A ESTRIBOR/Juan Carlos Cal y Mayor
No cabe duda: hay gobiernos que legislan desde el PowerPoint y no desde el territorio. En Chiapas, para poner un solo ejemplo incómodo, apenas la mitad de la población tiene acceso a internet, no hay sucursales bancarias en vastas regiones y más del 70 % de la gente vive de la informalidad. Aun así, desde Palacio Nacional se habla de “acelerar la digitalización” como si el país fuera un barrio de Silicon Valley.
MODERNIZACIÓN DE PAPEL
La presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado acelerar este mismo año el Plan de Digitalización de la Economía para reducir el uso de efectivo y promover pagos electrónicos. El discurso oficial, cuidadosamente envuelto en tecnicismos, habla de eficiencia, combate a la corrupción y modernización financiera. Suena bien. El problema es que no resiste el contacto con la realidad.
Digitalizar no es malo en sí mismo. El problema es imponerlo como dogma, sin infraestructura, sin alternativas y sin entender cómo vive realmente el país que se gobierna.
LA HAMBRUNA FISCAL
Detrás de la narrativa “progresista” hay una pulsión mucho menos noble: la obsesión por fiscalizarlo todo. Cada peso que circula en efectivo es, para el Estado, un peso que no puede vigilar, rastrear ni gravar en tiempo real. De ahí la prisa. De ahí la insistencia. De ahí las leyes draconianas que se anuncian con sonrisa tecnocrática.
Eliminar o arrinconar el efectivo no es un acto de modernidad: es una estrategia de control fiscal total, donde cada transacción queda registrada, cada movimiento es monitoreable y cada ciudadano se vuelve una línea más en una base de datos.
CONTROL DISFRAZADO DE PROGRESO
Especialistas —y no precisamente conspiranoicos— han advertido algo elemental: reducir el efectivo concentra poder en el Estado y en los intermediarios financieros. Todo deja rastro. Todo puede bloquearse. Todo puede condicionarse. Sin juez, sin proceso, sin defensa.
Hoy es “para combatir la evasión”. Mañana puede ser para castigar disidencias, congelar cuentas, imponer multas automáticas o excluir a quien no se alinee. Cuando el dinero deja de ser tuyo y pasa a ser un permiso digital, la libertad económica se vuelve concesión política.
LOS EXCLUIDOS DE SIEMPRE
¿Dónde quedan los millones que viven al día El campesino, el comerciante informal, la mujer que vende comida, el jornalero, el artesano, el migrante interno. Gente sin cuenta bancaria, sin terminal, sin señal estable, sin “app”.
Para ellos, el efectivo no es atraso: es supervivencia. Quitarles esa opción no los formaliza; los expulsa. Amplía la brecha social y convierte la pobreza en ilegalidad administrativa.
EL EFECTIVO COMO LIBERTAD
El efectivo no es una reliquia. Es respaldo de autonomía, privacidad y resiliencia. Funciona cuando se cae el sistema, cuando falla la red, cuando el gobierno se equivoca —o abusa—. Es el último espacio donde el ciudadano aún puede decidir sin pedir permiso.
Digitalizar sin garantías reales de privacidad, sin límites claros al uso de datos, sin protección contra bloqueos arbitrarios y sin mantener el efectivo como opción legítima no es progreso. Es otra cosa. Y bastante más peligrosa.
Porque cuando un gobierno tiene hambre de impuestos, no busca eficiencia: busca control.