COLABORACIÓN INVITADA/SR. SMITH/ULTIMÁTUM
Hay algo que siempre ocurre cuando en una institución pública alguien decide poner orden: a más de uno le empieza a dar comezón.
No es una reacción nueva. Tampoco exclusiva de Chiapas. Es un fenómeno casi natural dentro de las administraciones públicas que durante años operaron bajo reglas informales donde muchas cosas se resolvían más por costumbre que por normatividad.
El problema aparece cuando esas costumbres se terminan.
Porque entonces lo que antes era sencillo —pedir recursos, mover dinero, resolver gastos sin demasiadas explicaciones— comienza a pasar por filtros administrativos, procedimientos, requisiciones y controles.
Y ahí es donde empiezan las incomodidades.
Durante mucho tiempo, muchas instituciones educativas del país funcionaron bajo una lógica peculiar: los recursos se resolvían con rapidez, los apoyos aparecían casi de inmediato y las decisiones administrativas rara vez atravesaban procesos complejos. Todo parecía eficiente.
El detalle es que esa eficiencia casi siempre tenía un precio: la falta de orden financiero.
Cuando una administración decide cambiar esa dinámica y comenzar a exigir procesos, documentación y controles presupuestales, inevitablemente aparecen resistencias. No porque la normatividad sea mala, sino porque rompe con una cultura que durante años se volvió cómoda.
La normatividad obliga a algo que no siempre gusta: justificar.
Justificar gastos.
Justificar necesidades.
Justificar decisiones.
Y cuando eso ocurre, muchos descubren que administrar una institución pública no es lo mismo que operar con discrecionalidad.
El Colegio de Bachilleres de Chiapas, por ejemplo, es una de las instituciones educativas más grandes del estado. Su operación implica recursos, personal, infraestructura, programas académicos y miles de estudiantes distribuidos en prácticamente todo el territorio chiapaneco.
Un aparato de ese tamaño no puede sostenerse únicamente sobre inercias administrativas.
Requiere orden.
Requiere controles.
Requiere que cada área conozca a quién le corresponde cada proceso: finanzas, jurídico, recursos humanos, materiales, planeación, normatividad.
Puede parecer algo básico, pero en muchas instituciones ese tipo de organización no siempre existía con claridad.
Por eso, cuando una administración intenta reorganizar procesos y establecer reglas más estrictas, lo que en realidad está tocando no es solo un procedimiento administrativo.
Está tocando hábitos.
Y los hábitos institucionales, cuando se rompen, generan incomodidad.
Hay quienes preferían un sistema donde todo se resolvía rápido, sin demasiadas preguntas. Donde los apoyos llegaban sin pasar por trámites y donde muchas decisiones se tomaban de manera informal.
Ese tipo de dinámica puede parecer funcional en el corto plazo, pero a largo plazo termina debilitando a cualquier institución.
Por eso el orden administrativo nunca es popular al principio.
Porque el orden implica límites.
Y los límites incomodan.
Pero también implican algo que las instituciones públicas necesitan recuperar: responsabilidad.
Responsabilidad en el manejo de recursos.
Responsabilidad en la toma de decisiones.
Responsabilidad frente a la ciudadanía.
Cuando una institución comienza a transitar hacia esa lógica, es normal que aparezcan resistencias, críticas y molestias.
No es un fenómeno nuevo.
Es simplemente la reacción natural de quienes estaban acostumbrados a operar de otra manera.
Por eso, cada vez que en una institución pública alguien habla de normatividad, controles financieros o procedimientos administrativos, suele ocurrir lo mismo.
A algunos les empieza a dar comezón.
No porque la normatividad sea el problema.
Sino porque el orden, para quien vivía cómodo en el desorden, siempre resulta incómodo.