COLABORACIÓN INVITADA/NIZALEB CORZO/ULTIMÁTUM
Hay algo revelador en la elección de Cancún como sede de la 89 Convención Bancaria. Una ciudad construida sobre arena, diseñada para producir la ilusión de que afuera no existe nada urgente y donde el horizonte siempre parece despejado desde la terraza del hotel. Difícilmente podría haber encontrado una metáfora más precisa para describir el tono que dominó tres días de discursos, paneles y aplausos controlados mientras el Estrecho de Ormuz permanecía cerrado, el petróleo cotizaba por encima de los 80 dólares, y la economía global navegaba su peor confluencia de choques desde 2022.
Más de mil doscientos financieros en guayabera. La presidenta Claudia Sheinbaum en el podio. Y una petición que lo dice todo con una sola frase: “La banca mexicana tiene mucho todavía que darle al país, le ha dado, pero necesitamos que le dé todavía mámás. El auditorio respondió con un aplauso tibio. No es un dato menor. Los banqueros aplauden con entusiasmo cuando los números los acompañan. Aplauden con cautela cuando lo que escuchan es una petición disfrazada de anuncio.
El anuncio central fue el compromiso de elevar el crédito bancario del 38% al 45% del PIB. Suena bien. Suena, incluso, a política industrial. Pero hay una pregunta que ningún panel de Cancún respondió con honestidad: ¿bajo qué condiciones, con qué garantías y a través de qué mecanismos va a llegar ese crédito a quien lo necesita? Porque yo estuve del otro lado de esa ecuación. En BBVA nos llegaban millones en recursos etiquetados por la banca de desarrollo nacional, diseñados en teoría para detonar exactamente ese tipo de financiamiento productivo. El proceso era tan complejo, los requisitos tan estratificados y la burocracia tan perfectamente construida para protegerse a sí misma, que esos recursos pocas veces se usaban. Se quedaban ahí, bien capitalizados, bien reportados, impecablemente ociosos. Lo que se anunció en Cancún me recordó esa experiencia con una claridad incómoda.
Sheinbaum presentó un Plan de Inversión en Infraestructura por 5.6 billones de pesos hacia 2030, con más del 50% destinado a energía, 15% a trenes, 13% a carreteras y el resto a puertos, agua y saneamiento. Detrás de esos proyectos, dijo la mandataria, estará la banca mexicana. Es una construcción retórica elegante. El gobierno anuncia la inversión y le asigna a la banca privada el rol de financiador, como si la voluntad de participar fuera equivalente a la capacidad de ejecutar. El problema no es la arquitectura del plan. El problema es que la dependencia de México del gas natural importado está en 75%, que la red de transmisión eléctrica no soporta la demanda industrial actual, y que reducir esa dependencia al 50% requiere no solo dinero sino tiempo, marco regulatorio predecible y una política energética que hoy convive con ambigüedades constitucionales que ningún banquero en Cancún mencionó con nombre propio.
Lo que la convención dijo en voz alta es menos interesante que lo que decidió no decir.
El presidente de la ABM, Emilio Romano, reconoció que la guerra en Oriente Medio elevó la cautela del sector sobre la trayectoria de las tasas de interés, y moderó la expectativa a un solo recorte de 25 puntos base en todo el año, con la tasa de Banxico terminando en 6.75%. Traducido sin eufemismos: el crédito que el gobierno pide que fluya hacia la economía real va a seguir siendo caro. Un solo recorte de un cuarto de punto no mueve la aguja para una PyME que paga tasas activas de dos dígitos. Los costos regulatorios para las pequeñas empresas pueden alcanzar 95,000 pesos anuales, y una proporción significativa no supera los dos años de operación. Con ese perfil de riesgo, ningún banco —por más patriótico que suene su discurso— va a abrir la llave del crédito porque la presidenta se lo pidió frente al mar.
Y aquí aparece la contradicción que la convención administró con maestría: se habló de inclusión financiera, de bancarización del México profundo, de digitalización de pagos en gasolinerías, de financiamiento a pymes como motor del crecimiento. Todo correcto, todo necesario, todo políticamente impecable. Pero mi gremio —y me incluyo sin pudor— tiene un talento histórico para construir instrumentos de financiamiento que resuelven el problema en el papel y lo perpetúan en la operación. Diseñamos, por años, productos sofisticados para mercados que no tienen capacidad de absorberlos y luego reportamos con orgullo los montos disponibles sin mencionar los montos efectivamente colocados. La diferencia entre ambas cifras es, casi siempre, donde vive la verdad.
El contexto externo que la convención rozó de puntillas es en realidad el dato más relevante para México en este momento. La guerra en Medio Oriente no es solo volatilidad en los precios del crudo: es una reorganización en curso de los flujos de capital, los costos logísticos y las cadenas de suministro que afectan directamente la viabilidad del nearshoring, la competitividad de la manufactura exportadora y la capacidad del sistema financiero mexicano de atraer inversión de largo plazo. La Quinta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI, cuya plenaria se celebró en la Ciudad de México en febrero, colocó al sistema financiero nacional bajo escrutinio internacional en un momento en que México preside por primera vez ese organismo. El mayor riesgo no es una sanción económica sino la exclusión del sistema financiero global. Ese tema tampoco recibió el tratamiento que su magnitud exige.
Lo que se reveló en Cancún es la fotografía de un sistema financiero técnicamente sólido —con índices de capitalización que casi duplican los mínimos regulatorios— pero estratégicamente corto. El regulador de la CNBV fue preciso al clausurar: el reto ya no es preservar la estabilidad, sino traducirla en financiamiento real hacia la economía productiva. Es un diagnóstico correcto enunciado tarde, frente al Caribe, mientras el precio del gas natural en Europa subía 85% en dos días y los agricultores de medio continente vaciaban sus bodegas sin poder exportar.
La conclusión incómoda es la siguiente: México tiene un sistema bancario que sobrevive bien las crisis y financia mal el crecimiento. Tiene un gobierno que entiende la urgencia de la inversión pero la negocia en un formato donde nadie puede decir no en público. Y tiene una oportunidad histórica —sí, otra— que se consume lentamente mientras Cancún debate si el crédito debe llegar al 45% del PIB en cuatro años.
Cuando los que saben todo esto se reúnen frente al mar y aplauden con mesura, no es por falta de información. Es porque en México, la forma más sofisticada de la inacción siempre ha sido el acuerdo bien redactado.
Y los recursos, bien capitalizados, perfectamente ociosos.