Regidores de Tuxtla Gutiérrez denunciaron presuntos malos manejos de recursos y decisiones administrativas que generan incertidumbre en servicios públicos clave
Eugenio Hernández Sasso/Ultimátum
TGZ. Los regidores del Ayuntamiento capitalino, Francisco Rojas Toledo y Areli Latournerie Castellanos, acusaron a la administración municipal encabezada por Ángel Torres Culebro, de mantener una “actitud de soberbia severa” y de incurrir en prácticas que evidencian posibles actos de corrupción y falta de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.
Durante La Entrevista con Amet Samayoa Arce, director general del diario Ultimátum, los representantes de la oposición dijeron que una de las principales denuncias gira en torno a la contratación de la empresa denominada La Oriental, dedicada al lavado de contenedores de basura.
Según rememoraron, la empresa fue constituida el 1 de enero de 2025 y apenas cinco días después, el 6 de enero, recibió su primer contrato de 3 millones de pesos por parte del Ayuntamiento, lo que levantó sospechas sobre la legalidad y legitimidad del proceso.
La situación, señalaron, se agrava debido a que este negocio ya enfrenta denuncias ante instancias como la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Fiscalía General del Estado y el Congreso local y, a pesar de ello, la administración municipal decidió otorgarle nuevamente un contrato hasta por 10 millones de pesos, lo que calificaron como un acto de “cinismo grave” y una muestra de impunidad.
“Es como si dijeran que no pasa nada, que pueden hacer lo que quieran”, expresaron, al cuestionar los posibles vínculos o compromisos que podrían existir entre la autoridad municipal y la empresa señalada.
En ese sentido, subrayaron que el nuevo contrato se suma a otro otorgado el año anterior por 10 millones de pesos.
Los regidores advirtieron que estas prácticas han comenzado a generar inconformidad al interior del Cabildo, donde algunos integrantes han manifestado su rechazo a convertirse en corresponsables de decisiones que consideran irregulares.
Otro de los puntos críticos abordados fue la aprobación reciente de un gasto de 10 millones de pesos destinado al DIF municipal.
Aunque coincidieron en la necesidad de apoyar a los sectores más vulnerables, cuestionaron la falta de claridad sobre el destino específico de esos recursos.
A decir de los denunciantes, existe el riesgo de que estos fondos sean utilizados con fines distintos a los anunciados, particularmente en un contexto donde el alcalde ha manifestado su interés en buscar la reelección. “No estamos en contra del apoyo social, pero sí de la opacidad”, enfatizaron.
INCERTIDUMBRE EN RECOLECCIÓN
En materia de servicios públicos, los regidores alertaron sobre un escenario incierto en torno a la recolección de basura en la ciudad.
Explicaron que el proceso de licitación para seleccionar a una nueva empresa encargada del servicio no será llevado directamente por los regidores, sino por un despacho externo contratado para tal fin.
Indicaron que esta firma cobrará alrededor de 12 millones de pesos por realizar el proceso, lo que también fue cuestionado, ya que, por el monto, debió someterse a un concurso público. “No sabemos si fue por ineptitud o por intereses ocultos”, señalaron.
Mientras tanto, añadieron, existe preocupación por el periodo de transición entre la salida de la actual empresa concesionaria, que ahora opera bajo el nombre de V Ambiental, y la entrada de la nueva compañía, ya que no hay claridad sobre quién se encargará de la recolección de residuos en ese lapso.
Los regidores advirtieron que podría repetirse una situación similar a la vivida con Veolia, empresa que durante años prestó el servicio bajo un contrato de largo plazo, con costos elevados y resultados deficientes, lo que derivó en constantes quejas ciudadanas.
Señalaron que la empresa encargada de realizar los estudios para la nueva licitación concluiría su trabajo hasta el final de la actual administración, lo que deja abierta la interrogante sobre la operación del servicio en los próximos años.
AMBULANTAJE EN AUMENTO
En otro tema, denunciaron el crecimiento del comercio informal en diversas zonas de la ciudad, incluyendo áreas donde anteriormente no se registraba esta actividad.
Si bien reconocieron no contar aún con pruebas documentales, indicaron que existen versiones sobre el cobro de cuotas a vendedores ambulantes mediante recibos apócrifos.
Explicaron que estas prácticas podrían representar una fuente significativa de ingresos irregulares, aunque subrayaron la necesidad de reunir evidencia antes de formalizar una denuncia.
En este contexto, hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita esclarecer estos hechos.
Reconocieron que muchos comerciantes podrían temer a represalias, ya que dependen de esta actividad para el sustento de sus familias, lo que dificulta la denuncia abierta.
Los regidores insistieron en que continuarán señalando las irregularidades que detecten dentro del Ayuntamiento, al tiempo que aseguraron que también reconocerán las acciones positivas que beneficien a la población.
Reiteraron que su postura responde a un compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el bienestar de los habitantes de Tuxtla Gutiérrez, en un contexto donde, afirmaron, es fundamental vigilar el correcto uso de los recursos públicos.
