BALANZA LEGAL/RODOLFO L. CHANONA
El feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar acontecido recientemente en la Ciudad de México, no solo exhibe la brutalidad de la violencia contra las mujeres en México; sino también, desnuda con una claridad incómoda, las fallas estructurales del sistema de procuración de justicia. No se trata de un hecho aislado ni de un error excepcional, es la manifestación cotidiana de un modelo institucional que reacciona tarde, investiga mal y, en ocasiones, corrompe el dolor de las víctimas.
El dato más perturbador no es únicamente el crimen, sino el retraso reconocido por la autoridad para actuar, pese a contar con información precisa desde las primeras horas. En términos jurídicos, esto implica la violación del deber de la debida diligencia reforzada que, el Estado mexicano está obligado a cumplir, conforme a estándares internacionales fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en precedentes como el Caso Campo Algodonero. Pero más allá del lenguaje técnico, lo que se evidencia es una constante, en donde la vida de las mujeres sigue dependiendo del azar institucional.
La separación de funcionarios por presunta extorsión a la familia introduce un elemento aún más grave, que es la degradación ética de quienes deberían garantizar justicia. Cuando el acceso a la investigación se condiciona a pagos ilegales, el Estado deja de ser garante y se convierte en depredador.
Este fenómeno, aunque pocas veces documentado públicamente, forma parte de una práctica extendida en diversas fiscalías estatales, en donde opera la gestión discrecional del tiempo, de la atención y de la acción penal.
Frente a este escenario, la respuesta no puede limitarse a sanciones individuales. El problema es sistémico y, por tanto, requiere soluciones estructurales. La primera política indispensable es la automatización obligatoria de protocolos de búsqueda inmediata, sin margen de discrecionalidad para ministerios públicos. La activación de mecanismos de localización debe ser instantánea y auditable, con trazabilidad digital de cada decisión.
En segundo lugar, se requiere la creación de un sistema nacional de control externo de fiscalías, autónomo y con capacidad sancionadora real. Las procuradurías no pueden seguir investigándose a sí mismas. La supervisión debe incluir indicadores de tiempo de respuesta, calidad de investigación y trato a víctimas, con consecuencias administrativas y penales claras.
Un tercer eje es la profesionalización radical del personal ministerial, no solo en técnicas de investigación, sino en ética pública. Esto implica evaluaciones periódicas obligatorias, certificaciones y la depuración efectiva de elementos que reproduzcan prácticas de corrupción o negligencia.
Finalmente, es indispensable fortalecer los mecanismos de participación de las víctimas en la investigación, reconociendo su papel activo. En este caso, como en muchos otros, fue la familia quien impulsó las diligencias clave. El sistema debe institucionalizar esta participación, no depender de ella.
El caso de Edith Guadalupe no es excepcional; es representativo. Y esa es precisamente la urgencia. Si el Estado no transforma de raíz sus instituciones de procuración de justicia, seguirá llegando tarde, cuando ya no hay nada que investigar, salvo la evidencia de su propia omisión.