El presidente de la CEDH en Chiapas advierte que la violencia en Venustiano Carranza y Nicolás Ruiz está vinculada al crimen organizado y a decisiones heredadas de administraciones anteriores, mientras persisten violaciones a derechos humanos y limitaciones estructurales.
Eugenio Hernández Sasso/Ultimátum
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas, Horacio Culebro Borrayas, afirmó que los recientes enfrentamientos registrados en los municipios de Venustiano Carranza y Nicolás Ruiz están directamente relacionados con la presencia y disputa del crimen organizado, un fenómeno que, aseguró, no ha podido erradicarse pese a los esfuerzos del actual gobierno estatal.
En La Entrevista con Amet Samayoa Arce, director general del diario Ultimátum, Culebro Borrayas reconoció la labor del gobernador Eduardo Ramírez en su intento por restablecer la paz en la entidad, sin embargo, subrayó que las condiciones heredadas complican el proceso.
Señaló que la administración anterior de Rutilio Escandón Cadenas dejó un escenario profundamente deteriorado, marcado por presuntos vínculos con grupos delictivos y decisiones que fragmentaron el control territorial entre distintos cárteles, lo que derivó en un incremento de la violencia.
De acuerdo con el ombudsman chiapaneco, anteriormente la entidad se encontraba bajo el dominio de un solo grupo criminal, pero durante el sexenio pasado se habría permitido la entrada de al menos tres organizaciones distintas, lo que intensificó los conflictos armados y el derramamiento de sangre en diversas regiones.
Precisó que Eduardo Ramírez recibió la administración de un gobierno inepto, que en seis años no hizo nada, que acordó con La Barredora, con Adán Augusto (López Hernández), de un gobierno dedicado al crimen organizado y por eso es muy difícil romper con todas las barreras que eso significa.
En este contexto, hizo un llamado a los colaboradores del actual gobierno estatal para que refuercen su compromiso con la ciudadanía, al advertir que algunos funcionarios no están respondiendo a las exigencias del momento.
Aunque evitó mencionar nombres, insistió en que el desempeño del equipo gubernamental es clave para consolidar los avances logrados en el último año.
En materia de derechos humanos, Culebro Borrayas reconoció que, si bien se han registrado mejoras en seguridad, persisten múltiples denuncias por violaciones a garantías fundamentales.
Comentó que, en ocasiones, las acciones para contener la delincuencia pueden derivar en afectaciones a los derechos humanos, lo que representa un reto constante para las autoridades.
Durante 2025, dijo, la CEDH recibió 1008 quejas, mientras que en lo que va de 2026 se han contabilizado entre 300 y 400 denuncias. Además, el organismo realizó más de siete mil actuaciones jurídicas el año pasado, incluyendo asesorías, llamadas y oficios.
El ombudsman chiapaneco explicó que la emisión de recomendaciones puede tardar hasta un año debido a la complejidad de las investigaciones, aunque algunos casos se resuelven con mayor rapidez en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE).
PRÁCTICAS DE OMISIÓN EN MUNICIPIOS
Las áreas donde más se reportan violaciones a derechos humanos son salud, seguridad pública, educación y la propia Fiscalía, donde —según denunció— prevalecen prácticas de omisión.
Señaló, incluso, que en algunos municipios agentes ministeriales condicionan la atención a pagos indebidos, lo que obstaculiza el acceso a la justicia.
En otro orden de ideas, mencionó el caso del rancho Maximiliano, donde algunas personas fueron detenidas de manera irregular.
Dijo que la intervención de la CEDH derivó en su liberación tras comprobarse inconsistencias en la integración de la carpeta de investigación.
También mencionó el caso de Villa Comaltitlán, donde la destitución de un fiscal de distrito evidenció irregularidades en el manejo de un atropellamiento fatal que generó indignación social por el encubrimiento que protagonizó el presidente municipal Gerardo Pérez Gómez.
DIVERSIDAD SEXUAL RESPALDADA
En cuanto a avances institucionales, informó que se han emitido tres recomendaciones formales y se preparan cinco más, relacionadas con derechos de la diversidad sexual.
Estas últimas responden a negativas del Registro Civil para permitir cambios de identidad o el reconocimiento de derechos familiares, pese a que la legislación los respalda.
Culebro Borrayas criticó la falta de acción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al tiempo que defendió el trabajo local de la CEDH, destacando que actualmente cuenta con mayor autonomía para actuar.
Reconoció que el organismo enfrenta limitaciones presupuestales importantes, agravadas por la eliminación de visitadurías en regiones como Villaflores, Copainalá y Motozintla en el gobierno de Rutilio Escandón, lo que dificulta el acceso de la población a los servicios de defensa.
En el ámbito internacional, adelantó la próxima visita de la embajadora de Francia, Delphine Borione, junto con la organización Médicos del Mundo, para atender casos de mujeres indígenas víctimas de violencia sexual.
Este apoyo incluirá financiamiento para asesoría legal en caso de que las afectadas decidan emprender acciones judiciales.
MIGRANTES INFECTADOS CON VIH
Abordó la situación de la población migrante en la región de Tapachula, donde estudios recientes indican que el 90 por ciento de extranjeros que acceden a realizarse pruebas de laboratorio resultan positivos a VIH, lo cual significa un riesgo para la población chiapaneca y mexicana.
Ante la falta de recursos para brindar tratamiento adecuado con retrovirales, Culebro Borrayas informó que ha solicitado apoyo a gobiernos europeos y organizaciones internacionales para garantizar atención médica, advirtiendo que se trata de un tema de salud pública que requiere respuesta urgente.
