PUNTO DE FUGA/Alfredo Pacheco
Niñas y adolescentes 13 años dando a luz es un tema que no debería provocar debates en redes sociales, deberían provocar vergüenza, vergüenza porque no se trata de “casos aislados”, ni de “usos y costumbres”, ni de un problema cultural ajeno al Estado. Se trata de una cadena de omisiones que termina siempre con las mismas víctimas: las niñas indígenas.
Recientemente platique con la doctora Sandra Andra Aurora González Sánchez, presidenta de la colectiva ‘Pacto de Sororidad’ y me comentó que en Chiapas existe un amplio marco legal —nacional e internacional— que protege los derechos de la infancia. Sin embargo, estos no funcionan o mejor dicho no se aplican cuando no llegan a las comunidades, porque no se explican en la lengua de quienes deben ejercerlas, y cuando las autoridades permiten que la violencia se disfrace de tradición.
El embarazo infantil no es un accidente biológico. Es la consecuencia directa de la violencia sexual, del matrimonio forzado, de la cohabitación impuesta y de una estructura patriarcal que sigue viendo a las niñas como mercancía de intercambio. En muchas comunidades, las decisiones sobre el cuerpo de las niñas no las toman ellas, ni siquiera sus madres: las toman los hombres, amparados en una autoridad que nadie se atreve a confrontar.
Resulta profundamente injusto —y muy cómodo— culpar a las colectivas feministas de “no dar una educación sexual para que no se embaracen”.
Sin embargo, la realidad es que las organizaciones civiles, como bien señala González Sánchez, trabajan de manera honorífica, sin presupuesto, sin estructura, sumando esfuerzos como pueden.
La responsabilidad es de las autoridades, quienes recaudan impuestos y administran el erario, de quienes diseñan políticas públicas y que tiene secretarías enteras cuya función es garantizar derechos.
Hablar de una atención integral no es un concepto abstracto; implica que se garantice educación sexual con enfoque intercultural; que la salud sexual llegue a las comunidades con personal capacitado y materiales en lengua originaria; que se active de manera real la Alerta de Violencia de Género; y que las fiscalías actúen sin miedo a “ofender” tradiciones cuando hay delitos de por medio.
La barrera lingüística, el desconocimiento de los derechos, la ausencia de personal bilingüe, la falta de presupuesto y la centralización de las acciones son formas de violencia estructural.
La violencia estructural no se ven porque estamos acostumbrados a esta, es una violencua que empuja a una niña a convertirse en madre cuando todavía debería estar jugando, estudiando o soñando con otro futuro, afortunadamente parece que esto cambiará.
Este viernes se votará en el Congreso del Estado una iniciativa para tipificar la cohabitación forzada de menores y sancionarla con penas de hasta 15 años de prisión, sin duda es un primer paso importante, auqnue no es la solución definitiva.
Hable con la diputada Alejandra Gómez sobre dicha iniciativa y me dijo que la ley debe marcar un límite donde la conciencia no llega y que se debe atender por ello sta iniciativa responde a los altos índices de embarazos tempranos y uniones forzadas.
Es bien sabido que a cuando no hay sanciones ejemplares, la violencia se normaliza y que cuando no se difunden los casos, las comunidades creen que no pasa nada, pues cuando la autorida no actua se vuelve cómplice por omisión.
Las niñas indígenas no necesitan lástima ni discursos bienintencionados, necesitan presupuesto, presencia institucional, educación en su lengua, acceso real a la salud y un sistema de justicia que las proteja incluso de sus propias familias cuando estas se convierten en agresoras.
Hace más de 30 años, las mujeres indígenas ya habían levantado la voz. Lo hicieron en los Acuerdos de San Andrés y en la Ley Revolucionaria de Mujeres. Exigieron ser reconocidas como personas con dignidad, con derecho a decidir sobre su cuerpo y su vida. Hoy, ese legado se está borrando frente a nuestros ojos.
Si el Estado no actúa ahora, no solo seguirá fallándole a las niñas: seguirá pagando —y haciéndonos pagar— el costo de una deuda histórica que nunca quiso saldar.
PERSPECTIVA
El pasado sábado acompañé a mi esposa a cubrir el concierto de María San Felipe en el Teatro de la Ciudad, debo reconocer que en un principio no me emocionaba mucho pues nunca la había escuchado, sin embargo, despues de oir en vivo como alternó canciones y lecturas me gustó su estilo, y recordé lo necesario de darle oportunidad a nuevas cosas, música, cine, comida, etcétera, pues ello nos amplia el panorama, si tienen oportunidad escúchenla.
¡Hasta la próxima!