EN LA MIRA/HÉCTOR ESTRADA/ULTIMÁTUM
En medio de una impunidad que se ha prolongado ya por alrededor de año y medio, los responsables del saqueo al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte) de Chiapas viven hoy en el exilo del estado, escondidos y bajo la protección de quienes durante el sexenio pasado parecen haber tejido complicidades con ellos.
Lo ocurrido en el Cecyte Chiapas en el sexenio de Rutilio Escandón Cadenas se convirtió durante esa administración en uno de los ejemplos más claros de corrupción, omisión y complicidad gubernamental dentro del sector educativo estatal. Y es que, la denuncias en contra del director general de dicho sistema desfilaron frente a las narices del mandatario estatal sin que nada se hiciera al respecto.
Entre 2018 y 2024 las denuncias y evidencias de irregularidades cometidas por Sandro Hernández Piñón, ex titular del Cecyte Chiapas, se convirtieron en información del dominio público.
En 2021, como parte del Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó numerosas inconsistencias en rubros como el pago de nóminas, expedición de contratos a particulares y el pago de bienes muebles e inmuebles, realizados por la dirección general del Cecyte Chiapas, cuyos montos rebasaron los 40 millones de pesos.
De acuerdo al informe hecho público por la ASF, las autoridades federales detectaron en el ejercicio presupuestal de ese año un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública por más de 34 millones de pesos tan solo en pagos de bienes muebles e inmuebles que no estaban autorizados a la institución.
En el pliego de observaciones, la Auditoría Superior también señaló irregularidades por un millón 971 mil 697 pesos en pagos a 77 trabajadores que paradójicamente ya habían sido dados de baja. Se trata de un hallazgo de la auditoría que coincide justamente con las denuncias públicas hechas en 2021 y 2022 por integrantes del Sindicato, quienes habían señalado despidos masivos para el posterior desvío irregular de fondos salariales.
A lo anterior se sumó la detección de anomalías por más de cinco millones 324 mil pesos como resultado del pago de contratos (con número de registro AD-07/ORD-01/2021F, AD-07/ORD02/2021F, AD-08/ORD-02/2021F y CECYTECH-DA-DI-F-02) de los que no se presentaron evidencias a la Secretaría de Hacienda.
En total, la auditoría realizada al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, respecto a la cuenta pública del año 2021, arrojó pendientes por aclarar superiores a los 41 millones 360 mil pesos. Determinando que la institución, ese año, “incumplió sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, puesto que no reportó con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información remitida”.
A las irregularidades de la Auditoría Superior se sumó la filtración de documentos sobre sospechosos presupuestos millonarios para la contratación de servicios de internet a empresas cuyos datos proporcionados en las cotizaciones simplemente no coincidieron.
El documento filtrado, rubricado con fecha de 17 de octubre de 2021, estaba dirigido de manera directa a Hernández Piñón. Ahí se detallaban una serie de números y cotizaciones para la instalación de supuesto “internet satelital y servicios de mantenimiento”, sumando un presupuesto de más de 14 millones 711 mil pesos.
Sin embargo, la empresa que apareció justo en la cotización “Arrtes, Internet Satelital y Estructuras”, con dirección textual en Calzada al ZOOMAT No.120, no contó con rastro público (de sitio oficial web, operaciones recientes o publicaciones de servicios), además de que el número telefónico proporcionado en el documento extrañamente apareció también en la publicidad de una empresa de belleza con dirección distinta.
En total, la dirección general del Cecyte Chiapas presupuestó un gasto anual de más de 14 millones para el pago de internet a 46 planteles. Es decir, se estimaron contratos de más de 26 mil pesos mensuales por cada plantel para el pago de servicio de Internet de baja velocidad. Esto, aun cuando los servicios similares de otras empresas como Telmex estaban muy por debajo de los sobreprecios contemplados.
Todo, según denuncias, fue orquestado por Hernández Piñón, teniendo como principal ejecutora a su entonces Jefa de Recursos Humanos, Arely Diaz Velázquez, quién paradójicamente también fue nombrada por el propio director general como presidenta del Voluntariado institucional; organismo interno que se ocupaba de canalizar “donaciones” económicas y organizar eventos de “asistencia social” (como una perfecta fachada para simular campañas y desviar recursos).
Muestra de ello es lo ocurrido el 23 de noviembre de 2022 cuando se solicitó al Departamento de Recursos Financieros de la institución la emisión de ocho cheques a nombre de un tercero, por un importe total de $260,000 pesos. La solicitud se realizó mediante ocho memorándums internos sin que en ninguno de ellos se identificara el concepto o la finalidad del gasto. Los cheques fueron cobrados al día siguiente, el 24 de noviembre, sin contar con fundamentación legal ni documentación soporte.
El dinero fue devuelto entre el 14 y 16 de febrero de 2023, entre 83 y 85 días después de su emisión, sin los intereses generados durante ese periodo. El caso fue ventilado apenas el pasado 18 de marzo por la actual Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, quien determinó que los recursos no fueron utilizados para los fines establecidos en los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales de la Cuenta Pública 2022.
Y es que, aunque Sandro ha querido desviar las responsabilidades hacia otros subordinados fuera de sus allegados, quienes conocen del asunto saben bien que los principales orquestadores están perfectamente identificados y ahora se esconden fuera de la entidad, dentro de otros sistemas educativos nacionales vinculados a personajes con los que hubo jugosos convenios, apoyos extraoficiales y “gestiones” económicas.
Por ejemplo, Arely Diaz Velázquez fue enviada al Estado de México como parte del equipo cercano de Margarita del Rocía Serrano Barrios, actual directora del Conalep en esa entidad, y quien durante la gestión de Sandro Hernández Piñón se desempeñó como Coordinadora Nacional de los Cecytes. Con ella, Sandro estableció una serie de flujos presupuestales, entre los que destacan los 14 millones 673 mil pesos otorgados en 2021 para un supuesto festival de arte y cultura.
Por su parte, pese a sus antecedentes públicos, Hernández Piñón fue sacado de Chiapas y nombrado Jefe Administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional de Yucatán, bajo la presunta protección de la ex secretaria de Educación y actual gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, a quien, según testimonios periodísticos, se desviaron algunos recursos del Cecytech como “apoyos” emanados desde Chiapas para financiar su campaña a la gubernatura en 2023.
Por eso no sorprende que ambos personajes se encuentren, de alguna manera, vinculados a la protección de la misma persona. Mientras tanto, la justicia en Chiapas todavía los reclama, esperando que los acuerdos transexenales no les garanticen impunidad por mucho tiempo, y regresen a rendir cuentas por uno de los desfalcos más escandalosos y cínicos cometidos contra el sector educativo en la entidad… así las cosas.
Contacto: hectorestradaenlamira@gmail.com