FILIPICA/PACO RAMÍREZ/ULTIMÁTUM
Hay una imagen que resume el estado actual de la política mexicana con una claridad que duele: un senador con expedientes abiertos de corrupción, señalado por desviar recursos que debían llegar a las familias más pobres de Chiapas, aparece en los noticieros con corbata impecable, rodeado de micrófonos, lanzando nombres de candidatos, imponiendo condiciones y negociando con el partido en el poder como si nada hubiera ocurrido. Ese político se llama Manuel Velasco Coello.
Los números son concretos. El SAT y la Auditoría Superior de la Federación identificaron, en revisiones realizadas entre 2019 y 2020, irregularidades que superan los 1,185 millones de pesos durante el gobierno de Velasco en Chiapas, canalizados a través de empresas fantasma que simulaban prestar servicios sociales que jamás llegaron a quienes los necesitaban. Y eso no es todo: investigaciones de mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentaron presuntos desfalcos que en conjunto rondan los 2,400 millones de pesos, incluyendo la triangulación de fondos públicos hacia operadores vinculados a la compra de votos — incluso grabada en video.
El mecanismo era tan perfecto como sofisticado. Personas de escasos recursos en comunidades chiapanecas amanecieron un día siendo, sin saberlo, «propietarias» de empresas millonarias. Identidades robadas, despachos contables utilizados como fachada, mensajeros que firmaban «trámites» y terminaban siendo titulares registrales de compañías que facturaban decenas de millones de pesos al erario. Entre los programas saqueados: uno diseñado específicamente para empoderar a madres solteras y mujeres en situación de pobreza.
¿Y qué pasó con toda esa evidencia? La respuesta es la más corrosiva posible: nada. En un movimiento que pasó casi desapercibido, la ASF cerró la investigación en tiempo récord, declarando las irregularidades como «solventadas» exactamente el mismo período en que el Senado exigía explicaciones. La impunidad no fue accidental; fue ejecutada con precisión quirúrgica. Y así, blindado por la complicidad del sistema, Velasco no solo sobrevivió políticamente — prosperó.
Lo que Velasco hizo el 18 de marzo de 2026 no fue una conferencia de prensa ordinaria. Fue una declaración de fuerza. Presentó once perfiles del Partido Verde para nueve de las diecisiete gubernaturas que se disputarán en 2027, y le pidió a Morena que respete «los acuerdos de alianza». En San Luis Potosí fue directo al hueso: si Morena no respalda al PVEM en ese estado, irían solos — y lo dijo sin rodeos, recordando que en 2021 ganaron ahí sin ayuda, y que en 2024 también conquistaron una senaduría de manera independiente.
Detrás de la lista de candidatos hay una jugada de tres capas que vale la pena desmenuzar. La primera es presión táctica: fijar posición pública antes de que comiencen formalmente las negociaciones de alianza, para no entrar a esa mesa desde cero sino desde una base ya instalada en la narrativa mediática. La segunda es protección de feudos: el caso de Ruth González — esposa del gobernador Gallardo en SLP — no es una candidatura cualquiera, es el intento de amarrar ese territorio dentro del paraguas del Verde antes de que Morena lo absorba. La tercera, y la más reveladora, es un mensaje de fondo: el Verde no es un satélite de Morena. Es un socio que cobra.
No es casualidad que Velasco también haya maniobrado para que la reforma anti nepotismo aprobada por Sheinbaum entrara en vigor en 2030 y no en 2027 como proponía originalmente la presidenta. Esa maniobra, ejecutada con la complicidad del senador Adán Augusto López, le costó al PVEM una fisura pública con Morena — pero Velasco la asumió sin parpadear. Alguien que está dispuesto a contradecir abiertamente a la presidenta en pleno arranque de su gobierno no actúa desde la subordinación. Actúa desde la acumulación de poder.
Aquí está la pregunta que realmente importa, y la respuesta es incómoda: Claudia Sheinbaum sabe exactamente quién es Manuel Velasco, conoce los expedientes, y aun así Morena firmó alianza con el Verde en 2024 porque necesitaba los votos. Esa decisión tiene un costo político que ahora se está cobrando. El Verde controla hoy tres estados, tiene peso en el Congreso y se ha posicionado como el fiel de la balanza dentro de la coalición oficialista.
Si Sheinbaum intenta marginar al Verde en las negociaciones de 2027 — desplazando sus candidatos en encuestas internas como ocurrió en Veracruz — Velasco tiene capacidad de fragmentar la alianza en estados clave y complicar el mapa electoral. Si cede, consolida a un actor cuya lealtad siempre ha sido transaccional. No hay una salida cómoda. La pregunta real no es si Sheinbaum puede frenarlo — técnicamente sí podría — sino si el costo político de hacerlo justifica el esfuerzo antes de las elecciones de 2027.
Y luego está el elefante en la habitación: las ambiciones presidenciales de Velasco. Él mismo lo dijo con todas las letras desde 2022: el PVEM quiere llevar a un candidato propio a la presidencia de México, y él aspira a ser ese candidato, con la mira puesta en 2030 o 2036. Analistas políticos que siguen de cerca al Verde señalan que tanto Jorge Emilio González como Velasco ven el ciclo electoral de 2027 como el escalón previo a ese objetivo — acumular gobernadores, reforzar financiamiento público y demostrar músculo electoral propio. Cada gubernatura que conquisten en 2027 es un paso hacia esa meta.
Visto así, lo que parece un chantaje electoral es en realidad la ejecución metódica de una estrategia de largo plazo. Velasco no improvisa. Construye. Y lo hace con la ventaja de quien sabe que el sistema político mexicano castiga muy poco a quienes acumulan poder y muy poco a quienes tienen expedientes de corrupción, pero conservan votos.
La sociedad como espectador. Lo que provoca la descomposición social en México no es solo la corrupción en sí misma — es la impunidad sistemática que la acompaña. Es ver que quien desvía el presupuesto sigue apareciendo en la televisión nacional a fijar agenda. Esa imagen, repetida durante décadas por todos los partidos y en todos los órdenes de gobierno, enseña una sola lección: las reglas no aplican igual para todos.
La indignación ciudadana es completamente válida, y tiene razón de ser. Pero el voto nulo y la abstención, aunque son señales legítimas de hartazgo, tienen un límite real: quien no vota no elige, y el espacio que deja libre lo ocupan las maquinarias clientelares — esas que en muchos municipios chiapanecos reparten despensas y pagan 400 pesos por sufragio el día de la jornada electoral.
La respuesta más poderosa que tiene la ciudadanía no es retirarse del juego, sino participar con información, organizarse, exigir cuentas, sostener al periodismo que investiga en lugar del que aplaude, y denunciar ante las instancias disponibles, aunque el proceso sea lento y frustrante. México no puede seguir siendo rehén de políticos que gobiernan con el dinero del pueblo y negocian con la impunidad como moneda de cambio. El primer paso para romper esa cadena es nombrar lo que es, con todas sus letras: corrupción, impunidad y captura del Estado. Los expedientes existen. La evidencia está publicada. Lo que falta — en las instituciones y en la sociedad — es la voluntad de actuar en consecuencia.