De acuerdo con testimonios recabados, existe un video en el que presuntamente se observa a la funcionaria consumiendo bebidas alcohólicas dentro de oficinas gubernamentales
Señalamientos graves pesan sobre Guadalupe Elizabeth Santiago Ballinas, funcionaria adscrita a la Comisión Estatal de Búsqueda (CEAB), luego de que ciudadanos denunciaran presuntas conductas irregulares al interior de esta dependencia encargada de la búsqueda de personas desaparecidas.
De acuerdo con testimonios recabados, existe un video en el que presuntamente se observa a la funcionaria consumiendo bebidas alcohólicas dentro de oficinas gubernamentales y en horario laboral. De confirmarse la autenticidad del material, se trataría de una falta grave al servicio público, particularmente delicada por la naturaleza sensible de la institución en la que labora.
A estos señalamientos se suma la denuncia de una persona que afirma haber sido engañada con una supuesta promesa de empleo, para la cual le habrían solicitado 30 mil pesos, sin que hasta el momento se haya concretado lo ofrecido. Por temor a represalias y debido al cargo de la señalada, la persona afectada no presentó denuncia formal en su momento.
El mismo testimonio refiere que, durante su estancia en la dependencia, habría sido testigo de presuntas irregularidades administrativas, entre ellas la manipulación de cotizaciones y el trato preferencial hacia determinadas empresas, situación que motivó su retiro. Quienes aportaron esta información solicitaron mantener el anonimato, ya que actualmente laboran en otras dependencias gubernamentales y temen consecuencias laborales o personales.
Resulta especialmente alarmante que este tipo de acusaciones recaigan sobre una funcionaria cuya responsabilidad directa es atender uno de los temas más sensibles del estado: la búsqueda de personas desaparecidas, en un contexto donde cientos de familias chiapanecas viven entre la incertidumbre, el dolor y la espera de justicia.
Ante la gravedad de los hechos, corresponde a los órganos de control interno, así como a la Secretaría de la Honestidad, la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría del Estado, investigar a fondo, verificar la autenticidad del material audiovisual y deslindar responsabilidades, para evitar que la impunidad siga erosionando la confianza ciudadana en las instituciones.