La base trabajadora comienza a mostrar inconformidad ante la falta de resultados y el predominio del diálogo sin acuerdos ejecutables
Eugenio Hernández Sasso/Ultimátum
TGZ. Dirigentes del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (SITAUNICACH) señalaron que, a un año de la actual administración universitaria, persisten incumplimientos en el contrato colectivo, rezagos laborales y condiciones deficientes que impactan directamente en la labor docente y la calidad educativa.
En entrevista conjunta con Amet Samayoa Arce, director general del diario Ultimátum, la secretaria general del sindicato, Esmeralda García Parra; el secretario de Trabajo y Asuntos Académicos, Roberto Moreno Ceballos; y el secretario de Organización, Rafael Solís Miceli, afirmaron que la expectativa generada con la llegada de la rectora Juana de Dios López Jiménez no se ha traducido en soluciones concretas.
García Parra explicó que el sindicato mantiene negociaciones sobre cláusulas del contrato colectivo vigente que no han sido cumplidas, pese a múltiples reuniones individuales y colectivas con la administración.
Advirtió que la base trabajadora comienza a mostrar inconformidad ante la falta de resultados y el predominio del diálogo sin acuerdos ejecutables.
Uno de los principales focos de conflicto, indicó, es la actuación del abogado general de la universidad, a quien señalan por rechazar sistemáticamente solicitudes laborales argumentando improcedencia. Entre los casos más sensibles está la negativa a reinstalar a trabajadoras despedidas desde 2021, aun cuando aceptaron renunciar a salarios caídos.
La dirigente también cuestionó la justificación recurrente de falta de recursos, mientras la universidad destina presupuesto a actividades que no son prioritarias frente a necesidades laborales y académicas.
Señaló carencias en infraestructura básica, como alumbrado en pasillos, y limitaciones en equipamiento que obligan a docentes y estudiantes a trabajar en condiciones inadecuadas.
Advirtió que la falta de reconocimiento institucional ha generado desmotivación entre académicos, quienes han optado por migrar a otras universidades ante la ausencia de un programa sólido de carrera docente y apoyo a la investigación.
Recordó que investigadores lograron integrarse al Sistema Nacional de Investigadores, pero sin respaldo institucional para ejercer recursos obtenidos mediante proyectos específicos.
También informó que el sindicato continúa en proceso de crecimiento, dado que actualmente cuenta con alrededor de 860 agremiados y recientemente aprobó nuevas solicitudes de afiliación.
En ese contexto, insistió en que la conciliación debe ser la ruta, pero con decisiones firmes por parte de la administración universitaria.
Esmeralda García advirtió que presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, en contra de quienes resulten responsables de publicaciones en páginas anónimas que la señalan de corrupta, que roba y vende plazas.
Por su parte, el secretario de Trabajo y Asuntos Académicos, Roberto Moreno Ceballos, detalló que existen al menos 48 solicitudes vinculadas a cláusulas contractuales pendientes, entre ellas la entrega de nombramientos a docentes con más de 15 años de servicio, compactación de cargas laborales, promociones y atención a necesidades de infraestructura y equipamiento de laboratorios.
Subrayó que el inicio del ciclo escolar, el pasado 3 de febrero, evidenció nuevamente las carencias en carreras con alto componente práctico, donde se requieren insumos y herramientas para la formación académica.
Consideró urgente que las mesas de trabajo con la rectoría se traduzcan en soluciones y no permanezcan únicamente en el ámbito del diálogo.
Moreno Ceballos enfatizó que el cumplimiento del contrato colectivo debió haberse previsto mediante una planeación presupuestal que garantizara su ejecución, por lo que llamó a la autoridad universitaria a asumir compromisos claros.
A su vez, Rafael Solís Miceli, secretario de Organización, consideró contradictorio avanzar hacia la firma de un nuevo contrato colectivo mientras persisten pendientes del anterior.
Señaló que la base trabajadora ha cedido durante años y comienza a mostrar agotamiento ante la falta de resultados.
El dirigente sostuvo que contar con una rectora de origen académico representaba una oportunidad para fortalecer la justicia laboral dentro de la institución, aunque hasta ahora no se ha consolidado ese escenario.
Los representantes sindicales coincidieron en que la universidad requiere recapitular y consolidar su funcionamiento interno, al considerar que el primer año de la nueva gestión debió sentar las bases para resolver rezagos históricos y mejorar las condiciones laborales y académicas.
Advirtieron que el respeto al contrato colectivo y la atención a las demandas pendientes serán determinantes para evitar un mayor deterioro en la relación entre la base trabajadora y la rectoría, así como para garantizar la estabilidad institucional y la calidad educativa en la UNICACH.
