Judicial estableció que no existe facultad para ampliar periodos y que la interpretación de Ulloa violaba frontalmente la normativa burocrática y los principios democráticos. En términos jurídicos, fue una derrota total.
Pero, como suele ocurrir con los liderazgos que confunden la representación con la propiedad, Ulloa insistió. El 11 de noviembre lanzó una convocatoria exprés, con apenas tres días de plazo para registrar planillas, diseñada claramente para excluir a la oposición. La Planilla Verde, encabezada por la Dra. Olga Mabel López Pérez, fue bloqueada sin argumento legal alguno. La respuesta llegó por la vía institucional, se presentó la demanda correspondiente ante el Juzgado Tercero Burocrático, radicada en el expediente JOLC/186/2025.
El resolutivo reciente a esta demanda por parte de ese órgano jurisdiccional, representó el quiebre definitivo. No dejó lugar a dudas, Claudia Patricia Ulloa no ostenta cargo alguno; no existe Comité Central Ejecutivo reconocido, el sindicato se encuentra acéfalo, y la convocatoria del 11 de noviembre es absolutamente nula. En consecuencia, no hay proceso electoral en curso ni autoridad con toma de nota válida. Jurídicamente, la estructura sindical quedó suspendida en el vacío.
Este escenario jurídico tiene un profundo impacto político. Durante meses, la dirigencia operó sin legitimidad, sin facultades y, en algunos casos, cometiendo posibles violaciones laborales y administrativas (retención de documentos, uso indebido de recursos sindicales, convocatorias irregulares y un persistente intento de restringir derechos democráticos). Esto no es menor, en el ámbito público, estas acciones pueden derivar en responsabilidades tanto civiles, laborales, como penales.
La conferencia de prensa encabezada por la Dra. Mabel López del 08 de diciembre del año en curso, reveló algo que trasciende y es más importante que la figura de Ulloa. Descubrió la descisión de la base trabajadora de romper el silencio y defender el sindicato como patrimonio colectivo. La exigencia de entregar documentos, resguardar archivos y evitar el uso político de la información no es solo una queja, es una postura política de fondo. El sindicato pertenece a quienes lo sostienen, no a quienes intentan secuestrarlo.
La propuesta de convocatoria a una Asamblea General para conformar una dirigencia provisional representa el inicio de la recomposición institucional. La ley ya corrigió los abusos; ahora corresponde a la base asumir el control legítimo del proceso. La vida laboral de miles de trabajadores depende de una representación válida, y el vacío no puede prolongarse.
Lo que ocurre en el STSGECH no es un caso aislado. Es un espejo del sindicalismo chiapaneco y nacional, donde aún subsisten prácticas caciquiles que chocan con la nueva legislación laboral. Hoy quedó claro que la voluntad colectiva, cuando se articula jurídicamente, tiene la fuerza suficiente para derribar cualquier intento de perpetuación.
La caída de una dirigencia ilegítima no es un final, sino al contrario, es la posibilidad de reconstruir un sindicato más democrático, más transparente y políticamente más fuerte. La historia del STSGECH seguirá escribiéndose, pero esta vez — por decisión de la base— prevaleciendo la legalidad y dignidad.
La acciones sindicales no se realizan desde los escritorios, sino desde la fuerza de quienes sostienen la vida institucional todos los días. Hoy, la base trabajadora del STSGECH lo está recordando con absoluta claridad y es momento de reivindicar a las bases como la parte fundamental de las organizaciones sindicales.
