Juan Carlos Moreno Guillén expuso que otro de los retos es establecer 20 juzgados orales en materia civil y familiar
Eugenio Hernández Sasso/Ultimátum
TGZ
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, aseguró que el Poder Judicial enfrenta actualmente dos desafíos fundamentales para mejorar la impartición de justicia en la entidad: la implementación del sistema de justicia oral en materia civil y familiar, así como la modernización tecnológica de los procesos judiciales.
En La Entrevista con el conductor de noticias Ramiro Trejo, el representante del Poder Judicial explicó que la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares obliga a los estados a transformar sus sistemas de justicia para hacerlos más ágiles, transparentes y accesibles para la ciudadanía.
En el caso de Chiapas, señaló que será necesario contar con al menos 20 juzgados orales distribuidos en el estado para atender adecuadamente la carga de trabajo que generará el nuevo modelo.
El magistrado subrayó que esta transición no sólo implica cambios legales, sino también ajustes estructurales, capacitación del personal judicial y adecuaciones en la infraestructura.
Además, destacó que uno de los puntos más urgentes es avanzar hacia la digitalización de los procesos judiciales.
En este sentido, consideró indispensable que algunos trámites judiciales puedan realizarse en línea, permitiendo que juzgadores, abogados y ciudadanos presenten promociones mediante firma electrónica sin necesidad de acudir físicamente a los juzgados.
“Tenemos que entrar urgentemente al juicio en línea, a que las promociones se puedan hacer mediante firma electrónica y no tener que ir a presentar documentos en papel a los juzgados”, señaló.
Indicó que ya se han dado algunos pasos en esa dirección y puso como ejemplo la reciente firma de un convenio con el Instituto Registral del Estado, que permitirá agilizar trámites que antes podían tardar varios meses.
Gracias a este acuerdo, los jueces podrán realizar desde sus computadoras consultas al Registro Público de la Propiedad cuando se trate de juicios civiles, mercantiles o incluso casos relacionados con pensiones alimenticias.
Esto facilitará la búsqueda de bienes y permitirá realizar embargos de manera más rápida y eficiente, consideró.
De acuerdo con Moreno Guillén, este tipo de herramientas digitales reducirá considerablemente los tiempos de los procesos judiciales y representa un ejemplo claro de cómo la justicia en línea puede mejorar el funcionamiento del sistema judicial en general.
En materia penal, el magistrado explicó que el estado ha logrado avances importantes en la reducción de los tiempos para emitir sentencias.
Recordó que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que un juicio no debe tardar más de dos años en resolverse, salvo excepciones relacionadas con la defensa de los acusados.
En Chiapas, aseguró, se han alcanzado resoluciones en plazos aproximados de siete meses, lo que consideró un resultado positivo derivado de la implementación del sistema penal acusatorio y oral.
Sin embargo, reconoció que este nivel de eficiencia aún no se ha alcanzado en las materias civil y familiar, donde la oralidad todavía representa un reto importante.
Por ello, informó que durante este año comenzará la implementación del sistema oral en estas áreas en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula, que concentran una gran parte de la actividad judicial del estado. Posteriormente, el modelo se extenderá a otras regiones.
El magistrado presidente enfatizó que la necesidad de acelerar los procesos judiciales es urgente, ya que aún existen casos que llevan décadas sin resolverse.
“Hay juicios que tienen 20 o 30 años y ahí siguen. Cuando una justicia no es pronta, no es justicia”, afirmó.
Como ejemplo mencionó los juicios sucesorios que pueden prolongarse durante décadas.
En algunos casos, dijo, cuando finalmente se dicta la resolución, las personas que iniciaron el litigio ya han fallecido y son los nietos quienes continúan el proceso.
Aclaró que la duración excesiva de algunos juicios no siempre es responsabilidad exclusiva de las autoridades judiciales, ya que también influyen prácticas dilatorias utilizadas por algunas de las partes, como la presentación constante de amparos o recursos legales que prolongan los procesos.
Ante esta situación, expresó su confianza en que en los próximos años el sistema judicial logre consolidar un modelo más ágil y eficiente.
La meta, explicó, es que para 2028 o 2029 el estado cuente con una red importante de juzgados orales civiles y familiares que permitan resolver los conflictos de manera más rápida, al igual que ya ocurre en materias como la mercantil, laboral y penal.
ESPACIOS DIGNOS
Además de los cambios legales y tecnológicos, el Poder Judicial de Chiapas también ha impulsado mejoras en la infraestructura de sus instalaciones, con el objetivo de ofrecer espacios dignos tanto para los trabajadores del sistema judicial como para las personas que acuden a solicitar justicia.
Uno de los proyectos más destacados en este ámbito es el fortalecimiento del Centro de Convivencia Familiar (Cecofam), un organismo que tiene como objetivo garantizar espacios adecuados para la armonía entre niñas, niños y adolescentes con sus padres no custodios en situaciones de conflicto familiar.
