A tres décadas de los Acuerdos de San Andrés, el gobierno de Chiapas reivindica su influencia en derechos indígenas, autogobierno y políticas públicas para combatir la desigualdad histórica, afirmó Juan Carlos Gómez Aranda
Eugenio Hernández Sasso/Ultimátum
TGZ. El coordinador de asesores y proyectos estratégicos del Gobierno de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda, afirmó que el espíritu del movimiento zapatista permanece vigente en las cañadas de comunidades y municipios indígenas, donde continúan operando escuelas, normas propias y formas de autogobierno que conviven con el sistema institucional mexicano.
Entrevistado por Amet Samayoa Arce, director general de diario Ultimátum, en el marco del aniversario de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, Gómez Aranda sostuvo que el levantamiento zapatista marcó un punto de inflexión al colocar en la agenda nacional e internacional la situación de los pueblos originarios y la necesidad de justicia social.
De acuerdo con el funcionario, el movimiento dejó un legado tangible que se refleja en reformas estructurales y nuevas instituciones, entre ellas la modificación al Artículo Segundo de la Constitución, el impulso del Centro de Lenguas, Artes y Literatura Indígena (CELALI), así como la creación de la Universidad de la Selva y la Universidad Intercultural de Chiapas.
Afirmó que estos cambios consolidaron el reconocimiento de México como un país pluriétnico y abrieron la puerta a sistemas de justicia y políticas públicas diferenciadas para los pueblos indígenas, lo que también influyó en reformas constitucionales en países sudamericanos como Bolivia y Perú.
AUTONOMÍA, DERECHOS Y DEUDA HISTÓRICA
Gómez Aranda subrayó que el levantamiento zapatista no fue una rebelión más, sino un movimiento que obligó al Estado mexicano a transitar del autoritarismo hacia el diálogo y la construcción de acuerdos con participación de la sociedad civil.
Señaló que persiste un adeudo histórico con los pueblos indígenas, pues en diversas regiones de Chiapas continúan condiciones de desigualdad, rezago social y exclusión similares a las de hace tres décadas.
No obstante, afirmó que el grito de las cañadas no fue en vano y que hoy existen mecanismos jurídicos para defender recursos, cultura y territorio, derivados de los compromisos de San Andrés.
ESTRATEGIA DEL GOBIERNO ESTATAL
Indicó que el gobierno encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar impulsa una agenda basada en el humanismo y el principio de “mandar obedeciendo”, orientada a atender necesidades fundamentales como caminos, agua potable, escuelas y servicios básicos.
En 12 municipios, destacó, se implementa un programa integral similar a un “Plan Marshall”, enfocado en revertir décadas de abandono, particularmente tras los efectos de la pandemia y los problemas de inseguridad que habían secuestrado a Chiapas.
También recordó la reciente visita a Chilón, donde se puso en marcha un programa de apoyo directo a pequeños caficultores que beneficia a cerca de medio millón de personas, incluidas 35 mil mujeres jefas de familia.
ANÉCDOTAS DEL PROCESO DE PAZ
Gómez Aranda recordó episodios clave de las negociaciones, como los temores generados por posibles órdenes de aprehensión pese a decretos de amnistía y la presencia de “cinturones de paz” integrados por jóvenes internacionales que, en su momento, protegieron la mesa del diálogo.
Recordó su convivencia con el obispo Samuel Ruiz, con quien sostuvo largas conversaciones durante la firma de acreditaciones a más de 600 periodistas que le dieron una intensa cobertura mediática al suceso.
Narró también intercambios con el Subcomandante Marcos, en los que se privilegiaban consensos y discreción para destrabar conflictos regionales sin generar percepciones de contrainsurgencia.
El proceso de diálogo contó con la intervención de actores políticos, sociales e intelectuales, entre ellos Manuel Camacho Solís, Pablo González Casanova, Heberto Castillo y Luis H. Álvarez, quienes participaron en la construcción de acuerdos y en la redacción de la Ley Cocopa.
