Las sanciones aumentarán cuando las víctimas pertenezcan a comunidades indígenas o afromexicanas.
El Congreso del Estado está por dar un paso clave: presentar ante el Pleno de la LXIX Legislatura una iniciativa para tipificar y castigar la cohabitación forzada, una práctica que sigue arrebatando la infancia de niñas y adolescentes bajo el amparo de los llamados “usos y costumbres”.
La diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva, informó que la propuesta —impulsada por la legisladora Rosa Linda López Sánchez, desde la Comisión de Igualdad de Género— es resultado de un amplio análisis con autoridades, académicas y organizaciones civiles.
El mensaje es claro: no habrá más tolerancia.
Ante los alarmantes casos de uniones forzadas y embarazos adolescentes —incluido el de una menor de 13 años con embarazo de alto riesgo—, el Congreso decidió cerrar la puerta a la impunidad.
La reforma plantea penas de 8 a 15 años de prisión y multas de hasta 2,500 días, para quien obligue, presione, gestione u ofrezca a un menor de edad a vivir en una relación informal similar al matrimonio.
Las sanciones aumentarán cuando las víctimas pertenezcan a comunidades indígenas o afromexicanas.
La cohabitación forzada no es tradición, es violencia.
Chiapas busca dejarlo claro en la ley: la infancia se protege, no se negocia.