Mientras a nivel estatal se continúa avanzando con decisión, la omisión municipal puede convertirse en el eslabón más débil de la estrategia de seguridad. Este año está comenzando con determinación y sus primeras señales ya son claras.
MÁS ALLÁ DEL DISCURSO/CARLOS SERRANO
El arranque de este 2026 está dejando varias lecturas relevantes sobre lo que se espera en materia de seguridad ciudadana, prevención de riesgos y combate a la impunidad. No son asuntos aislados ni coyunturales, son temas que comienzan a marcar el ritmo del año y a perfilar el alcance de las decisiones públicas.
Durante la segunda semana de enero, el asunto que dominó la agenda nacional fue, sin duda, la relación bilateral entre México y Estados Unidos, marcada por tensiones diplomáticas, amenazas de intervención y la exigencia de resultados en el combate a los generadores de violencia. En ese contexto, es necesario reconocer la mesura y el tacto político de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, a través del diálogo y la diplomacia, respondió con inteligencia a las declaraciones provenientes de la Casa Blanca sobre posibles operaciones militares en territorio mexicano, bajo el argumento de combatir el tráfico de fentanilo y armas que realizan los llamados “cárteles terroristas”.
Un segundo tema que ha ocupado un lugar central en la agenda es el de las condiciones climáticas adversas, derivadas de intensas lluvias, vientos fuertes y un marcado descenso de temperatura a causa de los frentes fríos, que han afectado a diversas regiones del país, incluido Chiapas. En este rubro, el estado ha dado pasos importantes a iniciativa del gobernador Eduardo Ramírez, quien ha intensificado recorridos en municipios de regiones como Altos tsotsil-tseltal, De los Bosques, Meseta Comiteca Tojolabal y Soconusco, entre otras. En estas zonas ya se tienen identificadas las comunidades más vulnerables y se despliegan acciones preventivas y sensibles como parte del Programa Especial de Protección Civil para la Temporada Invernal, con un enfoque claramente social.
En materia de segurIdad, el reto es aún más amplio y exige acciones contundentes, sostenidas y articuladas. Este eje es prioritario tanto para el Gobierno federal como para el estatal. En el caso de Chiapas, desde el año pasado se logró un cambio significativo en la percepción de seguridad, y los datos así lo respaldan. Hace un año, por estas fechas, se informaba la detención de mil 315 personas entre el 8 de diciembre y el 8 de febrero; la ejecución de 341 órdenes de aprehensión; la localización de 159 personas; mil 71 imputados y vinculados a proceso; el aseguramiento de 185 armas, 7 mil 718 dosis de estupefacientes y la recuperación o aseguramiento de mil 149 vehículos.
Son cifras que colocaron la vara muy alta y que evidencian dos elementos fundamentales: primero, una decisión firme para atender la problemática de seguridad desde el primer momento; y segundo, una estrecha coordinación entre las instancias estatales, la federación y los municipios. En ese mismo proceso se inició una operación quirúrgica para sanear corporaciones policiales y devolver la confianza ciudadana.
No ha sido una tarea menor, puesto que más de 500 policías han sido detenidos, desde mandos hasta personal operativo. Pero la instrucción del gobernador fue más allá. Como resultado de labores de inteligencia e investigación, hoy enfrentan procesos judiciales varios presidentes municipales: el de Cintalapa, detenido recientemente junto con dos de sus funcionarios; los de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Frontera Comalapa y Bellavista, detenidos el año pasado, y posiblemente también el de Ocozocoautla, quien tras los recientes operativos en la región dejó de presentarse en el ayuntamiento, se amparó, solicitó licencia indefinida y está a salto de mata.
¿Qué nos dicen estos datos? Que la impunidad dejó de ser una opción. En torno a las decisiones que se están tomando para afinar la maquinaria en el ámbito nacional y estatal, este fin de semana trascendió el relevo de Neri León Aragón de la representación de la Fiscalía General de la República y el nombramiento de María Eugenia García como nueva titular en Chiapas, con la encomienda de fortalecer la coordinación en materia de seguridad y justicia. Diversas fuentes señalan que la nueva delegada, además de ser chiapaneca, cuenta con la confianza del Ejecutivo estatal, particularmente por una sólida relación de colaboración que construyó con la Secretaría de Seguridad del Pueblo y con la Fiscalía General del Estado.
Donde el panorama es preocupante es en Tuxtla Gutiérrez. En la capital del estado no existe una presencia preventiva visible y la seguridad vial es un desastre. No hay vigilancia en calles, bulevares ni libramientos. Las cifras hablan por sí solas y es que en lo que va de enero se ha incrementado de manera alarmante el número de accidentes, varios de ellos con víctimas fatales. El 60 % de estos hechos involucra a motociclistas, donde los factores se repiten, entre ellos el exceso de velocidad, consumo de alcohol, falta de casco y, para colmo de males, unidades sin placas de circulación.
El contraste es evidente. Mientras a nivel estatal se continúa avanzando con decisión, la omisión municipal puede convertirse en el eslabón más débil de la estrategia de seguridad. Este año está comenzando con determinación y sus primeras señales ya son claras.