COLABORACIÓN INVITADA/ENRIQUETA BURELO
Noruega se ha consolidado como un referente internacional en la protección de los derechos de la infancia al prohibir de manera absoluta los castigos físicos y cualquier forma de trato humillante contra niñas, niños y adolescentes. Su legislación deja claro que ninguna forma de violencia puede justificarse como método de crianza, ni siquiera aquellas prácticas que durante décadas fueron socialmente aceptadas como “correctivos leves”.
El camino noruego comenzó temprano. Desde 1936 se prohibieron los castigos corporales en las escuelas, y en 1987 el país dio un paso decisivo al reformar su legislación para extender esta prohibición al ámbito familiar. Posteriormente, en 2010, se reforzó el marco legal para eliminar cualquier ambigüedad: golpear, empujar o ejercer violencia física o psicológica contra menores es ilegal, aun cuando se alegue un fin educativo. Este enfoque se acompaña de políticas públicas de crianza positiva, apoyo a las familias y una fuerte educación social basada en los derechos humanos.
En contraste, México ha avanzado más recientemente en esta materia. Durante años, el castigo físico fue tolerado culturalmente y, en algunos casos, legalmente invisibilizado bajo el argumento de la “disciplina”. Sin embargo, a partir de reformas impulsadas en la última década, el país ha comenzado a reconocer de manera explícita que los castigos corporales y humillantes vulneran la dignidad y el desarrollo integral de la infancia.
Un punto clave fue la reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que prohíbe el uso de golpes, gritos, humillaciones o cualquier trato degradante como método de corrección, tanto en el hogar como en instituciones educativas o de cuidado. La legislación mexicana establece que la crianza debe basarse en el respeto, el acompañamiento y métodos de disciplina positiva.
No obstante, a diferencia de Noruega, el reto en México no es solo jurídico, sino cultural y operativo. Aunque la ley es clara, su aplicación enfrenta resistencias sociales, falta de información, escasa capacitación institucional y una débil articulación de políticas públicas que acompañen a madres, padres y cuidadores en la transición hacia modelos de crianza no violentos.
La comparación entre ambos países muestra dos realidades distintas, pero también una oportunidad. Noruega demuestra que prohibir el castigo físico no destruye la autoridad parental, sino que fortalece relaciones basadas en el respeto y la confianza. México, por su parte, ha dado pasos importantes al reconocer el derecho de la infancia a una vida libre de violencia; ahora el desafío es convertir la ley en práctica cotidiana.
Erradicar los castigos físicos no es solo una cuestión legal, sino un cambio profundo en la manera en que una sociedad concibe a sus niñas y niños: no como objetos de corrección, sino como sujetos plenos de derechos.