Asimismo, recordó el papel de la Comisión Nacional de Intermediación y de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), instancias que facilitaron la interlocución entre el Estado y el EZLN.
Comentó que, en una ocasión, en la Ciudad de México, se quedaron a dormir Jaime Martínez Veloz, Juan Guerra, Pablo Salazar, Heberto Castillo y Luis H. Álvarez, y platicaron muchas horas con el subcomandante Marcos, donde se plantearon los escenarios posteriores a los arreglos de paz ¿qué iban a hacer? ¿a qué se iban a dedicar? Porque iban a seguir luchando por los derechos indígenas, pero sin capucha, sin anonimato y con la ley en la mano.
ORÍGENES DEL CONFLICTO Y CONTEXTO HISTÓRICO
Como protagonista de las negociaciones, el jefe de asesores de la Nueva ERA señaló que la rebelión zapatista se gestó tras siglos de marginación indígena, desde episodios como la rebelión tzeltal de 1712 hasta conflictos regionales posteriores, pasando por la falta de infraestructura básica y reconocimiento de derechos en el siglo XX.
Explicó que la imposición de modelos de asimilación cultural, la exclusión política y la carencia de servicios detonaron la necesidad de organización y resistencia en comunidades indígenas.
Recordó que el levantamiento del 1 de enero de 1994 coincidió con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, lo que generó un fuerte contraste entre el discurso de modernización y la realidad de pobreza en Chiapas.
El movimiento tuvo repercusión global gracias a la estrategia comunicativa del EZLN y a la movilización de la sociedad civil que exigió la paz y el diálogo.
INCUMPLIMIENTOS Y RETOS PENDIENTES
A 30 años de la firma de los acuerdos del 16 de febrero de 1996, Gómez Aranda reconoció que existe un cumplimiento parcial, pues aunque se reformó la Constitución, aún falta una ley reglamentaria integral que garantice la aplicación plena de los compromisos.
Indicó que mientras los acuerdos siguen vigentes, también permanece la declaración de guerra en términos formales, lo que evidencia la necesidad de cerrar definitivamente ese capítulo mediante el cumplimiento total de lo pactado.
MEMORIA DOCUMENTAL Y REFERENCIAS
El funcionario destacó la importancia de preservar la memoria histórica del proceso. Informó que el acervo documental de los diálogos fue entregado a la Universidad Nacional Autónoma de México, y recomendó la lectura de textos sobre el movimiento, entre ellos el libro de Danielle Mitterrand y la obra del investigador Héctor Díaz-Polanco.
Asimismo, destacó publicaciones del CELALI que traducen los acuerdos a 10 lenguas indígenas, como parte del esfuerzo por fortalecer la identidad y la autonomía cultural.
Sostuvo que el levantamiento zapatista transformó la relación entre el Estado y los pueblos originarios, instaurando una lógica de diálogo, escucha y resolución de conflictos antes del uso de la fuerza.
Afirmó que el reto actual es traducir ese legado en políticas públicas eficaces y sostenidas que permitan superar definitivamente la desigualdad histórica en Chiapas y consolidar el reconocimiento pleno de los derechos indígenas.
Rememoró, de igual forma, la participación Manuel Camacho Solís, el obispo Samuel Ruiz, Pablo González Casanova, Conchita Nava, Juanita García Robles, los poetas Oscar Oliva y Juan Bañuelos, intelectuales como Gustavo Esteva y Héctor Díaz Polanco, a través de la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI).
También mencionó a personajes representativos de diferentes partidos políticos como Heberto Castillo, Luis H. Álvarez, entre otros que trabajaron muy fuerte para lograr entendimientos y redactar lo que se llamó la Ley Cocopa. Recordó la participación del gobernador Pablo Salazar, Juan Guerra, Jaime Martínez Veloz, Marco Antonio Michel, Luis Felipe Bravo Mena y el Negro Elizondo, así como de Marco Antonio Bernal en los diálogos de San Miguel