Moreno Guillén explicó que anteriormente estos espacios no contaban con las condiciones adecuadas para atender a los menores.
“El piso era de tierra y los juegos eran muy viejos”, recordó.
Por ello, se decidió renovar completamente el concepto de estos centros para convertirlos en lugares más amigables para la infancia.
Señaló que el nuevo Cecofam está inspirado en parques modernos y en algunos espacios recreativos que se encuentran en cadenas de restaurantes, con la intención de que los niños puedan jugar y convivir en un ambiente agradable.
El centro cuenta ahora con una cascada, áreas de juegos para niños pequeños y mayores, espacios lúdicos y un comedor, todo diseñado para que las convivencias se desarrollen en un entorno positivo entre padres e hijos.
Dijo que el objetivo es que los menores tengan recuerdos agradables de estos encuentros con sus padres, incluso en medio de procesos legales complicados.
“Queremos que los niños tengan los mejores recuerdos de la convivencia con sus padres, porque eso los hará mejores seres humanos en el futuro”, afirmó.
El proyecto contempla replicar este modelo en otras ciudades del estado, entre ellas San Cristóbal de Las Casas, Comitán y Tapachula, con la intención de que las principales regiones de Chiapas cuenten con centros de convivencia dignos.
De igual forma, el Poder Judicial ha impulsado la creación de las Salas Especializadas para la Participación de Niñas, Niños y Adolescentes (Sepia), diseñadas para atender a personas en situación de vulnerabilidad.
Actualmente estas salas operan en municipios como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Cintalapa, mientras que se encuentran en proceso de conclusión instalaciones similares en San Cristóbal de Las Casas y Comitán.
Estas salas permiten que los menores o personas con discapacidad puedan participar en procesos judiciales sin necesidad de ingresar a un juzgado tradicional.
Las entrevistas se realizan en espacios especialmente diseñados y son videograbadas para evitar que las víctimas tengan que repetir su testimonio en distintas etapas del proceso.
En estos espacios existe una sala circular que genera un ambiente de igualdad y un área de observación detrás de un cristal, donde especialistas analizan el lenguaje corporal y las reacciones de los menores.
Este modelo permite observar elementos neurolingüísticos y emocionales durante las entrevistas, lo que ayuda a identificar si los menores presentan temor o han sufrido algún tipo de trauma.
La finalidad es proteger a las víctimas y reducir el impacto emocional que puede provocar su participación en procesos judiciales.
ACERCAMIENTO DEL PODER JUDICIAL A LA SOCIEDAD
Otro de los ejes de trabajo del Poder Judicial de Chiapas ha sido fortalecer la relación con la ciudadanía y reducir la percepción de distancia que históricamente ha existido entre las instituciones judiciales y la sociedad.
El magistrado reconoció que durante muchos años tanto el Poder Judicial Federal como el local mantuvieron una postura de mayor aislamiento, en parte para preservar su autonomía e imparcialidad.
Sin embargo, ese distanciamiento también provocó que muchas personas desconocieran la función de los tribunales o incluso confundieran sus responsabilidades.
“Había una percepción de que el Poder Judicial estaba apartado de la sociedad”, explicó.
Señaló que durante los procesos electorales relacionados con el sistema judicial se evidenció que gran parte de la población no sabía exactamente para qué servía el Poder Judicial ni quiénes lo integraban.
Ante esta situación, se ha promovido que jueces, juezas, magistrados y magistradas tengan mayor interacción con la ciudadanía.
Esto incluye participar en entrevistas, asistir a programas de debate, ofrecer conferencias y acudir a escuelas para explicar el funcionamiento de las instituciones.
El objetivo es que la población conozca cómo defender sus derechos y sepa a dónde acudir cuando enfrenta un problema legal.
Moreno Guillén indicó que muchas personas suelen confundir instituciones como la Fiscalía con los tribunales, cuando en realidad tienen funciones distintas dentro del sistema de justicia.
Por ello, consideró fundamental fortalecer la transparencia y la comunicación institucional.
También destacó el trabajo que se ha realizado en escuelas para acercar a los jóvenes al conocimiento del Estado y sus instituciones.
Explicó que muchos jóvenes participan en las elecciones cuando cumplen 18 años, pero después dejan de involucrarse en la vida pública durante largos periodos debido a la falta de información o interés.
Ante ello, se busca promover la educación cívica entre las nuevas generaciones para que comprendan desde temprana edad cuáles son sus derechos y obligaciones.
El magistrado subrayó que las generaciones actuales están cada vez más vinculadas al mundo digital, pero es importante que también comprendan el funcionamiento del mundo real y de las instituciones que garantizan sus derechos. “Necesitamos que conozcan lo básico del Estado, que sepan para qué sirven las instituciones y qué hacen, sin tener que esperar a la edad adulta”, comentó.