#ALAHORADELPOZOL/DANIEL SOLÓRZANO SOL
Hablar de seguridad pública en Chiapas durante muchos años fue hablar de incertidumbre, de regiones tomadas por la zozobra, de carreteras inseguras, de conflictos sociales sin contención y de una percepción ciudadana marcada por la desconfianza institucional. Hoy, el escenario comienza a mostrar señales distintas, y eso no ocurre por casualidad: ocurre cuando existe decisión política, estrategia y perfiles correctos en las áreas clave.
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar entendió desde el inicio que la gobernabilidad no puede sostenerse sin seguridad, y que la seguridad no puede construirse con discursos, sino con instituciones fuertes, coordinación efectiva y mando firme.
Su principal acierto ha sido asumir personalmente la seguridad como una prioridad de Estado y no como un tema administrativo más. Esa diferencia parece simple, pero en la práctica cambia todo: cuando el titular del Ejecutivo toma el control político del tema, las corporaciones responden, la estrategia se unifica y los resultados comienzan a percibirse.
Pero toda política pública necesita operadores capaces. Y ahí aparece una segunda gran decisión: colocar al frente de la Secretaría de Seguridad del Pueblo a Óscar Alberto Aparicio Avendaño, un perfil con experiencia operativa, disciplina institucional y conocimiento real del terreno.
Aparicio no llega a improvisar. Su trayectoria le permite entender que la seguridad no se resuelve únicamente con presencia policiaca, sino con inteligencia, prevención, capacidad de reacción y reconstrucción de la confianza ciudadana. La percepción social importa, pero más importa que esa percepción se sostenga en resultados concretos.
Del otro lado del sistema de justicia, otro nombramiento estratégico: Jorge Luis Llaven Abarca al frente de la Fiscalía General del Estado.
Porque la seguridad no termina en la detención; comienza realmente cuando existe procuración de justicia eficaz. De poco sirve una policía que detiene si una fiscalía no investiga, no integra y no judicializa correctamente. Llaven representa justamente esa parte del engranaje que durante años fue una de las mayores debilidades institucionales.
La coordinación entre Seguridad Pública y Fiscalía no debe ser un discurso de protocolo; debe ser una maquinaria permanente. Y hoy, esa articulación parece tener dirección.
Hay quienes insisten en politizar absolutamente todo, incluso la seguridad. Grave error. La paz social no debe ser rehén de filias partidistas. Cuando una estrategia funciona, debe reconocerse, venga de donde venga.
Hoy Chiapas necesita estabilidad para crecer, inversión para desarrollarse y paz para reconstruir la confianza social. Ningún proyecto económico ni social puede prosperar en medio del miedo.
Por eso, más allá de simpatías políticas, resulta justo reconocer que Eduardo Ramírez Aguilar ha entendido el tamaño del reto y ha tomado decisiones correctas: liderazgo desde el Ejecutivo, operación en seguridad con Óscar Alberto Aparicio Avendaño y fortalecimiento de la justicia con Jorge Luis Llaven Abarca.
En política, los resultados siempre terminan imponiéndose sobre la narrativa.
Y en seguridad, no hay mejor argumento que la tranquilidad de la gente.