PUNTO DE FUGA/Alfredo Pacheco
En Chiapas se trabajan diversas reformas para el combate a la corrupción y al crimen organizado. Iniciativas impulsadas tanto desde el Legislativo como por parte del Ejecutivo van “cerrando la pinza” a la delincuencia en la entidad.
El Congreso del Estado aprobó dos reformas que fortalecen la lucha contra la delincuencia. La primera fue la reforma al artículo 84 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, con la que se obliga a los ayuntamientos del estado a que las personas que ocupen el cargo de secretaria o secretario de Seguridad Pública tengan carrera policial.
Pude platicar con la diputada Alejandra Gómez y me dijo que el objetivo de todo esto es que las personas que estén a cargo de la seguridad de los municipios sean personas que tengan una verdadera vocación y que hayan cumplido con determinada experiencia en la carrera policial.
Esto es un gran avance en el combate a la corrupción, ya que con ello se terminarán los vicios de nombrar a personas sin experiencia como titulares de las Secretarías de Seguridad Pública en los municipios.
Es bien sabido que el crimen organizado se ha valido de la colusión de personas que ocuparon esos cargos, en algunos casos bajo amenazas y en otros por complicidad, para operar en diversos municipios.
MEJOR ARMAMENTO
Otra iniciativa que cambia el combate al crimen organizado es que recientemente se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, las cuales se enviarán al Congreso de la Unión para que se pueda dotar de armamento de uso exclusivo del Ejército a las corporaciones policiales en el estado.
Es una gran realidad que los cárteles de la droga cuentan con armamento de alto poder. Dotar de este mismo equipamiento a las fuerzas del orden es, siendo honestos, indispensable: un elemento de la policía armado con un fusil AR-15 poco podrá hacer contra un delincuente que porte un fusil Barrett M82. Es por ello que estas reformas no solo son necesarias, sino de urgente resolución.
La escalada de violencia en Chiapas requiere de acciones concretas y el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar está enfocado en ellas; sin embargo, se requiere del apoyo de las instituciones y organismos federales para que se logren mejores resultados contra las organizaciones criminales que nos arrebataron la tranquilidad.
Es preciso resaltar que el armamento no es todo, pues el crimen organizado es como la hidra, ese monstruo mitológico de múltiples cabezas que, cuando se le cortaba una de ellas, le crecían dos más; por lo que la lucha contra la delincuencia es y será una batalla diaria.
PERSPECTIVA
El tema de la basura en Tuxtla Gutiérrez ha llegado a un punto sin retorno. Ángel Torres, “el caído”, no quiso negociar con Veolia para ajustar las tarifas por tonelada de desechos y prefirió comprar camiones recolectores, algo que vendió a la ciudadanía como que el ayuntamiento debe rescatar ese servicio y no pagarle a una empresa, lo cual es un error garrafal.
El municipio no tiene ni puede realizar esta tarea por los altos costos que ello conlleva, desde el personal hasta la maquinaria necesaria.
Veolia se va de Tuxtla y, hasta el momento, no hay una licitación pública para que otra empresa la reemplace, lo que indica que el edil pretende que el personal del ayuntamiento se encargue de la limpia y recolección, o bien que se contrate a otra empresa, pero sin una licitación pública, lo que puede terminar en un jugoso negocio para sus allegados. Recordemos el pago a las factureras que denunciaron los regidores Francisco Rojas y Arely Latourneri.
Sea una u otra, el riesgo de daño fatal al erario de Tuxtla es inminente…
¡Hasta la próxima!